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Amnistía Internacional ve "debilidades" en la ley de memoria democrática de España

CC BY 2.0 / backpacker01 / Amnistía Internacional (imagen referencial)
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MADRID (Sputnik) — El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática aprobado en septiembre por el Gobierno de España tiene "debilidades" que "ponen en riesgo su eficacia", según alerta un informe de Amnistía Internacional.
"El anteproyecto sigue teniendo un amplio margen de mejora y debería adaptarse de forma más sólida a los estándares internacionales de derechos humanos", señala el informe.
Si este proyecto recibe el visto bueno del Congreso de los Diputados, el Estado español asumirá la responsabilidad de las exhumaciones de personas desaparecidas en la Guerra Civil y la dictadura del general Francisco Franco.
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También se pondrá en marcha una Fiscalía especializada a la que se atribuirán funciones de impulso de los procesos de búsqueda y se anularán las sentencias dictadas en procesos faltos de garantías durante el régimen franquista.
A ojos de Amnistía Internacional el proyecto legislativo tiene carencias como la ausencia de "promoción de la verdad colectiva", la falta de "reconocimiento de la indemnización como forma de reparación" o que sigan sin anularse "los obstáculos para la investigación judicial de los crímenes del franquismo".
Sobre este último punto Amnistía Internacional destaca que la Ley de Amnistía de 1977 y las distintas decisiones que componen la jurisprudencia española no garantizan el acceso de las víctimas a la justicia, lo que crea "serias dudas sobre el alcance de la nueva Fiscalía".
"Sería deseable que, siguiendo las reiteradas recomendaciones de Naciones Unidas, la nueva ley establezca expresamente que ninguna amnistía pueda constituir un obstáculo para investigar graves violaciones de derechos humanos", señaló Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional España, cuyas reflexiones refleja el informe.
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Del mismo modo, Canales apunta que los trabajos de memoria "deben contar con los suficientes recursos para su puesta en marcha", algo que en su opinión no está garantizado.
"El anteproyecto debe ser una oportunidad para avanzar en verdad, justicia y reparación, pero no puede quedarse a medias ni establecer medidas alejadas del derecho internacional", concluye el investigador de Amnistía Internacional.
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