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Un diputado nicaragüense acusa a oposición de usar sistema financiero como arma de chantaje
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"Aquí se ha pretendido utilizar al sistema financiero como un arma de chantaje y manipulación política, y eso los nicaragüenses no lo podemos permitir", dijo
2021-02-11T16:41+0000
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Las declaraciones del legislador de la bancada del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional se enmarcan en el contexto de una campaña mediática contra la "Ley de Reformas y Adición a la Ley 842, Ley de Protección a los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias", aprobada por el Legislativo el 3 de febrero.El Estado debe ser reconocido como el principal y más importante consumidor de Nicaragua, porque representa los intereses potenciales de más de 6,3 millones de ciudadanos, dijo el parlamentario al analizar los pilares en los que se fundamenta el nuevo cuerpo legal de carácter protector.Gutiérrez añadió que en otros países como Panamá, Costa Rica, Perú, Ecuador, Bolivia y Chile, se han tomado medidas de este tipo "porque si no se protege al Estado como consumidor se queda desprotegida la ciudadanía (…), está completamente en línea con las directrices que sobre el tema del consumidor y el usuario ha emitido Naciones Unidas"."Quieren vender la idea de que solo la banca puede traer remesas a este país, y eso es completamente falso, lo han dicho economistas nacionales de renombre, pero pretenden insuflar miedo, inestabilidad y zozobra en la población", alertó el diputado sobre otro de los puntos de la campaña de los medios opositores contra la reforma legislativa.El ataque también divulga la tesis de que los bancos nicaragüenses que acaten lo dispuesto por la reciente ley podrían perder su condición de corresponsales de casas financieras internacionales.En ese sentido, dijo que el contrato no puede generar disposiciones que contradigan la legislación nacional.
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Un diputado nicaragüense acusa a oposición de usar sistema financiero como arma de chantaje
16:41 GMT 11.02.2021 (actualizado: 16:53 GMT 11.02.2021) MANAGUA (Sputnik) — Sectores de la oposición y representantes del gran capital en Nicaragua pretenden usar el sistema financiero como arma de chantaje político, denunció el diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional (Parlamento).
"Aquí se ha pretendido utilizar al sistema financiero como un arma de chantaje y manipulación política, y eso los nicaragüenses no lo podemos permitir", dijo Gutiérrez a un matutino del canal Cuatro de la televisión abierta.
Las declaraciones del legislador de la bancada del gobernante
Frente Sandinista de Liberación Nacional se enmarcan en el contexto de una campaña mediática contra la "Ley de Reformas y Adición a la Ley 842, Ley de Protección a los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias", aprobada por el Legislativo el 3 de febrero.
El Estado debe ser reconocido como el principal y más importante consumidor de Nicaragua, porque representa los intereses potenciales de más de 6,3 millones de ciudadanos, dijo el parlamentario al analizar los pilares en los que se fundamenta el nuevo cuerpo legal de carácter protector.
Gutiérrez añadió que en otros países como Panamá, Costa Rica, Perú, Ecuador, Bolivia y Chile, se han tomado medidas de este tipo "porque si no se protege al Estado como consumidor se queda desprotegida la ciudadanía (…), está completamente en línea con las directrices que sobre el tema del consumidor y el usuario ha emitido Naciones Unidas".
18 de enero 2021, 17:50 GMT
"Quieren vender la idea de que solo la banca puede traer remesas a este país, y eso es completamente falso, lo han dicho economistas nacionales de renombre, pero pretenden insuflar miedo, inestabilidad y zozobra en la población", alertó el diputado sobre otro de los puntos de la campaña de los medios opositores contra la reforma legislativa.
El ataque también divulga la tesis de que los bancos nicaragüenses que acaten lo dispuesto por la reciente ley podrían perder su condición de corresponsales de casas financieras internacionales.
"A la hora de firmar un contrato de ese tipo ambas partes tienen que pensar que el banquero nacional tiene la responsabilidad de observar la Constitución y las leyes del país donde desarrolla su negocio (…)", argumentó Gutierréz.
En ese sentido, dijo que el contrato no puede generar disposiciones que contradigan la legislación nacional.