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Ombudsman reconoce violación grave a DDHH en ejecución extrajudicial de adolescente en México
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A dos meses de cumplirse un año del asesinato a manos de policías de un adolescente jugador de fútbol de la liga mexicana en Oaxaca, la Defensoría de pueblo de... 01.04.2021, Sputnik Mundo
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Alexander Martínez Gómez tenía 16 años cuando fue fusilado de un tiro en la cabeza, cuando regresaba con otros amigos de una gasolinera de comprar refrescos para cenar con una pizza. Alexander murió en el lugar y otro adolescente de 15 años resultó con heridas graves producto del encuentro con la policía. Aunque no existe un México una pena específico que tipifique el delito de "ejecución extrajudicial" cometida por funcionarios de las fuerzas represivas estatales, la Defensoría de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca probó que Alexander fue privado de la vida por un uso ilegal y excesivo de la fuerza pública que configuró esta grave violación a sus derechos humanos y los de su familia como víctimas indirectas. Hasta el momento, sólo uno de los agentes que iba a bordo de la patrulla esa noche ha sido vinculado a proceso por homicidio y está en prisión preventiva por el hecho; Sin embargo, hay otros cuatro agentes vinculados al crimen que no han sufrido consecuencias por lo sucedido.La recomendaciónEl Defensor de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, José Bernardo Rodríguez Alamilla, fue el encargado de presentar la recomendación 01/2021 referida al caso de "Chander".Según detalló Rodríguez en conferencia de prensa, la recomendación es el resultado de un "extenso análisis de documentos, pruebas, informes y dichos de funcionarios públicos involucrados y testigos, tanto de la ejecución arbitraria como del proceso de investigación"Es importante notar que el trabajo del Ombudsman no incide directamente en la definición de la culpabilidad de los agentes involucrados en el crimen, ya que eso recae en la investigación penal a cargo de la Fiscalía General del estado de Oaxaca. Sin embargo, como resultado de su análisis, la Defensoría sostuvo que la conducta desplegada por los servidores públicos —tanto los policías vinculados en el crimen como de la autoridad Fiscal a cargo de la investigación penal— configuró la violación de los derechos humanos del joven asesinado y de su familia, como víctimas indirectas del crimen.Por un lado, reconoció la violación del derecho a la integridad persona por el uso indebido de la fuerza, ya que la Defensoría pudo probar que "no se acreditó la legalidad del uso de la fuerza ni la absoluta necesidad que llevara al uso de armas letales, ya que no se estaba repeliendo una agresión, peligro real, actual o inminente", sostuvo Rodríguez Alamilla.Según está pautado por la Corte interamericana de Derechos humanos (CIDH) el uso de la fuerza pública debe estar pautado por la excepcionalidad, estar planeado y ejecutado proporcionalmente por las autoridades. "La Corte indica que sólo podrá hacerse uso de la fuerza y la coerción cuando se hayan agotado todos los demás medios de control", apuntó la fuente, algo que no se cumplió en el caso de marras.Por tanto, la Defensoría de Oaxaca indicó que puede imputarse un uso ilegal de la fuerza a la policía municipal por la ejecución de Alexander. A su vez, afirmó que se constituyeron violaciones graves a su derecho a la vida y a la verdad. Según señaló su titular, la Defensoría pudo acreditar que la investigación penal y la participación ministerial (Fiscal) no se llevó a cabo de forma "seria, efectiva e imparcial" en el lugar de los hechos ni en el registro de la cadena de custodia, en la entrega y recepción de las pruebas del crimen ni en el mapa del procedimiento. Al momento de suceder este crimen grave, la Fiscalía General del estado de Oaxaca estaba en manos de Rubén Vasconcelos, quien renunció al cargo el pasado 5 de marzo de 2021. La Defensoría recomendó a la autoridad local que repare el daño ocasionado, entre otras cosas, emitiendo una disculpa pública por la ejecución extrajudicial del adolescente.
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Ombudsman reconoce violación grave a DDHH en ejecución extrajudicial de adolescente en México
A dos meses de cumplirse un año del asesinato a manos de policías de un adolescente jugador de fútbol de la liga mexicana en Oaxaca, la Defensoría de pueblo de ese estado mexicano probó la comisión de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la fuerzas de la policía municipal de Acatlán de Pérez Figueroa.
Alexander Martínez Gómez tenía 16 años cuando
fue fusilado de un tiro en la cabeza, cuando regresaba con otros amigos de una gasolinera de comprar refrescos para cenar con una pizza. Alexander murió en el lugar y otro adolescente de 15 años resultó con heridas graves producto del encuentro con la policía.
Aunque no existe un México una pena específico que tipifique el delito de "ejecución extrajudicial" cometida por funcionarios de las fuerzas represivas estatales, la Defensoría de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca probó que Alexander fue privado de la vida por un uso ilegal y excesivo de la fuerza pública que configuró esta grave violación a sus derechos humanos y los de su familia como víctimas indirectas.
Hasta el momento, sólo uno de los agentes que iba a bordo de la patrulla esa noche ha sido vinculado a proceso por homicidio y está en prisión preventiva por el hecho; Sin embargo, hay otros cuatro agentes vinculados al crimen que no han sufrido consecuencias por lo sucedido.
"Chander, como le llamábamos de cariño, no está con nosotros porque la policía de dónde vivimos lo ejecutó de manera arbitraria. Se demostró que la policía abusó ilegalmente de la fuerza y que el Presidente municipal de Acatlán de Pérez Figueroa no contaba con los permisos necesarios ante la Secretaría de Defensa Nacional para el uso de las armas que portaban sus policías", sostuvo Virginia Gómez, madre de Alexander, durante la presentación pública de la recomendación del Ombudsman oaxaqueño.
El Defensor de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, José Bernardo Rodríguez Alamilla, fue el encargado de presentar la recomendación 01/2021 referida al caso de "Chander".
9 de julio 2020, 23:12 GMT
Según detalló Rodríguez en conferencia de prensa, la recomendación es el resultado de un "extenso análisis de documentos, pruebas, informes y dichos de funcionarios públicos involucrados y testigos, tanto de la ejecución arbitraria como del proceso de investigación"
Es importante notar que el trabajo del Ombudsman no incide directamente en la definición de la culpabilidad de los agentes involucrados en el crimen, ya que eso recae en la investigación penal a cargo de la Fiscalía General del estado de Oaxaca.
Sin embargo, como resultado de su análisis, la Defensoría sostuvo que la conducta desplegada por los servidores públicos —tanto los policías vinculados en el crimen como de la autoridad Fiscal a cargo de la investigación penal— configuró la violación de los derechos humanos del joven asesinado y de su familia, como víctimas indirectas del crimen.
"Este organismo reconoce que gracias a la lucha y participación de las víctimas indirectas, su madre Virginia, su padre Teodoro y su hermano Alexis, así como sus representantes José Antonio Garibay y Roberto Villanueva, se aportó información relevante para su investigación", reconoció el Ombudsman oaxaqueño.
Por un lado, reconoció la violación del derecho a la integridad persona por el uso indebido de la fuerza, ya que la Defensoría pudo probar que "no se acreditó la legalidad del uso de la fuerza ni la absoluta necesidad que llevara al uso de armas letales, ya que no se estaba repeliendo una agresión, peligro real, actual o inminente", sostuvo Rodríguez Alamilla.
Según está pautado por la Corte interamericana de Derechos humanos (CIDH) el uso de la fuerza pública debe estar pautado por la excepcionalidad, estar planeado y ejecutado proporcionalmente por las autoridades. "La Corte indica que sólo podrá hacerse uso de la fuerza y la coerción cuando se hayan agotado todos los demás medios de control", apuntó la fuente, algo que no se cumplió en el caso de marras.
31 de marzo 2021, 20:03 GMT
Por tanto, la Defensoría de Oaxaca indicó que puede imputarse un uso ilegal de la fuerza a la policía municipal por la ejecución de Alexander. A su vez, afirmó que se constituyeron violaciones graves a su derecho a la vida y a la verdad.
Según señaló su titular, la Defensoría pudo acreditar que la investigación penal y la participación ministerial (Fiscal) no se llevó a cabo de forma "seria, efectiva e imparcial" en el lugar de los hechos ni en el registro de la cadena de custodia, en la entrega y recepción de las pruebas del crimen ni en el mapa del procedimiento.
"La recomendación demostró que después de la ejecución arbitraria, la Fiscalía del estado violó sus derechos y los nuestros como familia, al cometer omisiones en su investigación que han atrasado la Justicia para mi hijo y provocado que no podamos conocer toda la verdad de lo que pasó", concluyó su madre, Virginia Gómez.
Al momento de suceder este crimen grave, la Fiscalía General del estado de Oaxaca estaba en manos de Rubén Vasconcelos, quien renunció al cargo el pasado 5 de marzo de 2021. La Defensoría recomendó a la autoridad local que repare el daño ocasionado, entre otras cosas, emitiendo una disculpa pública por la ejecución extrajudicial del adolescente.
