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El presidente mexicano rechaza que su informe sea propaganda como dictaminó tribunal

© REUTERS / Henry RomeroAndrés Manuel López Obrador, presidente de México
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México - Sputnik Mundo, 1920, 27.05.2021
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CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó un dictamen del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF) que ordena sancionar la difusión de su informe por 100 días de Gobierno en 2021, calificado como "acto ilícito de propaganda".
"Todo el tiempo estoy informando; existe el derecho a la información, claro que no es [proselitismo]; propaganda quiere decir: 'Voten por este partido o candidato', o actuar con hipocresía o de manera encubierta", respondió el mandatario en conferencia de prensa.
En la noche del 26 de mayo, los magistrados acordaron por unanimidad que el acto no se trató de un informe de labores, como los previstos en la Constitución que son anuales y deben enviarse al Congreso, "sino de un acto ilícito de propaganda gubernamental personalizada", en una ceremonia que por primera vez realizó un presidente mexicano.
El mandatario reprochó al Tribunal Electoral que hace 15 año haya rechazado sus denuncias de lo que considera fue un fraude cometido en la primera de sus tres campañas presidenciales, en 2006, o las actividades de gobiernos anteriores en periodos electorales utilizando fondo públicos.
El jefe del Ejecutivo federal defendió su repetición constante de consignas y frases de campaña en sus conferencias de prensa cotidianas, que considera parte esencial de gestión.
"Un escritor no pude repetirse, pero un gobernante sí, porque su labor es hacer conciencia, porque es lo más cercano a lo irreversible: cuando cambia la mentalidad de un pueblo cambia todo", argumentó.
Agregó que acatará la sanción que establezca la autoridad electoral autónoma, pero insistió en que informar sobre acciones de Gobierno durante la veda electoral no es una violación de la ley.
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"Imaginen si informar es violar la Constitución, ¿y mi derecho a la libertad? ¿qué es lo más importante?", interrogó para responder enseguida: "la libertad".

Dilema entre información y propaganda

López Obrador subrayó que su responsabilidad es mantener un constante recordatorio de lo que en su opinión fueron acciones ilegales cometidas por otros gobiernos en el pasado.
"Hay que estar recordando, porque también el conservadurismo y sus aliados, intelectuales orgánicos y voceros son muy dados a olvidar, padecen amnesia", esgrimió.
Los magistrados de la corte electoral consideraron que López Obrador violó la veda electoral el 20 de marzo pasado, con la difusión del informe de 100 días de Gobierno en 2021, en su tercer año en el cargo, realizado en una capilla dentro del edifico histórico del Palacio Nacional, sede el Ejecutivo y residencia oficial, ante todo el gabinete presidencial, representantes de otros poderes e invitados, transmitido por radio, televisión y redes sociales.
El gobernante considera que haría propaganda "si estuviese llamando a votar o apoyando candidatos o utilizando recursos [públicos] con esos propósitos".
Sin considerar la legislación vigente, la postura del presidente es que "viola la Constitución el que actúa de manera antidemocrática".
El Tribunal Electoral argumenta que los informes de Gobierno están debidamente regulados por las leyes federales, y que el discurso de López Obrador con un balance de 100 días de su gestión no se ajustó a dichos parámetros.
Según la ley mexicana, durante la época electoral únicamente se permite propaganda oficial relativa a las autoridades electorales convocando a comicios, servicios educativos, de salud, y protección civil en casos de emergencia o desastres naturales.
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"Cualquier otro acto comunicativo gubernamental que no cumpla con esas características debe valorarse, para establecer si es un acto de comunicación que tiene por fin informar algo a la ciudadanía o si constituye, en esencia, un acto de campaña gubernamental personalizada para obtener aprobación, como es el caso", indicó uno de los argumentos del dictamen.
Una sala especializada del Tribunal establecerá la sanción e impondrá las consecuencias jurídicas del acto público presidencial, después de determinar "si hubo un uso indebido de recursos públicos, y con base en ello impondrá las medidas de apremio para evitar la repetición".
Una sanción anterior del Instituto Nacional Electoral, entidad autónoma que organiza los comicios desde 1990, ordenó bajar de las plataformas de Internet el vídeo con una conferencia de prensa del 16 de abril, cuando el presidente proyectó un informe con imágenes de beneficiarios de los programas sociales y otras acciones de su administración.
En las elecciones legislativas y municipales del 6 de junio se renovarán toda la Cámara de Diputados federal, 30 congresos locales, 15 gobiernos de los 32 estados y el 80% de todos las alcaldías (1.900 municipios).
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