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El presidente de Costa Rica desmiente acusaciones de espionaje

© AP Photo / Luis Alonso LugoCarlos Alvarado, presidente de Costa Rica
Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica - Sputnik Mundo, 1920, 10.02.2021
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SAN SALVADOR (Sputnik) — El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, desmintió ante el Congreso de la República las acusaciones de espionaje relacionadas con la extinta Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
"Desmiento las afirmaciones absurdas que se han hecho señalando el uso de datos para comercializarlos, venderlos a terceros o para fines electorales; estos fueron para política pública", aseguró Alvarado ante el plenario legislativo, al que accedió pese a considerar la sesión una suerte de interpelación velada.
La semana pasada fue aprobada, entre fuertes discrepancias, una moción para utilizar el Congreso como espacio para que Alvarado diera explicaciones sobre la UPAD, criticada por el miedo a que su gestión limitara las libertades públicas y los derechos humanos.
"Se ha sugerido que se creó una unidad para espiar. Esto es absolutamente falso y tras meses de investigación no se ha encontrado evidencia de ello", afirmó el jefe de Estado ante los diputados y la nación.
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El mandatario señaló que el referido equipo de análisis de datos nunca trabajó de manera oculta, y negó las acusaciones de espionaje y las versiones sobre el presunto uso de información sensible con fines electorales o para beneficiar a un tercero.
"Costa Rica, donde nos urge un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y donde combatimos una pandemia, no está para este tipo de teorías conspirativas", señaló.
Alvarado afirmó que la privacidad de ningún costarricense se vio comprometida, ni fueron usados fondos públicos con fines electorales.
"Mi objetivo es que las decisiones fueran las mejores, y que no se tomaran a partir de antojos, politiquería o caprichos. Que las decisiones tuvieran un respaldo técnico, pero también ético", argumentó el presidente.
El mandatario es investigado desde febrero de 2020 por los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato en relación con su firma del decreto que pretendía establecer la UPAD, la cual tendría acceso a "datos confidenciales" de entidad públicas.
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