El Salvador despide un año inquietantemente entretenido
18:37 GMT 28.12.2020 (actualizado: 17:03 GMT 03.06.2021)
© AFP 2023 / Oscar Rivera
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SAN SALVADOR (Sputnik) — El Salvador despide un año que fue de todo menos aburrido, y recibe el 2021 con unas elecciones en las que el país se juega los contrapesos de una democracia sana.
Los enfrentamientos entre los poderes del Estado fueron una constante durante 2020 en esta nación centroamericana, que sigue tan polarizada como antes.
Cada semana se sucedieron las descalificaciones, insultos y un inusitado nivel de 'troleo' en las redes sociales, la nueva arena de confrontación política.
18 de diciembre 2020, 14:17 GMT
Antes de que la pandemia de COVID-19 pusiera al país patas arriba y atizara la batalla de percepciones, El Salvador estuvo incluso al borde de un golpe de Estado y una insurrección alentada por el Ejecutivo.
Ocurrió el 9 de febrero, cuando el presidente Nayib Bukele amenazó con disolver la legislatura si los diputados no aprobaban la negociación de un préstamo para seguridad.
Durante ese fin de semana, los alrededores del Palacio Legislativo fueron patrullados por militares, y el día de marras Bukele entró al Salón Azul y se sentó en el sillón del presidente de la Asamblea.
Al final, dijo que "Dios le pidió paciencia" para sacar a los parlamentarios por las urnas, y todo quedó como una puesta en escena demasiado peligrosa para una nación marcada por 12 años de guerra civil.
Mano más dura
"Si Bukele continúa por el mismo camino, se graduará muy pronto de caudillo. Tenemos la obligación de hacer todo lo posible por evitar que El Salvador se convierta en otra dictadura latinoamericana", alertó entonces José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch.
Vivanco criticó la militarización del Parlamento, pero también la instrumentalización de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil para enfrentar a las 'maras' (pandillas), a despecho de estándares internacionales de derechos humanos.
Al respecto, el Gobierno atribuyó la reducción de los homicidios al éxito del plan Control Territorial, pero la oposición y la sociedad civil estiman que la baja responde tanto a la cuarentena para enfrentar la pandemia de COVID-19, como a supuestos pactos gubernamentales con las estructuras criminales.
La Administración Bukele niega tales acusaciones, y recuerda que fueron la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) los que pactaron con las "maras" a cambio de votos en años anteriores.
Pocos matices
Bukele fue cuestionado por su poca tolerancia a la crítica, y por estigmatizar, a puro tuit, todo intento de contrapeso o señalamiento a sus directrices.
3 de noviembre 2020, 01:12 GMT
Así, afirmó que desobedecería las sentencias de la Corte Suprema de Justicia que contravinieran sus intereses, e incluso dijo en cadena nacional que si fuera un dictador, como le llaman, no dudaría en fusilar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional.
También mantuvo múltiples careos con el Fiscal General de la República, Raúl Melara, y con el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, a quienes acusó de responder a los intereses de Arena y el Frente.
También mantuvo múltiples careos con el Fiscal General de la República, Raúl Melara, y con el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, a quienes acusó de responder a los intereses de Arena y el Frente.
Los encontronazos subieron de tono con la irrupción del coronavirus SARS-CoV-2, pues si bien el Ejecutivo actuó con celeridad, también tuvo cierto grado de improvisación y una narrativa más centrada en asustar que en prevenir.
A su vez, el Gobierno restringió temporalmente varias garantías constitucionales, como el derecho a la libre movilidad, y dio luz verde a militares y policías para detener y remitir a centros de contención a quienes salieran de sus casas.
Persiste la impunidad
Poco se avanzó durante 2020 en materia de verdad, justicia y reparación para las víctimas de la guerra civil, pues no se aprobó la Ley de Reconciliación Nacional y el Gobierno bloqueó el acceso a los archivos militares de la masacre de El Mozote.
Benjamín Cuéllar, uno de los abogados que impulsó la demanda para declarar inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, aseguró a Sputnik que el actual Ejecutivo es coherente con los gobiernos previos en algo: los militares son intocables.
"Con este Gobierno se hizo evidente, sin ropajes ni disfraces, que el Ejército mantiene su poder, y obligarles a abrir sus archivos sería menoscabarlo", recalcó Cuéllar, quien señaló que Bukele se apoya en la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil "para hacer todo lo que hace".
Un país en campaña
Por lo pronto, Bukele podría tener que renovar su Gabinete en 2021, pues buena parte de sus ministros y otros altos funcionarios aspiran a ganar una alcaldía o diputación en las elecciones de febrero próximo, con la bandera del partido Nuevas Ideas.
Un eventual triunfo de actores afines al Ejecutivo cambiaría la actual correlación entre los poderes del Estado, pues las principales fuerzas de oposición podrían perder el control del voto en la Asamblea y de la mayoría de las alcaldías.
