¿Ilegalizarán en España a Izquierda Castellana por razones de forma? "Hay una motivación política"
© Europa Press / Eduardo Parra
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El Ministerio del Interior ha iniciado los procedimientos para extinguir a la formación por no ajustar sus estatutos conforme a la ley de financiación de partidos políticos. Esta considera que el proceso está motivado políticamente y advierte de irregularidades administrativas en su notificación. "El primer aviso no nos llegó", asegura su portavoz.
Pasados apenas 18 años de la sonora ilegalización del partido independentista vasco Batasuna, un juzgado de la Audiencia Nacional, a instancias del Ministerio del Interior, ha abierto un proceso con el fin de poner a Izquierda Castellana (IzCa) al margen de la legalidad. Si a la formación vasca se le acusó de tener vínculos con la organización terrorista ETA, el caso del partido castellano es distinto: se le acusa de no cumplir los preceptos que marca la ley que controla la financiación de partidos políticos.
El 5 de agosto, IzCa recibió una notificación proveniente del Juzgado Central Contencioso-Administrativo número 6 de la Audiencia Nacional en la que se le comunicaba la apertura de un procedimiento abreviado destinado a culminar con la "extinción" legal del partido. El motivo radicaba en que los estatutos de esta formación extraparlamentaria no se ajustan a las enmiendas introducidas a la Ley Orgánica 3/2015 de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos. En esa notificación se aludía a un aviso previo dirigido a la formación el 20 de octubre de 2020 para que, en el plazo de seis meses, modificara sus estatutos de acuerdo a la ley, cuyo caso omiso había provocado el inicio del procedimiento de ilegalización.
👉A IzCa no le fue comunicada la cuestión ni en tiempo ni en forma, como se evidencia en el propio expediente administrativo que nos remiten.
— Izquierda Castellana (@IzcaNacional) August 13, 2021
📨 La comunicación fue enviada a un domicilio erroneo,
😏La de la Audiencia Nacional si llego al correcto..
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Sin embargo, en IzCa niegan haber recibido aviso alguno en octubre, pues en la notificación recibida en agosto en Salamanca se mencionaba que el aviso había sido remitido a una dirección incorrecta en Valladolid. "Lo enviaron a un domicilio erróneo", confirma a Sputnik Luis Ocampo, portavoz del partido. Según él, el partido no tuvo constancia del aprieto en que se encontraba hasta que recibió la información de que el procedimiento para su ilegalización ya estaba en curso, por lo que no ha tenido margen de maniobra para modificar los estatutos en plazo.
"Ya hemos rehecho nuestros estatutos, adaptándolos a las exigencias que nos piden y en breve los remitiremos a los organismos correspondientes, pero todavía tienen que pasar por notaría", explica Ocampo, lamentando que la época vacacional no puede brindar la mayor celeridad en estos trámites.
8 de febrero 2021, 10:41 GMT
¿Una motivación política?
Izquierda Castellana no tiene representación parlamentaria y no siempre concurre a las citas electorales, explica Luis Ocampo. Es un partido que prefiere la movilización social y su puesta en escena en la calle. "Nuestra tarea se dirige a la organización del movimiento popular, que es desde donde pueden producirse los cambios, como en cualquier lugar donde ha habido cambios substanciales", afirma.
El partido, que ya en 2008 sufrió un intento de ilegalización impulsado por la organización Manos Limpias y finalmente archivado en la Audiencia Nacional, aboga por el republicanismo en España y estima que "las victorias" conseguidas en el seno de la sociedad española han tenido lugar "fuera de las posiciones institucionales" y no gracias ellas. "El intento de extinción/ilegalización de IzCa patrocinado por el Ministerio del Interior tiene una motivación política: la pretensión de hacer desaparecer una organización cuya actividad esencial es la denuncia del conjunto de las actividades corruptas, antisociales, antidemocráticas y antipatrióticas del actual Régimen de la II Restauración borbónica", afirma la formación mediante un comunicado.
Un disparate que se intente ilegalizar a @IzcaNacional por detalles administrativos mientras sigue campando a sus anchas el PP, una banda organizada para expoliar el erario público. https://t.co/l8PmnWYczV
— Carlos Sánchez Mato🔻 (@carlossmato) August 9, 2021
Detenido durante el transcurso en 2014 de una manifestación a favor de la república, juzgado y "finalmente absuelto", tiene "muy claro" que el proceso en curso en la Audiencia Nacional busca cercenar la organización de actividades que pongan en duda la validez del actual régimen de monarquía parlamentaria en España. Para él, el envío erróneo del aviso es una prueba. "Tenían el domicilio a efectos de comunicación sin ningún género de dudas", dice, "porque anteriores comunicaciones habían llegado sin problemas".
"Curiosamente, la única notificación que no recibimos y que no recogió nadie es en la que se nos comunica que debemos cambiar los estatutos. Por eso decimos que hay una motivación política, que visten de cuestión administrativa cuando en realidad hacen mal este procedimiento".
La crítica al sistema
El partido se muestra convencido de que el régimen monárquico en España tiene cada vez "menos legitimidad y apoyo social". "De hecho el CIS ya no pregunta por la monarquía", defiende Ocampo. "La legitimidad que debe restaurarse es la republicana, pues el régimen de 1978 se fundamenta en el franquista. Y en esta tarea somos eficaces, independientemente de que tengamos más o menos trascendencia mediática".
"En los grandes medios de comunicación, las referencias sobre nosotros suelen ser criminalizadoras, no pasamos desapercibidos para el sistema. Pero nuestro campo de acción es la lucha en la calle: acciones como Rodea el congreso, la Coordinadora 25-S u otras", señala Ocampo, que también recuerda las acciones emprendidas por IzCa para eliminar de las calles las placas con nombres vinculados al franquismo ("con escalera, cortafríos y mazo") antes incluso de la aprobación de la ley de memoria histórica del presidente José Luis Rodríguez Zapatero de 2007
https://t.co/88es4Zy5A8
— Catalina de Erauso (@CErauso) August 7, 2021
Intento de ilegalización del Partido Izquierda Castellana. pic.twitter.com/254PnzZVJF
La perspectiva de ilegalización
En el Ministerio del Interior rehúsan hacer valoraciones sobre el asunto, tampoco sobre el supuesto error en el envío de la primera notificación a un domicilio erróneo. "Desde el Ministerio del Interior no hacemos valoraciones sobre un procedimiento abierto", se limitan a declarar a Sputnik.
Ante un hipotético desenlace fatal para sus intereses, IzCa no se plantea relanzar su proyecto bajo otras siglas. "Si realmente todo se trata de una cuestión administrativa, lo normal es que se paralice el procedimiento de ilegalización", sostiene Ocampo. "Pero si no, significa que detrás hay alguien que no se da por satisfecho. Vamos a recurrir ante la Audiencia Nacional para defender nuestro estatus de legalidad, algo que nos facilita nuestra comunicación con la sociedad. Somos muy críticos con el régimen monárquico que tenemos".
"Preferimos centrarnos en defender nuestro estatus de legalidad y en última instancia acudiríamos a los tribunales europeos, que se distinguen por mostrar un rigor un poco más democrático. Estamos convencidos de que vamos a frenar el proceso".
La opinión pública
De culminarse su ilegalización, el caso de Izquierda Castellana contrastaría fuertemente con el de Batasuna, acusada en su día de estar vinculada al grupo terrorista vasco ETA. Tampoco han incurrido en financiación ilícita o lícita, aseguran.
"Nosotros no recibimos financiación de las instituciones públicas ni de nadie, sólo por parte de nuestra militancia y simpatizantes", recalca Luis Ocampo. "Se nos pide que adaptemos los estatutos a la ley de 2015, es una cuestión puramente formal, porque los cambios están hechos y los vamos a comunicar. Si ese es el problema, lo normal es que suspendan el procedimiento".
Creo que el resultado es que quieren ilegalizar Izquierda Castellana. Es como lo del cóctel molotov a Podemos que acabó en multa de 2400€ a Podemos pues lo mismo. España, sin ir más lejos
— Arturpersonal (@Artur61personal) August 8, 2021
No se sabe cómo la opinión pública podría recibir la noticia de la eventual ilegalización de un partido político por estos motivos, pero Ocampo espera que el sentido democrático "tenga un coste" y que provoque repercusión, "con independencia de que sigamos recurriendo ante otros niveles de la justicia, ya sea en el Tribunal Supremo, en el Constitucional o en el de Estrasburgo", concluye.
En una auténtica democracia no tendríamos que aplaudir en 2021 sacar a gente de cunetas, cambiar nombres de calles franquistas, luchar contra ilegalización de Izquierda Castellana o ver cómo UP hace comentarios como si estuviera en la oposición y como gobierno actúen como Vox. pic.twitter.com/cy9J1Rt7T6
— Juan Bravo (@Juan1521Bravo) August 12, 2021
