La exjefa de Gabinete de Bolivia cuenta su experiencia en la cárcel durante golpe de Estado
19:51 GMT 24.03.2021 (actualizado: 20:14 GMT 24.03.2021)
© Foto : Pixabay/Ichigo121212
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MONTEVIDEO (Sputnik) — La pérdida de un embarazo, el aislamiento total y el hecho de no poder acceder a profesionales de la salud, son algunas de las experiencias que contó este miércoles a Sputnik la exjefa de Gabinete en el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), Patricia Hermosa, cuando fue detenida durante el golpe de Estado en Bolivia.
"Tuve un aborto espontáneo, no me prestaron atención médica, las únicas personas que dejaron ingresar fueron funcionarios del Ministerio de Justicia del Gobierno de facto, que me querían hacer firmar una declaración a toda costa de que yo estaba bien de salud, incluso dejaron que ingresaran al mismo coronel que me detuvo y él decía: yo la veo bien", dijo a Sputnik Hermosa, quien actualmente es la directora del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP).
La exjefa de Gabinete trabajó con Morales durante diez años, desde diciembre de 2009 hasta noviembre de 2019, fecha en la que el expresidente dimitió y ascendió en su lugar Jeanine Áñez (2019-2020).
Desde el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) se considera que lo que ocurrió fue un golpe de Estado porque Áñez no respetó los procedimientos de la Constitución, sino que usurpó el cargo con el apoyo de los militares y policías.
22 de marzo 2021, 23:52 GMT
Hermosa relató que cuando Áñez asumió el poder, la convocó para que entregara la oficina y los documentos que tenía a cargo.
"Hago la entrega de todo, la Presidencia estaba militarizada, había resguardo tanto militar como policial y ante esta situación entrego toda la documentación y también mi renuncia", afirmó.
La detención
Pasados unos días, Morales le encargó a Hermosa los documentos para inscribirse como candidato a senador o a presidente, ya que ella es abogada.
Sin embargo, el 31 de enero de 2020 fue detenida fuera de su casa.
"Me habían hecho seguimiento, esperaban que yo tuviera toda la documentación, cuando yo tenía todo, ellos me detienen, sin ninguna orden de aprehensión. Fueron cuatro personas vestidas de civiles, que era gente de inteligencia que me estaba siguiendo. Me retienen como 40 minutos en la calle y en persona viene el comandante nacional de la Policía, Iván Rojas", afirmó Hermosa.
Aseguró que Rojas le quitó la documentación por la fuerza y no le explicó por qué estaba detenida.
"Me quitan de las manos la documentación, se sube en un vehículo y a mí me ponen en otro. A mí me detienen una hora en el vehículo. Yo estaba embarazada, me dicen que si tengo alguna necesidad, la haga en ese lugar. Estoy una hora en la camioneta, luego me ponen en la Policía, paso la noche ahí, y luego me llevan a la cárcel de mujeres con los delitos de terrorismo y sedición", agregó.
18 de marzo 2021, 19:52 GMT
Prisión
Hermosa sostuvo que el Gobierno no tenía ni una sola prueba en su contra para detenerla y afirmó que las autoridades argumentaban que ella había tenido conversaciones telefónicas con el expresidente.
"Yo había trabajado con él durante diez años, obviamente tenía conversaciones; me dijeron que tenía charlas con exministros, pero era por mi trabajo", expresó.
La exjefa de Gabinete estuvo presa en la cárcel de mujeres desde el 31 de enero hasta el 5 de agosto de 2020 y luego pasó tres meses más en detención domiciliaria.
Afirmó que en la cárcel "violaron totalmente" sus derechos, ya que en ningún momento tuvo acceso a un médico.
"Se me encierra con las demás privadas de libertad en un lugar donde no tenía acceso a ducha, a comunicación, con el pretexto que había tenido contacto con un caso de COVID-19, lo cual era absolutamente falso. Estuve encerrada con candado con personas que habían asesinado y no podía tener contacto con nadie de afuera", afirmó.
Sostuvo que todos los presos tenían acceso a la alimentación, a las áreas comunes, canchas, pero dijo que ella no podía hacer esas mismas cosas.
"Yo no podía creer que se me considerara más peligrosa que los demás, que habían matado. A las otras presas les permitían que les trajeran cosas, a mí no me dejaban nada. Incluso cuando fue mi cumpleaños, me trajeron una torta, pero la Policía me dijo que no la podía comer porque debería haber un permiso. La verdad que no se lo deseo a nadie lo que me pasó", agregó.
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Persecusión política
Hermosa consideró que estos hechos que le ocurrieron no eran contra ella, sino contra Morales.
"Yo nunca hice declaraciones en público, yo era una persona más administrativa. La rabia, el odio y la discriminación era contra el presidente indígena, que ha empoderado a las organizaciones sociales y que ha ayudado a mucha gente, eso fue lo que motivó la tortura que me hicieron", reflexionó.
Sostuvo que sus abogados le aconsejaron iniciar varios juicios, pero afirmó que ningún proceso va a solucionar lo que sufrió.
El 13 de marzo pasado, Áñez fue detenida en el marco de una investigación por supuesta conspiración para el golpe de Estado que siguió a las elecciones generales de octubre de 2019, ganadas por Morales y denunciadas como fraudulentas por la oposición.
El 23 de marzo, la expresidenta dijo que temía por su vida y en una carta desde la cárcel reiteró su declaración de inocencia ante los cargos de golpe de Estado, terrorismo y otros por los que cumple detención prejudicial de seis meses.
Por su parte, Hermosa aseguró que no se vulneró ninguno de los derechos de la exmandataria.
"Ha tenido acceso a médicos, permiten que la visiten, yo no siento que se estén vulnerando los derechos de nadie; hay 27 personas muertas y se tiene que hacer justicia, se tiene que investigar quién dio la orden", expresó.
21 de marzo 2021, 10:33 GMT
La Dirección Penitenciaria informó el 22 de marzo que Áñez había sido trasladada a la cárcel femenina de Miraflores porque allí, a diferencia del penal de Obrajes donde estuvo inicialmente, tenía celda individual y a disposición una guardia médica de 24 horas, con equipamiento adecuado, incluso un respirador.
En Senkata, Sacaba (Cochabamba, centro) y Pedregal (La Paz), al menos 27 personas murieron por la represión ordenada por Áñez.
El Gobierno está evaluando imputarla penalmente por lo que califica de "masacre sangrienta" en 2019.
