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EEUU, Europa y el G7 intentan resucitar el Estado nación tras el COVID

EEUU, Europa y el G7 intentan resucitar el Estado nación tras el COVID

Sputnik Mundo

La decisión del G7 de aplicar un impuesto del 14% a empresas y de la UE de intentar que paguen impuestos en los países donde obtienen beneficios y no en... 18.06.2021, Sputnik Mundo

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En las últimas décadas fuimos viendo el retroceso del papel de los Estados ante los poderes económicos y financieros. Empresas multinacionales, grandes tecnológicas, gigantes fondos inversores logran desbordar las fronteras y las competencias de los Estados, burlar sus reglamentaciones o conseguir que se vacíen de contenido los parlamentos y las leyes que aprobaban los gobiernos. Todo ello es lo que llevó a los filósofos Toni Negri y Michael Hardt a señalar en su libro Imperio que la soberanía ya no estaba en manos de los Estados nación, ni siquiera de grandes potencias (imperios) sino de un conjunto de organismos y dispositivos supranacionales. En realidad es lo que en términos de la economía se llamó globalización. Frente a la lectura benevolente que hacían estos dos autores, el argentino Atilio Borón (Imperio & imperialismo) señalaba que la globalización consolidaba la dominación imperialista y profundizaba la sumisión de los capitalismos periféricos, cada vez más incapaces de ejercer un mínimo de control sobre sus procesos económicos y domésticos. Es por ello que Borón defendía la vigencia del Estado nación como reducto de resistencia frente a la ola avasalladora de la globalización. Obsérvese que estoy refiriéndome a esta discusión en pasado, porque ambos libros salieron a la luz a principios de este siglo, hace ya veinte años.Pues bien, parece que estos nuevos tiempos de pandemia y la eclosión de nuevos actores internacionales, especialmente China, pero también otros como Rusia, Irán o Turquía, han demostrado la importancia de un Estado nación fuerte.Estamos comprobando como estos Estados fuertes, con liderazgo, con una planificación económica y productiva a largo plazo, y con su aparato productivo sometido a unas metas definidas por un Estado cohesionado, con autoridad y legitimidad entre sus ciudadanos, están siendo el modelo necesario a seguir por quienes dejaron las riendas de sus países en manos de conglomerados empresariales. Esto último es lo que hicieron EEUU y la mayoría de los miembros de la Unión Europea. No olvidemos que la crisis económica de 2008 se generó primeramente en Estados Unidos precisamente por las desregulaciones (o sea, el relajo del Estado) que permitieron que los bancos y entidades financieras nos llevaran a una burbuja suicida. La ausencia de regulaciones y normas, es decir, de Estado, provocaron el colapso.Iniciativas de BidenParece que a esta conclusión ha llegado también el nuevo Gobierno de Estados Unidos. Precisamente el país líder de las desregulaciones, el laissez faire y la globalización económica propone que la OMC suspenda temporalmente las patentes de las vacunas del COVID para que el mundo no se pare, que se establezcan impuestos globales a las multinacionales y que las empresas se dejen de deslocalizaciones y tengan que pagar impuestos obligatoriamente en los países en los que operen. Todas ellas medidas planteadas recientemente por Joe Biden, sin gran oposición política interna. Recordemos que ya anteriormente Donald Trump había decretado normativas proteccionistas que suponían fuertes aranceles a las importaciones y castigos a las empresas de su país que se instalaran fuera de Estados Unidos. Medidas en sentido contrario al tradicional neoliberalismo económico de la globalización de las últimas décadas.De todas las iniciativas destinadas a recuperar el protagonismo de los Estados frente a los conglomerados privados, la más impresionante sin duda es la del pacto histórico firmado el 5 de junio en Londres por el G7 (Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Canadá, Italia y Japón) para que las empresas paguen un impuesto mínimo de sociedades de "al menos un 15%". Es importante recordar que se estima que las estrategias de planificación fiscal (que bien podríamos llamar escaqueo), de las empresas multinacionales aprovechando los resquicios y trucos en las legislaciones para evitar pagar impuestos suponen unas pérdidas para las arcas públicas de los Estados entre 100.000 y 240.0000 millones dólares anuales. Esta iniciativa también muestra la parálisis de la Unión Europea. No olvidemos que los países de la UE no han sido capaces en todo su proceso de unidad, que se remonta a la creación de la Comunidad Económica Europea en 1957, de establecer unos criterios de armonización fiscal entre sus países. La medida del mínimo impuesto del 15% firmada por el G7 supone más consenso fiscal entre Francia y Japón que entre Francia y España como miembros de la UE. Sucedió también con la iniciativa de Biden de suspender las patentes de vacunas COVID. A finales de abril el Parlamento Europeo votó en contra de la propuesta del grupo de la Izquierda Europea de suspender temporalmente las patentes de las vacunas contra el COVID, una semana después Biden anuncia su apoyo a la suspensión de esas patentes. A los pocos días, el Parlamento Europeo vuelve a votar y se aprueba el apoyo a la suspensión de las patentes.La ausencia de Estado ha supuesto un tremendo retraso para los países occidentales. Nuestros sistemas políticos han ido vaciando de competencias a los gobiernos y los parlamentos, o se ha paralizado en conflictos partidistas e interesados, como ha sucedido en España en torno a las medidas para enfrentar la pandemia de COVID. El ejemplo de la independencia de los Bancos Centrales es elocuente, lo que supone que la política monetaria está fuera de control democrático alguno, en el caso de los europeos incluso fuera de los países porque es competencia del Banco Central Europeo. Incluso los bancos centrales se permiten emitir análisis e informes enmendando la plana a los gobiernos aparentando neutralidad política y rigor económico, cuando no es verdad. En España estamos viviendo un momento en que el Gobierno no puede bajar el precio de la electricidad porque es competencia de un ente denominado Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, la misma institución que no ha dejado a algunos ayuntamientos crear wifi gratis a los vecinos porque suponía atentar contra las empresas privadas. Tampoco la mayoría parlamentaria puede renovar el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, ni está logrando nombrar una nueva dirección de Radio Televisión Española. Alguien podrá pensar que todas esas dificultades se producen con el objeto de que esas instituciones no estén controladas por los gobiernos, pero es que la alternativa que estamos sufriendo no es más democrática, no es que las controle una asamblea ciudadana, ni un referéndum colectivo, ni los agentes sociales, las controlan burócratas, cargos técnicos o personas elegidas por gobiernos anteriores que ya no representan a la voluntad popular.Estados impotentesLos Estados se han vaciado tanto que no son ni capaces de hacer cumplir las medidas coercitivas de sus gobiernos. A lo largo de los casi 100 días que duró el primer estado de alarma, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado impusieron en España 1.142.127 multas a los ciudadanos por incumplir las restricciones contra el coronavirus. De todas ellas solo se han tramitado con resolución sancionadora 152.394, es decir, casi el 90% de los expedientes siguen sin concretarse en una multa. Además de que caducarán al cabo de un año si no se notifica resolución, el Tribunal Constitucional está valorando la posibilidad de anular el confinamiento domiciliario por lo que dejaría sin sustento legal las multas impuestas por contravenir esa medida, que por tanto serían anuladas. La falta de autoridad de los Estados europeos ha sido constante a la hora de intentar imponer las medidas de prevención del COVID que afectaban a la libertad de los ciudadanos. Hemos podido observar constantes enfrentamientos de negacionistas o de jóvenes que se concentraban en fiestas contra las fuerzas de orden que intentaba imponer la normas de prevención del COVID. No se trata de añorar o reivindicar un Estado represivo, pero sí de que el Estado logre hacer cumplir las leyes que aprueba en sus instituciones democráticas.La impotencia a la hora de la recaudación fiscal es similar. La sensación ciudadana de que los ricos no pagan es unánime y acertada. La organización de noticias ProPublica logró acceder a los datos de la agencia fiscal estadounidense (Internal Revenue Service) sobre las declaraciones de impuestos de miles de las personas más ricas del país durante los últimos 15 años y descubrió que pagaban muy poco o nada.Frente a esta impotencia e incompetencia de los Estados y poderes públicos en Estados Unidos o en la Unión Europea, han ido emergiendo los países basados en un Estado nación fuerte, cohesionado y con capacidad de diseñar su economía a corto y medio plazo. En realidad no se trata de nada nuevo, incluso las potencias más neoliberales de la actualidad lograron sus avances gracias al poder del Estado comprometido con el desarrollo del país, no de la iniciativa privada. Lo explica el profesor de Relaciones Internacionales Augusto Zamora: Francia en su industrialización entre 1830 y 1848, Estados Unidos en 1850 y después de su guerra civil, Japón después de la restauración Meiji (1868) con el Estado comprando fábricas y tecnología extranjera, España en 1960 también de la mano del Estado. Elementos claves para el desarrollo y avance como las comunicaciones ferroviarias, grandes obras hidráulicas, los desarrollos de nuevas fuentes de energía o la aeronáutica, fueron gestados y ejecutados por los Estados. Lo hemos vuelto a ver en el desarrollo de la vacuna contra el COVID, tanto las públicas como las privadas han sido posibles gracias a las investigaciones del sector público. En cambio, en la historia de la humanidad, las oligarquías económicas solo han traído saqueos y destrucción medioambiental en su búsqueda de beneficio a corto plazo.Una globalización al servicio de las empresasLa globalización económica de las últimas décadas, con los Estados en retirada, ha dejado en manos de esos grupos económicos el diseño de la economía global y así es cómo hemos llegado a esta subasta de gobiernos bajando los impuestos para atraer a empresas. Fruto de esa competencia fiscal entre países hemos visto cómo en la UE el tipo legal de impuestos a las sociedades iban bajando desde 50% en los años ochenta al actual en torno al 22%, algo similar a lo que ha sucedido en Estados Unidos. Total para que al final llevaran sus sedes y declaraciones de ingresos a paraísos fiscales. Es ahora cuando se reacciona con las medidas sugeridas por el G7 o las de la UE con su nuevo movimiento destinado a que las multinacionales declaren dónde se generan sus beneficios y dónde pagan sus impuestos.Apoyándose en una ingeniería fiscal cada vez más sofisticada, los grandes grupos han ido rebajando su factura fiscal aprovechándose de los huecos de la legislación vigente, diseñada en los años veinte del siglo pasado. Esta establece que las empresas abonen sus tributos ahí donde tengan presencia física. Un concepto que se ha vuelto obsoleto en un mundo global y digital. Estas triquiñuelas —en su mayoría legales— han impulsado una carrera a la baja en el impuesto de sociedades en las últimas tres décadas. Tan solo en la UE, el tipo legal ha caído del 50% en los años ochenta a cerca del 22% actual de media en la Unión, fruto de una competición fiscal cada vez más feroz entre países. En cualquier caso, ese porcentaje tampoco se logra aplicar porque las empresas logran burlarlo. Es evidente que las arcas públicas se estaban vaciando, y por tanto las capacidades de las administraciones públicas para atender las necesidades de los ciudadanos, porque los grupos económicos en el mundo de la globalización económica habían encontrado la forma de burlar el pago de impuestos.Según el cálculo realizado por el Observatorio de Fiscalidad de la UE, un nuevo centro de investigación financiado por la Unión que fue presentado este mes en la Comisión Europea, los países europeos recaudarían 50.000 millones de euros más al año en impuestos de sociedades si se aplicase a nivel global un tipo mínimo del 15 % en este tributo para las multinacionales, tal y como se debate actualmente en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La recaudación adicional aumentaría a 100.000 millones de establecer el tipo mínimo efectivo en el 21 % y a 170.000 millones de fijarlo en el 25 %. Se trata de recursos millonarios que podrían servir para atender a los ciudadanos europeos, que hace décadas las empresas estaban pagando a las haciendas públicas y que ahora no se están recaudando a pesar de que son porcentajes sobre beneficios menores incluso de los que paga cualquier empleado por su ingresos por trabajo.Los obstáculosFalta saber si nuestros debilitados Estados son capaces de imponerse a los poderosos grupos económicos que intentarán frenar cualquier medida que permita que los poderes públicos recuperen el protagonismo perdido. No olvidemos que el ámbito donde se ha aprobado la propuesta de esa fiscalidad del 15%, el G7, no tiene un papel decisivo en el proceso sobre la reforma del sistema fiscal a nivel global, liderado por la OCDE y el G20. Este último se reunirá a principios de julio en Venecia en la cita que se considera clave para dar el empujón definitivo a un nuevo orden tributario internacional. En cuanto a la Unión Europea, el Consejo Europeo, que representa a los 27, se reunirá a finales de junio, pero el orden del día no prevé debates sobre la imposición fiscal de las multinacionales. Recordemos que dentro de los países de la UE existen paraísos fiscales de facto, como son Irlanda o los Países Bajos, y que las medidas fiscales que se adopten requieren unanimidad. Una vez más, Estados con las manos atadas porque se encuentran asociados con cuasi paraísos fiscales que bloquearán cualquier armonización fiscal y que seguirán ofertando la opción de convertirse en la sede fiscal de las empresas europeas.En cualquier caso, y para poner en perspectiva la poca ambición del 15% de impuesto a las multinacionales, no olvidemos que los ciudadanos estamos pagando un 21% de Impuesto de Valor Añadido por lo que consumimos y que un trabajador que apenas supera el salario mínimo ya se le aplica una retención fiscal del 24%. Porcentajes de impuestos mayores de lo que el G7 aspira a cobrarle a las empresas.La actual pandemia ha mostrado, una vez más, que se está necesitando una ingente cantidad de recursos públicos para enfrentar la enfermedad y reflotar la economía; y también que los Estado nación fuertes lograron aplicar con eficacia las medidas preventivas entre sus ciudadanos, investigar y descubrir una vacuna y, con toda probabilidad, reactivar su economía dentro de poco. Ha sucedido con los grandes, como China o Rusia, pero también con los pequeños, como Cuba.Evidentemente, un Estado nación fuerte no quiere decir necesariamente que sea más democrático ni siquiera que proporcione más equilibrio y justicia social a los ciudadanos. Lo que sí es indiscutible es que, en la medida en que el Estado tenga la capacidad y la autonomía de tomar decisiones sobre el futuro del país, podrá lograr que se avance y se diseñe una política económica con planificación y con objetivos claros. O dicho de otra manera, el Estado fuerte es condición necesaria pero no suficiente. El problema son los actuales Estado jibarizados por la globalización neoliberal, que ni siquiera cuentan con esa condición necesaria porque no son dueños del futuro de su nación. LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

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