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Justicia de Ecuador ratifica prisión preventiva para contralor general del Estado

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Prisión (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 13.05.2021
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QUITO (Sputnik) — Un tribunal de Ecuador ratificó la prisión preventiva para el contralor general del Estado, Pablo Celi, el ex secretario general de la Presidencia de la República José Agusto Briones, y los hermanos de ambos, procesados por el presunto delito de delincuencia organizada.
"El Tribunal Penal de la Corte de Nacional de Justicia (CNJ) rechaza los recursos de apelación a la prisión preventiva interpuestos por Pablo Celi, contralor general del Estado y su hermano Esteban Celi; José Agusto, ex secretario general de la Presidencia de la República, y su hermano Luis Agusto, procesados por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada", dice el comunicado de la Fiscalía ecuatoriana.
Con esta resolución, Celi y los otros procesados deberán permanecer recluidos en una cárcel en Quito, mientras se desarrolla la investigación sobre una estructura delictiva que habría operado desde la Presidencia de la República, la Contraloría y la estatal Petroecuador.
De acuerdo con la Fiscalía, esta organización habría exigido sobornos a empresas privadas que mantenían contratos con Petroecuador a cambio de hacer desaparecer expedientes en la Contraloría.
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Esto habría causado un perjuicio al Estado por alrededor de 13 millones de dólares, según documentos de la Fiscalía.
En la misma resolución, el Tribunal levantó la orden de arresto que pesaba sobre otros tres acusados y dispuso que cumplan medidas alternativas a la prisión, como prohibición de salida del país, presentación ante un juez una vez por semana y la colocación de un dispositivo electrónico.
El caso partió de una investigación desarrollada por la División de Delitos Criminales del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En noviembre fueron detenidos en el aeropuerto de Miami el exfuncionario de Petroecuador, José de la Torre, sobrino de Celi, y el empresario de bienes raíces Roberto Barrera, quienes se declararon culpables en Estados Unidos por el delito de lavado de dinero por sobornos relacionados con contratos de la petrolera estatal ecuatoriana.
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