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La ONU insta a Israel a proporcionar vacuna anti-COVID a palestinos en Cisjordania y Gaza

© Sputnik / Maxim Bogodvid / Acceder al contenido multimediaUna vacuna contra coronavirus
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GINEBRA (Sputnik) — Los expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en derechos humanos pidieron a Israel que garantice el acceso igualitario a la vacuna contra coronavirus para los palestinos que viven en Cisjordania y la Franja de Gaza.
"Los expertos en derechos humanos de la ONU llaman a Israel, la potencia ocupante, a garantizar acceso rápido y equitativo a las vacunas contra el COVID-19 para el pueblo palestino bajo ocupación", dice el comunicado publicado en la página web de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh).
La nota indica que Israel ya proporcionó la vacuna a los palestinos con el estatus de residentes en Jerusalén Este, aunque no garantiza que los palestinos que viven en las zonas de Cisjordania y la Franja de Gaza ocupadas por los israelíes reciban la vacuna en un futuro cercano.
Según el comunicado, los expertos de la ONU están preocupados por "el deterioro de la situación de salud en Gaza, que sufre un bloqueo de 13 años, una grave escasez de agua y electricidad y una pobreza y desempleo endémicos".
El comunicado indica también que el suministro de vacunas ordenadas por la Autoridad Palestina de Cisjordania y la Franja de Gaza, podría ser limitado durante varias semanas a causa del conflicto entre los dos países.
"Esto significa que más de 4,5 millones de palestinos permanecerán desprotegidos y expuestos al COVID-19, mientras que los ciudadanos israelíes que vivan cerca y entre ellos, la población de colonos israelíes, serán vacunados", añade el texto.
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Los expertos también pidieron a la Autoridad Palestina y a la Administración de facto en Gaza que cooperaran con Israel en la implementación de un programa integral de vacunación para los palestinos en el territorio ocupado.
"Solo gracias a los esfuerzos continuos de todas las autoridades (...) la perspectiva de poner fin a la pandemia será posible", concluye el comunicado.
En 1967, durante la llamada Guerra de los Seis Días, Israel ocupó los territorios de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, que según la ley internacional pertenecen a los palestinos.
Los palestinos insisten en que las futuras fronteras entre los dos Estados soberanos se tracen acorde a las líneas previas a la guerra de 1967 y admiten un intercambio de territorios, con la esperanza de crear su Estado en Cisjordania y la Franja de Gaza con la capital en Jerusalén Este.
Israel se niega a restablecer las fronteras de 1967 y más aún a compartir con los palestinos Jerusalén, a la que proclamó como su capital "eterna e indivisible".
Otro obstáculo para la paz es la expansión de los asentamientos judíos en el territorio palestino ocupado de Cisjordania.

Vacunación de los presos

A su vez, el presidente de Israel, Reuven Rivlin, se pronunció contra la orden del ministro de Seguridad Pública, Amir Ohana, de no vacunar a los prisioneros, alegando que es incompatible con los valores del Estado de Israel y del judaísmo.
"Impedir que las personas en prisión reciban tratamiento médico que les salve la vida, ya sea debido a una sentencia impuesta por el tribunal o debido a la detención antes de la sentencia, es incompatible con nuestros valores, los valores del Estado, el judaísmo y la democracia", declaró Rivlin en comunicado.
Rivlin también solicitó que el ministro de Salud, Yuli Edelstein, garantice que "el asunto se resuelva lo antes posible", declarando su importancia "para mantener la salud de los presos y del personal del servicio penitenciario".
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El mes pasado, Ohana ordenó a los funcionarios de la prisión que se abstuvieran de vacunar a los presos contra el covid-19 hasta nuevo aviso.
Por su parte, cinco grupos de derechos humanos solicitaron el domingo al Tribunal Superior de Justicia que revoque la decisión.
La petición iba acompañada de una opinión médica de la Asociación de Médicos de Salud Pública de la Asociación Médica de Israel que decía: "Los presos deben ser tratados como una población cautiva. En el contexto del COVID-19, esta se considera una población en riesgo, tanto por problemas de salud preexistentes como por las condiciones de hacinamiento que aumentan el riesgo de infección y mortalidad ".
Según la asociación médica, "el Estado de Israel tiene la obligación ética de ofrecer las vacunas a la población reclusa".
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