La ley Helms-Burton de EEUU, 25 años apostando a la caída del Gobierno en Cuba
20:35 GMT 12.03.2021 (actualizado: 20:37 GMT 12.03.2021)
© AP Photo / John McConnico
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LA HABANA (Sputnik) — Un cuarto de siglo después, la ley Helms-Burton, aprobada por el Congreso de EEUU el 12 de marzo de 1996, sigue pendiendo amenazante como espada de Damocles sobre Cuba, al mantener intactos e invariables los principales postulados del bloqueo económico, comercial y financiero que Washington impone a la isla desde hace 59 años.
Considerada por las autoridades cubanas como ilegal y violatoria del derecho internacional, y de la carta de la ONU, la Helms-Burton, llamada Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática —CLDSA por sus siglas en inglés—, es considerada por La Habana un instrumento que limita el desarrollo de la sociedad cubana y pretende, desde la coerción y la amenaza, cambiar los destinos de la isla.
Como "infame" la calificó este viernes 12 el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, al recordar los cinco lustros de su aprobación por el entonces presidente Bill Clinton (1993-2001), a propuesta del senador republicano Jesse Helms y del representante Dan Burton, ambos por aquel entonces exponentes del ala más conservadora de ese país y por cuyos apellidos se conoce la ley.
"Hoy se cumplen 25 años de una infamia: la firma por un presidente de los EEUU de la Ley Helms Burton, un engendro ilegal, que pretende devolvernos a la colonia y a la esclavitud. Una involución en la historia", expresó el mandatario cubano en su cuenta en la red social de Twitter.
Hoy se cumplen 25 años de una infamia: la firma por un Presidente de los Estados Unidos de la #LeyHelmsBurton, un engendro ilegal, que pretende devolvernos a la colonia y a la esclavitud. Una involución en la historia. #CubaViva pic.twitter.com/4aezL2nzAH
— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 12, 2021
¿Solidaridad o injerencia?
El texto de la ley Helms-Burton es claro desde su título I, que reconoce su propósito de desconocer al Gobierno de Cuba y su intención de "debilitarlo" con la prohibición de asistencia y membresías en instituciones financieras, de importación a EEUU de productos cubanos, con sanciones a terceros países que colaboren con el desarrollo económico de la isla y con una abierta asistencia a la subversión interna.
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En su título II, esta legislación prevé el derrocamiento del Gobierno en La Habana, "determina" las acciones a una futura administración de "transición" y los requisitos y factores para determinar la manera que serán "elegidos democráticamente" los futuros gobernantes de una Cuba post-revolucionaria.
En opinión de Jorge Legañoa, analista político y vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), divulgada por el sistema informativo de la televisión local, "esta ley se ha convertido en la hoja de ruta para intentar derrocar a la Revolución cubana y es la punta de lanza de las diferentes medidas agresivas aplicadas contra la isla".
Extraterritorialidad
En diversos escenarios internacionales, la Cancillería cubana ha denunciado el carácter extraterritorial de esta ley estadounidense, que impone medidas coercitivas contra terceros países para interrumpir las relaciones comerciales y de inversión con Cuba y frenar el desarrollo económico del país.
Entre las amenazas que penden sobre países e inversores extranjeros se incluyen sanciones que van desde multas, negativas de visados para ingresar a EEUU, y confiscación de sus bienes en ese país.
Con la activación del título III de la CLDSA, en mayo de 2019, que autoriza las demandas legales de ciudadanos estadounidenses por propiedades nacionalizadas y confiscadas en Cuba a principio de la década de 1960, se puso fin a una moratoria de no activar este título seguida por los tres presidentes —Bill Clinton (1993-2001), George W. Bush (2001-2009) y Barack Obama (2009-2017)— que antecedieron a Donald Trump (2017-2021).
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Según datos divulgados por la Cancillería cubana, en 1959 se realizaron en este país una serie de nacionalizaciones, que conforme al derecho internacional vigente, indemnizaron a los nacionales cuyas expropiaciones no fueron resultado de conductas criminales violatorias del ordenamiento jurídico, así como a quienes no incurrieron en dichas conductas.
Asimismo —agrega la información—, para las propiedades de ciudadanos extranjeros que fueron nacionalizadas, Cuba concluyó acuerdos de compensación global con sus países de origen, excepto con EEUU, cuyo Gobierno se negó a entablar un proceso de negociación.
Durante la administración de Barack Obama, Washington y La Habana dieron pasos para discutir y buscar rutas de indemnización, esfuerzos que fueron truncados a la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.
Implementación
La ley Helms-Burton, diseñada como un instrumento legal con carácter político, busca, entre sus principales propósitos, que no se concrete una normalización de las relaciones bilaterales en las actuales circunstancias.
"Es una ley violatoria de la soberanía e independencia de Cuba para elegir su destino y construir su sociedad", subrayó Legañoa en su análisis transmitido por la televisión local.
El analista enfatizó que esta ley codifica el bloqueo, pues a partir de su promulgación en 1996, se produjo una transferencia de poderes de la Presidencia al Congreso estadounidense, respecto a una eventual decisión de poner fin al embargo, sin que se cumpla el objetivo principal de derrocar al Gobierno cubano actual.
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"Hasta 1996 —aclaró el analista—, el presidente de EEUU podía levantar el embargo —impuesto desde 1962—, pero a partir de la aplicación de la ley Helms-Burton, esa decisión recae en el Congreso de ese país, lo que de un entramado de órdenes ejecutivas, normas y disposiciones presidenciales que hasta ese momento marcaban la política de la Casa Blanca contra La Habana, pasó a convertirse en una ley".
Un cuarto de siglo después, esta legislación sigue impactando negativamente en la vida económica y social de Cuba, con una recrudecida política agresiva que dura ya seis décadas y que ha provocado daños económicos a la isla que superan los 144.413 millones de dólares, y tomando en cuenta la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional, suman 1.98 billones de dólares, según datos oficiales.
