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Un juez argentino reabre caso por anomalías en edificación de escuelas durante la gestión previa
Un juez argentino reabre caso por anomalías en edificación de escuelas durante la gestión previa
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BUENOS AIRES (Sputnik) — El juez federal argentino Ariel Lijo retomó una causa que investiga presuntas irregularidades en la construcción de escuelas... 27.05.2021, Sputnik Mundo
2021-05-27T15:55+0000
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"Reabren caso sobre jardines de infantes", informaron fuentes judiciales a las que accedió Sputnik.El magistrado dispuso la reapertura del caso tras una presentación de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la solicitud tramitada por el fiscal federal Ramiro González en base a un informe del Ministerio de Educación.En esa presentación, se planteaban las sospechas de que se pagaron, durante la gestión anterior, más de 62 millones de dólares por la construcción en distintas provincias de 93 escuelas infantiles que brindan servicio educativo a niños de uno a cinco años y que nunca fueron terminadas.Pero según el trabajo del Ministerio de Educación, durante su administración apenas se licitaron obras para 292 nuevas escuelas infantiles en todo el país, de las cuales se finalizó menos de la mitad.Además, 18 obras fracasaron en la licitación, 26 estaban en ejecución, 111 fueron rescindidas y otras 30 suspendidas.Posibles sobrepreciosEl expediente también analiza si se pagaron sobreprecios por los que se abonó, supuestamente, el doble del valor de mercado por la edificación de los jardines de infantes.La denuncia señala que se pagaron 1.498 dólares por metro cuadrado, cerca del doble de los valores de mercado cotejados.Muchas de las obras habrían sido abandonadas y pese a ello no se habrían hecho gestiones para recuperar la inversión.Por otro lado, varias empresas contratadas entraron en convocatoria de acreedores y el Estado no habría reclamado, según la pesquisa.Según el fiscal, "se vislumbran nuevos elementos que ameritan la realización de otras medidas probatorias".El representante del Ministerio Público Fiscal aludió así a los concursos preventivos de la unión temporal de empresas (UTE) formada por Escarabajal Ingeniería y Bahía Blanca Viviendas, que obtuvo una licitación para hacer 93 escuelas infantiles.El Estado no reclamó a la UTE por no cumplir, ni impuso multas, y cuando las empresas se presentaron en concurso de acreedores no se presentó a verificar los créditos.González pidió por ello al Ministerio de Educación que entregue toda la documentación que posea sobre las adjudicaciones y el proceso posterior.La denuncia original, realizada por la exdiputada Margarita Stolbizer desde la ONG Bajo la Lupa, señalaba que nadie supervisaba la ejecución de las obras, para cuya realización se había establecido un plazo de 150 a 180 días.El caso fue archivado por falta de pruebas, pero ahora fue reabierto.Las irregularidades se habrían dado durante la gestión del entonces ministro Esteban Bullrich (2015-2107) y su sucesor, Alejandro Finocchiaro (2017-2018).
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Un juez argentino reabre caso por anomalías en edificación de escuelas durante la gestión previa
BUENOS AIRES (Sputnik) — El juez federal argentino Ariel Lijo retomó una causa que investiga presuntas irregularidades en la construcción de escuelas infantiles durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y en la que el fiscal había pedido que se realicen medidas de prueba.
"Reabren caso sobre jardines de infantes", informaron fuentes judiciales a las que accedió Sputnik.
El magistrado dispuso la reapertura del caso tras una presentación de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la solicitud tramitada por el fiscal federal Ramiro González en base a un informe del Ministerio de Educación.
En esa presentación, se planteaban las sospechas de que se pagaron, durante la gestión anterior, más de 62 millones de dólares por la construcción en distintas provincias de 93 escuelas infantiles que brindan servicio educativo a niños de uno a cinco años y que nunca fueron terminadas.
"Me comprometo a construir los 3000 jardines de infantes que faltan", había dicho Mauricio Macri durante el debate presidencial de 2015, antes de ganar las elecciones.
Pero según el trabajo del Ministerio de Educación, durante su administración apenas se licitaron obras para 292 nuevas escuelas infantiles en todo el país, de las cuales se finalizó menos de la mitad.
27 de enero 2020, 21:32 GMT
Además, 18 obras fracasaron en la licitación, 26 estaban en ejecución, 111 fueron rescindidas y otras 30 suspendidas.
El expediente también analiza si se pagaron sobreprecios por los que se abonó, supuestamente, el doble del valor de mercado por la edificación de los jardines de infantes.
La denuncia señala que se pagaron 1.498 dólares por metro cuadrado, cerca del doble de los valores de mercado cotejados.
Muchas de las obras habrían sido abandonadas y pese a ello no se habrían hecho gestiones para recuperar la inversión.
Por otro lado, varias empresas contratadas entraron en convocatoria de acreedores y el Estado no habría reclamado, según la pesquisa.
"Deberá profundizarse la pesquisa a fin de determinar si existieron irregularidades respecto al recupero de anticipos, recupero de acopios, ejecución de garantías, acciones sumariales y resguardo de obras en el marco de las licitaciones públicas internacionales", pidió el fiscal Gonzalez.
Según el fiscal, "se vislumbran nuevos elementos que ameritan la realización de otras medidas probatorias".
El representante del Ministerio Público Fiscal aludió así a los concursos preventivos de la unión temporal de empresas (UTE) formada por Escarabajal Ingeniería y Bahía Blanca Viviendas, que obtuvo una licitación para hacer 93 escuelas infantiles.
El Estado no reclamó a la UTE por no cumplir, ni impuso multas, y cuando las empresas se presentaron en concurso de acreedores no se presentó a verificar los créditos.
28 de julio 2020, 22:42 GMT
González pidió por ello al Ministerio de Educación que entregue toda la documentación que posea sobre las adjudicaciones y el proceso posterior.
La denuncia original, realizada por la exdiputada Margarita Stolbizer desde la ONG Bajo la Lupa, señalaba que nadie supervisaba la ejecución de las obras, para cuya realización se había establecido un plazo de 150 a 180 días.
El caso fue archivado por falta de pruebas, pero ahora fue reabierto.
Las irregularidades se habrían dado durante la gestión del entonces ministro Esteban Bullrich (2015-2107) y su sucesor, Alejandro Finocchiaro (2017-2018).
