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A llover glifosato en Colombia

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Un alboroto desató el Gobierno de Iván Duque este 12 de abril al dar a conocer dos decretos que buscan allanar el camino para la reactivación de las

2021-04-15T22:06+0000

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Un alboroto desató el Gobierno de Iván Duque este 12 de abril al dar a conocer dos decretos que buscan allanar el camino para la reactivación de las fumigaciones aéreas con glifosato como principal arma en la lucha contra las drogas. En uno de los decretos, el presidente ordenó que las tutelas que los ciudadanos interpongan contra las aspersiones sean conocidas exclusivamente por el Consejo de Estado —uno de los tres máximos tribunales de Colombia—. El segundo, palabras más palabras menos, establece el camino institucional para hacer realidad uno de sus más sentidos anhelos: ver llover glifosato en los campos de Colombia. En mayo de 2015, en medio del proceso de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, el presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) ordenó la suspensión de las fumigaciones aéreas con glifosato. La derecha colombiana se apresuró a señalar que la decisión se había tomado para congraciarse con la insurgencia, mientras que el Gobierno esgrimió argumentos de salud pública y defensa del medio ambiente y consignó en el Acuerdo de Paz que las fumigaciones eran potestad exclusiva del Ejecutivo y que serían retomadas como última opción para enfrentar los cultivos ilícitos.Para 2015, los sembrados de coca, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), eran de 96.084 hectáreas. En los años siguientes esta cifra aumentó hasta 171.494 hectáreas, en 2017. Desde entonces la derecha colombiana, desde el Gobierno de Iván Duque y el partido Centro Democrático, han dedicado sus esfuerzos para buscar la reactivación de las aspersiones aéreas con este herbicida, incluido por la Organización Mundial de la Salud como un posible agente cancerígeno.El debate se empezó a llenar de nuevos elementos. Ecuador demandó internacionalmente a Colombia por fumigar sus fronteras y este último tuvo que pagar una indemnización de 15 millones de dólares. Los juzgados colombianos también empezaron a recibir tutelas —recurso jurídico popular— de ciudadanos que vieron afectados sus cultivos o su salud por las fumigaciones, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos estudia un caso contra Colombia por la muerte de Yaneth Valderrama, una campesina que tuvo un aborto espontáneo y luego falleció en 1998, tras haber sido expuesta a una fumigación área.Una larga historiaIván Duque llegó a la Presidencia con la idea de que reactivaría las fumigaciones con glifosato al siguiente día de tomar posesión. Una premisa que aplaudió en su momento el expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021). Las fumigaciones aéreas con glifosato en Colombia datan de finales de los años 70 y principio de los 80, cuando en el país se registraban menos de 1.000 hectáreas sembradas con coca. Según la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, entre 2005 y 2014 cada hectárea fumigada costó 72 millones de pesos (19.759 dólares), lo cual quiere decir que en ese período el Estado gastó 79.900 millones de pesos (21,9 millones de dólares).Datos que definitivamente no tiene en cuenta el Gobierno, pues para este la manera más efectiva de combatir los cultivos ilícitos es asperjando el químico desde el aire para así ahorrarse la movilización de tropas terrestres y la costosa acción de llevar a estas regiones una oferta institucional que evite que la gente se sirva de la coca para sobrevivir. De manera que, para el presidente Duque, el camino más expedito de mostrar resultados y al tiempo congraciarse con su principal aliado comercial y militar, Estados Unidos, fue limpiar el camino para permitir que vuelen los aviones con glifosato.¿Qué dicen los decretos presidenciales?El Decreto 333 de 6 de abril de 2021 establece que el Consejo de Estado es la autoridad competente para decidir sobre tutelas instauradas contra el presidente de la República en temas de seguridad nacional y de uso de glifosato. Esta medida provocó una andanada de críticas que apuntan a que el mandatario de Colombia escogió su propio juez para alcanzar veredictos favorables al Ejecutivo, tal como lo expresa el reconocido jurista Rodrigo Uprimny."Normalmente esas tutelas iban a jueces del circuito, con apelación ante tribunales, para luego ser revisadas por la Corte Constitucional o decididas por la Corte Suprema y hasta por el Consejo de Estado. El objeto de este decreto es concentrar esas decisiones en el Consejo de Estado porque el Gobierno cree que es más amable", recuerda el fundador del centro de estudios de derecho, justicia y sociedad, Dejusticia, una de las organizaciones más consultadas en esta materia.De otro lado, el reconocido abogado y columnista también analizó el decreto que pretende reactivar las fumigaciones, sobre el cual observa que contiene un enredado entramado jurídico para ocultar su intención."El decreto aparentemente da garantías para las quejas de los ciudadanos y otorga facultades al Instituto Nacional de Salud, que es un órgano técnico. Sin embargo, tiene dos problemas jurídicos. Primero, no cumple con el principio de precaución, pues el glifosato es una sustancia probablemente cancerígena según una agencia de la OMS, y el documento no aclara cómo se van a prevenir estos daños. El segundo tiene que ver con que el Acuerdo de Paz establece que la fumigación es la última medida para enfrentar los cultivos de uso ilícito", explicó.A juicio de Uprimny el decreto no resuelve cómo se va a cumplir con la secuenciación que establece el Acuerdo de Paz para enfrentar los cultivos de uso ilícito, que define que primero se intentará a través de la sustitución voluntaria; de no ser posible así, se acudirá a la erradicación forzada, y sólo en última medida se acudirá a la fumigación aérea. ¿Qué problemas para la salud implica el glifosato?Desde la perspectiva de la salud, la mayoría de los estudios científicos apuntan a que las fumigaciones con glifosato representan un riesgo para quienes queden expuestos a esta sustancia. Un argumento que el Gobierno de Juan Manuel Santos utilizó para defender su decisión de suspender la utilización de este químico. Para ese entonces, el ministro de Salud era Alejandro Gaviria, hoy rector de la Universidad de los Andes y uno de los hombres más conocedores en Colombia de los efectos del glifosato. El exministro asegura que las evidencias científicas advierten que en programas de aspersión aérea es imposible hacer una gestión del riesgo para evitar implicaciones sobre la salud pública, ya que las personas afectadas no tienen capacidad de prevenir la exposición y además son comunidades vulnerables. Gaviria asegura que la evidencia internacional se desprende de una monografía de la Agencia Internacional de Estudios sobre Cáncer que establece una relación muy fuerte entre el uso de glifosato y una forma de cáncer linfático denominado linfoma de Hodgkin. "Estos estudios son difíciles porque tienen períodos de latencia muy altos, esto es que la exposición continuada se da ahora y el cáncer aparece 15 o 20 años después, por eso para los temas de cáncer en Colombia no hay evidencia", señala este economista y exministro.Alerta, además, que Colombia es el único país del mundo que utiliza el glifosato para el control de cultivos de uso ilícito, y que desde hace mucho tiempo en América Latina está prohibida la fumigación para controlar esos cultivos. El experto advierte que el estudio que contempla el decreto sobre los efectos del glifosato en la salud no será concluyente. "En medicina, en salud ambiental, no es un estudio el que tiene la última palabra, es la totalidad de las evidencias, la sumatoria de estudios, de avaluaciones de evidencias. Un estudio más, uno menos, puede decir cualquier cosa, pero no va a cambiar el hecho científico que no se puede negar: y es que el glifosato es una sustancia tóxica que tiene efectos graves sobre la salud pública", finaliza.El panorama ahora es que el Gobierno acortó el camino para reactivar las fumigaciones vías decretos, y que solo faltan dos pasos relativamente cortos para hacer efectivo su intención: los conceptos de la Universidad de Córdoba sobre los impactos que puedan tener las aspersiones para la salud, que aún no se conoce, y la aprobación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) al plan de manejo ambiental, el cual fue aprobado ya. Dichos conceptos deben ser evaluados por el Consejo Nacional de Estupefacientes es un órgano de nueve integrantes, de los cuales ocho son del Gobierno. Así pues las fumigaciones parecen estar a la vuelta de la esquina en Colombia, pero también se sabe que una vez vuelva a llover glifosato en los campos, vendrán las protestas ciudadanas que, posiblemente, alcancen dimensiones como las marchas cocaleras de 1996.

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