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La investigación a Cameron da acceso privilegiado a los ministros de Boris Johnson

© AP PhotoEx primer ministro británico David Cameron
Ex primer ministro británico David Cameron - Sputnik Mundo, 1920, 13.04.2021
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LONDRES (Sputnik) — El Gobierno británico ha ordenado una investigación independiente sobre la actuación "lobista" del ex primer ministro David Cameron en el último y más notorio escándalo de acceso privilegiado y contratas opacas durante la pandemia.
"Como ex primer ministro, acepto que las comunicaciones con el Gobierno han de realizarse únicamente a través de los más formales canales, para no dejar espacio a la interpretación errónea", concluye el exdirigente conservador en una larga respuesta a las alegaciones de abuso de influencia y puertas giratorias ocultas que le persiguen desde hace más de un mes.

De primer ministro a consejero empresarial

Cameron confirma en su misiva —que difundió el domingo 11 en medio de la conmoción y el luto oficial por la muerte del duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel— que sí intervino ante ministros y funcionarios en nombre de Greensill Capital, empresa pionera en tecnología financiera.
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La fundó el australiano Lex Greensill, quien contrató al "ex premier" como "consejero geopolítico" y ojeador de nuevos clientes, en agosto de 2018. Cobraba sueldo en efectivo y en acciones con las que esperaba ganar unos 70 millones dólares cuando salieran en bolsa, según expone el Financial Times, el medio que destapó el escándalo en marzo.
Una aventura con su jefe por el desierto de Arabia Saudí, donde compartieron jaima con el príncipe Mohamed Bin Salman, se incluyó en sus misiones empresariales. La visita se produjo después de que al heredero saudí se le relacionara con el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, pero el invitado británico afirma que tuvo la "oportunidad de expresar inquietud sobre derechos humanos".

WhatAapp y correos electrónicos

Cameron envió mensajes de texto y habló por teléfono con el ministro de Hacienda, Rishi Sunak, se comunicó con la oficina de Johnson, tomó una copa con Greensill y el titular de Sanidad… en una extensa cadena de intervenciones extraoficiales.
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Buscaba préstamos y avales extraordinarios de la pandemia para la firma especializada en financiación de la cadena de suministros. La empresa entró en la administración británica en 2011, cuando dirigía el Gobierno de coalición. Pero sus esfuerzos no aportaron los frutos deseados y Greensill se declaró insolvente en marzo de 2020, según explica en la declaración.
El exdirigente conservador, que dimitió tras perder el referéndum del Brexit, dice comprender la "inquietud" en torno al aparente tráfico de influencia, pero justifica su conducta ante la urgencia de la situación. "Era un momento de crisis nacional con temores en las empresas de acceso a fuentes de crédito", subraya.

Registro de grupos de presión

La oficina del Gabinete supervisará la investigación del caso Greensill, que Johnson ha encomendado al abogado Nigel Boardman. Mientras, el Partido Laborista ha asegurado un debate parlamentario sobre favoritismo y opacidad en la administración conservadora, después de exigir una declaración ministerial al respecto, que Sunak decidió esquivar este martes 13.
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En las bancadas de la oposición hay desconfianza en la investigación. Pocos creen que se cobrará cargos ministeriales o que desemboque en una reforma profunda del sistema del lobbying. Cameron pudo actuar al margen del Registro de Grupos de Presión, que se fundó bajo su mandato y con la garantía de transparencia, porque era un empleado de Greensill, no un operador externo.
"Esta saga alumbra los fallos profundos del procedimiento británico para declarar acceso político y posible influencia. Lo que sucede en Westminster permanece deplorablemente opaco", sostiene Steve Goodrich, director de investigación de Transparencia Internacional en Reino Unido.

Urgencia, crisis, pandemia

Urgencia y excepcionalidad son, precisamente, los escudos de la Administración Johnson en defensa de acuerdos de suministro que ha concedido a dedo durante la pandemia. El FT calcula que se han adjudicado contratos por valor de 19.000 millones de libras (unos 26.000 millones de dólares) sin licitación pública en el último año.
A su vez, la Oficina Nacional de Auditoria estima que los "proveedores de la lista VIP" designados por políticos conservadores o altos funcionarios tienen diez veces más posibilidades de ganar una contrata que las empresas sin conexiones fuertes con el Gobierno de Boris Johnson.
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