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Resistencia ciudadana en Argentina para frenar la megaminería en Chubut

Resistencia ciudadana en Argentina para frenar la megaminería en Chubut

Sputnik Mundo

El pueblo de Chubut, provincia del sur de Argentina, logró una importante nueva victoria contra los intentos de legalizar y avanzar con proyectos de

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El pueblo de Chubut, provincia del sur de Argentina, logró una importante nueva victoria contra los intentos de legalizar y avanzar con proyectos de megaminería a cielo abierto, una causa ciudadana que está metida en el corazón de sus habitantes y de los pueblos originarios mapuche-tehelche, que llevan casi dos décadas resistiendo los intentos de imponerla.El 4 de marzo hubo movilizaciones masivas en todo el territorio que evitaron que se concrete una sesión parlamentaria, convocada a contratiempo por el gobernador, Mariano Arcioni, que tenía el objetivo de reglamentar la zonificación que permitiría proyectos de megaminería en el cauce del río Chubut, impulsada por el lobby de la corporación canadiense Pan American Silver.El oficialismo utiliza como excusa para autorizar la megaminería, a pesar su prohibición, un artículo de la ley de 2003 que menciona la posibilidad de hacer una zonificación para explotar en algunos lugares de la provincia la minería como excepción, pero la vigencia está vencida ya que la ley de 2003 daba 180 días para reglamentar. En segundo lugar, argumentan que la ley prohíbe expresamente el uso de cianuro, mientras que lo que busca el proyecto oficial es aprobar minas de plata, cobre y plomo, que usan otros compuestos igual de contaminantes, como el xantato y la poliacrilamida, rechazados por los vecinos. El Gobierno provincial insiste a pesar de los lapidarios informes realizados por investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), principal ente académico del país, que alertan sobre el negativo impacto socioambiental, y de haber recibido innumerables veces la misma reacción defensiva de la ciudadanía.Lobby y corrupciónEn 2014, las asambleas lanzaron una iniciativa popular, con firmas de miles de habitantes, para diseñar un proyecto de ley superador de la que existe, totalmente prohibitiva, que sellara toda posibilidad de ser tergiversada. Sin embargo, los legisladores cambiaron el texto de la ley durante su tratamiento parlamentario y lo transformaron de manera escandalosa en lo que se conoce en Chubut como la ley trucha, dictada por las transnacionales para abrir la posibilidad de la explotación, por lo que fue ampliamente rechazada por la ciudadanía y finalmente derogada, sin ser reglamentada.En 2019, volvieron a presentar la iniciativa popular, con la idea de llevarla a cabo durante 2020, pero la pandemia complicó las cosas y la juntada de firmas duró dos meses, pero triplicaron la cantidad de personas que la apoyaron y hoy tiene 31.000 avales ciudadanos, que representa el 7% del padrón electoral, cuando la ley exige el 3% como mínimo.El tribunal electoral revisó la consulta y le garantizó estado parlamentario, el 20 de noviembre de 2020, lo que obliga a los legisladores a tratarla, sin posibilidad de archivarla para que pierda vigencia. Pero para sorpresa del pueblo, ese mismo día el gobernador Arcioni, quien cuando era candidato hizo campaña electoral en contra de la actividad, presentó el proyecto de zonificación, que acarreó una buena cantidad de escándalos propios.El Gobierno chubutense intentó sin éxito conseguir cuórum para darle comisión al proyecto a fines del año pasado y durante sesiones extraordinarias en los primeros meses del año. Sin embargo, la primera semana de apertura de sesiones oficiales de 2021, Arcioni convocó a votar luego de haberse asegurado el apoyo clave de nadie menos que Sebastián López, el legislador más cuestionado de la provincia.López, a mediados de diciembre pasado, fue expuesto en una cámara oculta que se le realizó en 2018, antes de asumir su cargo como diputado provincial, en la que pedía 100.000 pesos o dólares —no aclara la moneda— para apoyar la megaminería. El legislador fue expulsado de su bloque partidario, pero no renunció ni se abstuvo de votar a favor como —paradójicamente– miembro de la comisión de Recursos Naturales de Chubut.También a mediados de diciembre pasado, se volvió viral el audio de una diputada provincial que asegura que el lobby pagó 10 millones de pesos —aproximadamente 110.000 dólares, a cambio oficial— en sobornos para aprobar la zonificación. El mensaje era dirigido a un grupo de presión prominero que se instaló afuera de su domicilio para que votara a favor. Pan American Silver busca avanzar con la explotación de Navidad, un proyecto de extracción de plata, plomo y cobre a cielo abierto, sobre una superficie de 10.000 hectáreas, que tendría unos 18 años de vida útil, con una inversión de 1.200 millones de dólares. La compañía adquirió el proyecto en 2010 a otra empresa predecesora, Aquiline Resources, y desde entonces presiona para derogar la ley antiminera que lograron los vecinos de Esquel en 2003, y comprar el apoyo de funcionarios públicos y los sindicatos. La empresa asegura que se extraerían 7,5 millones de onzas de plata anuales y generará 800 puestos de trabajo directos y 2.000 indirectos.Además de los escándalos mencionados, el Gobierno provincial reprimió protestas ciudadanas en noviembre de 2020 y una cuestionada Red de Académicos por la Minería Sustentable falsificó un informe del Conicet, un esfuerzo de fake news extrema, en el que aseguraba que las zonas mineras de gran escala tienen mejor calidad de vida, cuando el autor del trabajo original destacaba lo contrario.Chubut en Crisis La provincia patagónica se encuentra en un momento de crisis, y su dirigencia política, señalada por su responsabilidad. El endeudamiento y años de cuestionable administración pública han puesto a un territorio argentino rico en recursos al borde del abismo.Hundido en deudas impagables con el mercado de capitales internacional e impedido de solventar gastos administrativos y de salarios, el Gobierno local se encuentra acorralado entre las demandas populares y de los acreedores, la tormenta perfecta para el aprovechamiento de los fondos buitre y los grupos de presión económicos.Chubut es una de las provincias argentinas más potentes en recursos: su ciudad más poblada, Comodoro Rivadavia, tiene uno de los puertos exportadores más importantes del país y es la provincia con mayores réditos en explotación hidrocarburífera, aún más que en Neuquén, donde se encuentra Vaca Muerta, el más grande yacimiento de petróleo y gas no convencional del país.La provincia se ve en la obligación de cancelar vencimientos de intereses y amortizaciones que tomó en dólares del mercado internacional en años anteriores. Además, se ve afectada por un corte en el refinanciamiento y en nuevos préstamos en pesos que esperaba del Gobierno nacional. Hoy se trata de la segunda provincia más endeudada de Argentina, con 85% de su deuda tomada en dólares.Chubut está virtualmente quebrada a través de deudas que tampoco se tradujeron en mejoras en las condiciones de vida de la población ni en obras públicas sino que terminaron esfumándose.Hasta el año 2012, la deuda total en pesos de Chubut era del equivalente a 19 millones de dólares. Desde entonces ha venido aumentando a ritmo alarmante con préstamos tomados del mercado internacional. Al fin de 2020, era de 650 millones de dólares.

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