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El Supremo español anula el adelanto del toque de queda en Castilla y León
El Supremo español anula el adelanto del toque de queda en Castilla y León
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El Alto tribunal considera que la medida no es legal sin el amparo de la normativa de excepción de un estado de alarma.
2021-02-16T15:17+0000
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El Alto tribunal considera que la medida no es legal sin el amparo de la normativa de excepción de un estado de alarma.El Gobierno recurrió porque consideraba que la regulación de las autoridades castellano-leonesas vulnera el decreto de estado de alarma, que establece un intervalo para el inicio del toque de queda entre las diez y las doce de la noche.Desde la Junta de Castilla y León se defendió la efectividad de la medida para reducir la transmisión del COVID-19 y se anunció una reunión para las próximas horas para analizar la resolución judicial.La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y Léon, Verónica Casado, dijo en la mañana de este 16 de febrero en su comparecencia semanal para analizar la evolución de la enfermedad en su territorio, que "no se puede hacer ninguna relajación de medidas de prevención", ya que calificó la situación en su región como "muy compleja".Poco después, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, pidió al Gobierno español mayores instrumentos legales para regular los contactos sociales en la lucha contra el COVID-19."Es necesaria una nueva normativa sanitaria ordinaria que permita tomar decisiones sin recurrir al Estado de Alarma", dijo.El Alto tribunal consideró, tras un recurso del Gobierno central, que esta normativa vulneraba el decreto de estado de alarma del Gobierno central, que permite a los territorios establecer el inicio del toque de queda únicamente en el intervalo que va desde las diez a las doce de la noche.Fernández Mañueco, del Partido Popular, también pidió una Conferencia de Presidentes, una especie de cumbre nacional entre presidentes autonómicos y Gobierno central, para tratar estos temas, ya que como recordó, la última de estas reuniones se celebró el 26 de octubre de 2020.El presidente castellano-leonés dijo asumir la sentencia pero también añadió que "hemos tomado las decisiones convenientes y oportunas para proteger la vida de las personas de nuestra comunidad autónoma con los informes jurídicos y sanitarios convenientes", para defender su decisión.En este sentido, son más las regiones que pidieron también mecanismos legales para poder adelantar el horario de toque de queda al Gobierno central sin éxito.En una de ellas, el País Vasco, su lehendakari (presidente), Íñigo Urkullu, adelantó que su Gobierno prepara una ley vasca antipandemia, para que los tribunales no reviertan en más ocasiones sus decisiones.Dijo Urkullu que el Gobierno vasco "ha agotado todas las herramientas jurídicas disponibles para la toma de decisiones" y justificó la ley con que "para actuar siempre con todas las garantías jurídicas son necesarias nuevas herramientas".La semana pasada, un juez del Tribunal Superior vasco decretó la reapertura de la hostelería en todos los municipios con incidencia de COVID-19 superior a 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, algo que había establecido su Gobierno antes del período navideño.
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El Supremo español anula el adelanto del toque de queda en Castilla y León
15:17 GMT 16.02.2021 (actualizado: 08:09 GMT 29.11.2023) BILBAO (Sputnik) — El Tribunal Supremo español anuló el adelanto del toque de queda a las 8 de la tarde, decretado el pasado 15 de enero por la Junta de Castilla y León, tras un recurso del Gobierno central.
El Alto tribunal considera que la medida no es legal sin el amparo de la normativa de excepción de un estado de alarma.
El Gobierno recurrió porque consideraba que la regulación de las autoridades castellano-leonesas vulnera el decreto de estado de alarma, que establece un intervalo para el inicio del toque de queda entre las diez y las doce de la noche.
Desde la Junta de Castilla y León se defendió la efectividad de la medida para reducir la transmisión del
COVID-19 y se anunció una reunión para las próximas horas para analizar la resolución judicial.
15 de febrero 2021, 17:36 GMT
La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y Léon, Verónica Casado, dijo en la mañana de este 16 de febrero en su comparecencia semanal para analizar la evolución de la enfermedad en su territorio, que "no se puede hacer ninguna relajación de medidas de prevención", ya que calificó la situación en su región como "muy compleja".
Poco después, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, pidió al Gobierno español mayores instrumentos legales para regular los contactos sociales en la lucha contra el COVID-19.
"Es necesaria una nueva normativa sanitaria ordinaria que permita tomar decisiones sin recurrir al Estado de Alarma", dijo.
El Alto tribunal consideró, tras un recurso del Gobierno central, que esta normativa vulneraba el decreto de estado de alarma del Gobierno central, que permite a los territorios establecer el inicio del toque de queda únicamente en el intervalo que va desde las diez a las doce de la noche.
Fernández Mañueco, del Partido Popular, también pidió una Conferencia de Presidentes, una especie de cumbre nacional entre presidentes autonómicos y Gobierno central, para tratar estos temas, ya que como recordó, la última de estas reuniones se celebró el 26 de octubre de 2020.
El presidente castellano-leonés dijo asumir la sentencia pero también añadió que "hemos tomado las decisiones convenientes y oportunas para proteger la vida de las personas de nuestra comunidad autónoma con los informes jurídicos y sanitarios convenientes", para defender su decisión.
En este sentido, son más las regiones que pidieron también mecanismos legales para poder adelantar el horario de toque de queda al Gobierno central sin éxito.
En una de ellas, el País Vasco, su lehendakari (presidente), Íñigo Urkullu, adelantó que su Gobierno prepara una ley vasca antipandemia, para que los tribunales no reviertan en más ocasiones sus decisiones.
Dijo Urkullu que el Gobierno vasco "ha agotado todas las herramientas jurídicas disponibles para la toma de decisiones" y justificó la ley con que "para actuar siempre con todas las garantías jurídicas son necesarias nuevas herramientas".
La semana pasada, un juez del Tribunal Superior vasco decretó la reapertura de la hostelería en todos los municipios con incidencia de COVID-19 superior a 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, algo que había establecido su Gobierno antes del período navideño.
