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Bolivia afirma que pedirá a EEUU extradición de dos exministros de Áñez

CC BY 2.0 / Elias Bizannes / La Paz, BoliviaLa Paz, la capital de Bolivia
La Paz, la capital de Bolivia - Sputnik Mundo, 1920, 26.05.2021
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LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno de Bolivia dijo que ha decidido pedir la extradición de dos exministros y otras exautoridades de la pasada administración transitoria de Jeanine Áñez (2019-2020), involucradas supuestamente en una trama de corrupción recién revelada en EEUU.
"Estamos pidiendo la extradición correspondiente, estamos enviando las notas correspondientes para que estos señores vengan a rendir cuentas al pueblo boliviano", dijo en conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
Simultáneamente, el Ministerio de Justicia anunció que solicitará a la fiscalía local investigar "los nexos del aparato de represión y corrupción" que habrían organizado los prófugos exministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, principales acusados en el caso.
El proceso iniciado el año pasado en la justicia boliviana por una compra de gases lacrimógenos y otros materiales antidisturbios con aparente sobreprecio saltó de nuevo a primer plano tras la detención, en EEUU, de la mano derecha de Murillo, Rodrigo Méndez, investigado por soborno y lavado de dinero.
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Informe FBI

Méndez, exjefe de gabinete de Murillo y conocido además por su cercanía con Áñez, fue arrestado el 21 de mayo en EEUU y acusado de lavado de dinero en conspiración con tres estadounidenses, uno de ellos también boliviano, según un informe de la Policía federal FBI divulgado por medios locales.
Los cuatro participaron en la polémica compra de materiales antidisturbios por contratación directa, entre fines de 2019 y principios de 2020, y la investigación estableció que actuaron en coordinación con otros dos "conspiradores" señalados como altas autoridades del pasado Gobierno transitorio de Áñez.
El ministro Del Castillo identificó a esos "conspiradores" como Murillo y López, actualmente refugiados en EEUU, y los señaló como presuntos autores de tráfico de influencias, soborno y otros delitos por la compra de los materiales antidisturbios en 5,6 millones de dólares, con un sobreprecio de 2,4 millones.
"La extradición no es un pedido del Gobierno, es un pedido de todo el pueblo boliviano porque durante la pandemia, por el terror que sembraron, aprovecharon de sembrar narcotráfico y corrupción en nuestro país", afirmó Del Castillo.
Añadió que la detención de Méndez reforzaba el proceso contra los exministros que está abierto por una acusación de la Procuraduría General del Estado hecha antes de la asunción del actual Gobierno.
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El procurador denunciante, José María Cabrera, fue destituido de modo fulminante tras presentar su acusación, en una decisión de Áñez que el mismo funcionario describió como producto de una presión del entonces ministro Murillo.
Del Castillo añadió que la extradición sería tramitada por dos vías: una directa a través de mecanismos de la policía internacional Interpol y otra mediante un requerimiento judicial.
El Ministerio de Justicia, por su parte, aseguró que "usará todos los recursos que la ley le otorga para impulsar los procesos penales por éste y otros casos de corrupción y graves violaciones de derechos humanos perpetrados por el régimen de Áñez".
Murillo y López salieron de Bolivia el 6 de noviembre de 2020, dos días antes de la toma de posesión del actual presidente democrático Luis Arce.
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