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10 hitos del primer año de Gobierno de Lacalle Pou en Uruguay

10 hitos del primer año de Gobierno de Lacalle Pou en Uruguay

Sputnik Mundo

Uruguay llevaba 15 años gobernado por el izquierdista Frente Amplio cuando, el 1 de marzo de 2020, el nacionalista Luis Lacalle Pou asumió el poder.

2021-03-01T21:42+0000

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El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou cumplió este 1 de marzo su primer año de Gobierno, en el que el pequeño país del Cono Sur sudamericano cambió el rumbo marcado por 15 años de gobiernos de la coalición de izquierda Frente Amplio. La gestión de Lacalle Pou estuvo respaldada por una alianza de partidos de derecha, liderada por el tradicional Partido Nacional y secundada por el histórico Partido Colorado, el Partido Independiente, el novel Cabildo Abierto y el Partido de la Gente.El primer año de Gobierno del mandatario uruguayo estuvo signado por la respuesta a la pandemia de COVID-19, cuyos primeros casos en Uruguay fueron detectados el 13 de marzo de 2020, apenas doce días después de la asunción de Lacalle Pou. De todas maneras, el período también estuvo marcado por otros hitos que caracterizan sus objetivos, el relacionamiento interno de la coaliciónEl primer año de Gobierno de Lacalle Pou en 10 hitosReducir el déficit del sector público uruguayo es una de las metas centrales de Lacalle Pou y de su ministra de Economía, Azucena Arbeleche, quien tomó las riendas de la economía uruguaya con la convicción de que la mejora de las cuentas públicas debía ser prioridad para el Ejecutivo, que había terminado el Gobierno del Frente Amplio con un déficit fiscal del 4,7% del Producto Interno Bruto (PIB)."Nuestro camino para la mejora fiscal es la generación de ahorro. Es el gobierno el que tiene que hacer el esfuerzo", había dicho Arbeleche en su primer día como ministra. En ese sentido, su cartera promovió la adopción de una regla fiscal que limitó el endeudamiento, así como recortes y reordenamiento de gastos en varios ministerios.La pandemia de COVID-19 minimizó el margen del Gobierno para generar ahorros, aunque la predisposición de Arbeleche para reducir el gasto público ubicó a Uruguay como el país que menos fondos destinó a mitigar los impactos sociales del nuevo coronavirus, con solo un 0,7% del PIB, de acuerdo a un relevamiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).Lacalle Pou todavía no había asumido la Presidencia cuando, en medio de la temporada de verano de 2020, trascendió que había una fuerte intención de su equipo de trabajo de promover la radicación de empresarios argentinos, presumiblemente molestos con la derrota electoral de Mauricio Macri en 2019.En una charla con empresarios en aquel enero de 2020, el entonces presidente electo uruguayo reveló que su intención era lograr la radicación de unos 100.000 empresarios argentinos. Si bien la cifra puesta como objetivo nunca fue oficial, luego de su asunción el Gobierno flexibilizó los requisitos para que extranjeros pudieran obtener la residencia fiscal y, de esa forma tributar en Uruguay.El descontento de sectores acaudalados de Argentina con el Gobierno de Alberto Fernández y las restricciones marcadas por la pandemia hicieron que efectivamente muchos argentinos iniciaran los trámites para radicarse en Uruguay. Sin embargo, datos presentados en febrero de 2021 por Cancillería uruguaya indican que —según divulgó el diputado opositor Nicolás Viera— 10.376 extranjeros solicitaron la residencia permanente en Uruguay durante 2020. De ese total, unos 6.000 fueron argentinos, una cifra mucho menor que la de 100.000 imaginada a inicios de 2020.Lacalle Pou brindó una conferencia de prensa en la noche del 13 de marzo, el mismo día en que se detectaron los primeros cuatro casos de COVID-19 en Uruguay. Ese día el mandatario comunicó la suspensión de clases en todos los centros educativos, el cierre de fronteras e inició una campaña de "exhortación" a la población a reducir la movilidad.Durante los meses siguientes, la pandemia no atacó a Uruguay con la misma crudeza que a otros países de la región —el país se mantuvo, hasta noviembre de 2020, en el nivel verde del índice de Harvard—, por lo que Lacalle Pou pudo defender su convicción de no decretar confinamientos obligatorios. En ese marco, el presidente acuñó la frase "libertad responsable" para definir su visión de la respuesta a la pandemia.La efectividad mostrada por la estrategia uruguaya puso a Lacalle Pou en la lista de los mandatarios que mejor habían respondido al COVID-19 en el planeta. El presidente intentó canalizar su visión positiva en el exterior con una suerte de gira de prensa en medios argentinos, en los que destacó los buenos resultados de Uruguay, en contraposición al aislamiento obligatorio decretado por Buenos Aires.Lacalle Pou también supo acercarse exitosamente a la comunidad científica con la creación de un Grupo Asesor Científico Honorario (Gach), liderado por tres reconocidos académicos del país. Logró así dotar de sustento científicos a las decisiones políticas del Gobierno.Enviar al Parlamento una ley que incluyera todas las primeras medidas del Gobierno era una idea que Lacalle Pou ya había comunicado a la población durante la campaña electoral. La norma, además, tendría el carácter de "urgente consideración", obligando al legislativo uruguayo a darle trámite en menos de tres meses.El contenido del proyecto de ley fue uno de los primeros temas que requirió consensos dentro de la coalición de Gobierno. Aportes del Partido Colorado y Cabildo Abierto, fundamentalmente, modificaron la intención original del Partido Nacional, volviéndolo, en algunos casos, un texto más moderado que lo que se había planteado. Finalmente, ingresó al Parlamento un texto con 501 artículos y con modificaciones sustanciales al proceso penal, el accionar policial, el funcionamiento de empresas públicas y hasta libertades sindicales.Ya en el Parlamento, algunos artículos contaron con aportes del opositor Frente Amplio. La mayoría, sin embargo, fueron criticados por la izquierda, que tras su aprobación respaldó una iniciativa de la central sindical para derogar 135 de los 476 artículos del texto aprobado por los legisladores.Lacalle Pou no tardó en mostrar su intención de acercarse al Gobierno de Estados Unidos, conducido en 2020 por Donald Trump. El 6 de enero de 2020, cuando aún no había asumido, el líder del Partido Nacional recibió una llamada del entonces secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo.A pesar de que EEUU no mostró mayor interés por la idea de Lacalle Pou de firmar un Tratado de Libre Comercio entre los dos países, las primeras acciones en política exterior del presidente uruguayo fueron guiños claros al Gobierno de Trump. Así fue que Uruguay cambió su postura inicial y acabó votando a favor de la reelección de Luis Almagro en la Organización de Estados Americanos (OEA) y respaldó —a contramano de la opinión de referentes de la derecha uruguaya— la elección del estadounidense Mauricio Claver-Carone al frente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).Uruguay también cambió su postura con respecto al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. El país había sido uno de los referentes internacionales de la búsqueda de diálogo entre Maduro y la oposición venezolana pero con la llegada de Lacalle Pou se sumó a las voces que calificaban al Gobierno de Caracas como una "dictadura".Lograr que Uruguay pudiera avanzar en acuerdos comerciales por fuera del Mercosur ya había sido una preocupación para el segundo Gobierno de Tabaré Vázquez (2015-2020), que no pudo concretar un Tratado de Libre Comercio con China propuesto por el país asiático en 2016 debido a que el bloque sudamericano exige que todos los miembros estén de acuerdo.Lacalle Pou retomó entonces la idea de acordar con los mandatarios de Argentina, Brasil y Paraguay la posibilidad de que el Mercosur abra sus puertas para que sus miembros negocien de forma individual aún si los demás miembros no están de acuerdo.Con ese objetivo, y las gestiones de su canciller Francisco Bustillo, Lacalle Pou logró entrevistarse en pocos meses con los presidentes del bloque. El primer encuentro fue con el argentino Alberto Fernández en la estancia presidencial de Anchorena, en el departamento de Colonia (oeste). El encuentro se realizó el 19 de noviembre e incluyó un típico asado uruguayo, hecho por el propio Lacalle Pou.También hubo almuerzos con los otros presidentes del bloque: el 3 de febrero almorzó con el brasileño Jair Bolsonaro en Brasilia y el 17 del mismo mes comió junto al paraguayo Mario Abdo Benítez, en otra residencia presidencial en la ciudad uruguaya de Punta del Este.Desde el inicio de su gestión, el presidente uruguayo presentó un gabinete de ministros en el que buscó representar a todos los miembros de la coalición de Gobierno. Así es que ofreció al economista Ernesto Talvi —que había sido candidato a presidente en 2019 por el Partido Colorado— la titularidad del Ministerio de Relaciones Exteriores.Talvi aceptó el puesto a pesar de que algunos correligionarios le sugerían que mantendría un mejor perfil político desde el Senado. Inició su gestión con cuestionamientos a la "diplomacia de cóctel" y propuso avanzar hacia una "diplomacia 2.0" que implicara un cambio en el perfil del cuerpo diplomático uruguayo.Sin embargo, sus planes fueron absorbidos por la pandemia, que lo obligó a centrar sus esfuerzos en la repatriación de uruguayos en el exterior. A pesar de que mantenía una buena imagen pública, presuntas diferencias con Lacalle Pou por los cargos que correspondían a su sector político pronto lo llevaron a renunciar.Concretó su salida el 26 de julio con una carta en la que también comunicó su alejamiento de la política pública. "No es lo mío", confesó en esa carta. Desde ese día no volvió a tener apariciones públicas. Lacalle Pou supo quitar trascendencia a la salida y, enseguida, convocó a Francisco Bustillo, amigo personal y hasta entonces embajador uruguayo en España, como sustituto.Bajo el liderazgo del excomandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, y varios exmilitares en su orgánica, Cabildo Abierto fue una de las incógnitas del primer año de Gobierno. El partido alcanzó una votación del 11% en los comicios de 2019, su primera experiencia electoral, y se consolidó como uno de los socios principales de la coalición de Gobierno con dos ministros, tres senadores y 11 diputados.A pesar de que el respaldo al Gobierno estaba comprometido, muchos dirigentes de Cabildo Abierto buscaron marcar su propia impronta, con propuestas que diferían de la visión del Partido Nacional, a cargo de los puestos más estratégicos de Lacalle Pou. El punto de quiebre de este proceso fue el 15 de diciembre de 2020, cuando la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la normativa forestal del país.El proyecto —que establece acciones para limitar la forestación— había sido acordado entre las bancadas de diputados de Cabildo Abierto y el opositor Frente Amplio y con la negativa explícita del Partido Nacional y el Gobierno de Lacalle Pou. Si bien resta su aprobación en el Senado y el texto hasta podría ser vetado por el presidente, se trató del primer proyecto aprobado sin la anuencia del Poder Ejecutivo y producto de una iniciativa de Cabildo Abierto por fuera de la coalición.Los meses de noviembre y diciembre marcaron el fin de la tranquilidad sanitaria para los uruguayos. Los casos de COVID-19 comenzaron a dispararse y el país dejó el nivel de riesgo verde para pasar al amarillo, luego el anaranjado y finalmente, en enero, tocar la zona de riesgo rojo, según el criterio elaborado por la Universidad de Harvard.Ese proceso hizo que Lacalle Pou presentara el 10 de diciembre un paquete de medidas para reducir la movilidad de la población, incrementada en los meses anteriores por el final del invierno y los pocos casos de la enfermedad. Entre las acciones estuvo la modificación de un artículo constitucional para limitar el derecho de reunión.De esta forma, la Policía uruguaya fue autorizada para disolver aglomeraciones de personas en todo el país, algo que ya había intentado realizar en casos anteriores, sin sustento legal y desatando incidentes. La prohibición comenzó a regir el 21 de diciembre de 2020 y trajo consigo multiplicidad de operativos policiales en los que efectivos policiales actuaron para dispersar reuniones de personas en la vía pública, Las intervenciones se dieron especialmente ante fiestas clandestinas en zonas de la costa uruguaya.El Gobierno uruguayo anunció el 13 de octubre de 2020 que el Gobierno uruguayo destinaría 2,5 millones de dólares para la adquisición de 1,5 millones de vacunas contra el COVID-19 a través del mecanismo Covax, una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otras organizaciones, para abastecer de dosis a países de menores recursos.El anuncio no generó mayor repercusión en octubre pero, a medida que otros países sudamericanos comenzaron a cerrar acuerdos directos para la compra de grandes cantidades de dosis, las exigencias al Gobierno uruguayo por la falta de contratos con laboratorios comenzó a pesarle a Lacalle Pou.En diciembre, y luego de separar del cargo a un jerarca del Ministerio de Salud que, presuntamente de forma inconsulta, había rechazado un contacto del laboratorio Pfizer, el presidente anunció que habían iniciado las conversaciones con algunos laboratorios. El anuncio oficial llegó el 22 de enero de 2021: Uruguay adquiriría vacunas de Pfizer y del laboratorio chino Sinovac.El primer lote con 192.000 dosis de las vacunas de Sinovac llegaron a Uruguay el 27 de febrero pero no acallaron las voces críticas sobre la demora del Gobierno de Lacalle Pou en concretar las negociaciones. En efecto, Uruguay fue el último país de Sudamérica en iniciar la vacunación contra el COVID-19 y uno de los más rezagados en todas las Américas.

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