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La lucha que emprende México contra un modelo privatizador de gestión de agua
La lucha que emprende México contra un modelo privatizador de gestión de agua
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En una accidentada sesión de la Comisión Permanente en la Cámara de Diputados mexicana, quedó sin resolver si extenderá o no el período de trabajo de la actual... 19.08.2021, Sputnik Mundo
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dAunque el tema más ampliamente publicitado en torno al motivo que ha provocado a Morena, el Partido gobernante en México, esté vinculado a una regulación faltante para que se pueda realizar la consulta de la revocación de mandato que el зresidente Andrés Manuel López Obrador promueve contra sí mismo, hay al menos dos temas prioritarios en agenda para ser aprobados.Uno de ellos —y tal vez el más ampliamente laudado— es la propuesta de una nueva Ley General de aguas, que sustituya la anterior, sancionada en el año 1994 y que es señalada como la directa responsable de la compleja situación hídrica que atraviesa en el país.Uno de los proyectos de dictamen con mayor consenso está pendiente de su tratamiento y aprobación de la extensión del período extraordinario, que se definirá esta semana en comisiones.Agua para todosSegún la modificación hecha en el artículo 4 de la Constitución mexicana en el año 2012, el Congreso está obligado a legislar en favor de la preservación del derecho humano al agua para todos los mexicanos."Desde el año 2012 los diputados estamos en falta porque no obedecemos el mandato de la creación de una nueva Ley, ahora tenemos la posibilidad y la responsabilidad de hacerlo en el período extraordinario", refirió el diputado oficialista, Diego del Bosque.Tras una amplia articulación bajo el nombre "Agua para todos – Agua para la vida" se articuló una propuesta de dictamen consensuada por investigadores, académicos, organizaciones campesinas y de ejidatarios así como civiles, que contempla los nuevos mandatos constitucionales. Sin embargo, este proceso lleva casi una década sin concluirse.Según explicó el Doctor Octavio Rosas Landa, quien respalda el proyecto de dictamen a estudio en la Cámara de Diputados, México vive problemas "profundos y complejos del conocimiento y gestión del ciclo natural del agua", que han llevado a la destrucción de los flujos subterráneos debido a una extracción excesiva, a su injusta distribución en las grandes urbes, a la contaminación de la industria y como se señaló más arriba, a su concesión sin control."La injusta distribución del agua y su contaminación está vinculado a la falta del control de su uso y al acaparamiento de enormes volúmenes para la producción de productos cada vez menos prioritarios", señaló el experto.La ley sancionada en el año 1994 consagró un modelo de gestión privatizador del recurso común, a la vez que promovió el desmantelamiento de los mecanismos de control, vigilancia y sanción que el estado mexicano tenía a disposición en su constitución, apuntó Rosas Landa.El centro de la propuesta de dictamen pone el centro en el derecho humano al agua, al saneamiento y a la participación ciudadana en la política hídrica, desde la planeación a la vigilancia, que pueda contribuir con el cumplimiento que el Estado debe garantizar entre todos los derechos que se vinculan al líquido vital.
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La lucha que emprende México contra un modelo privatizador de gestión de agua
En una accidentada sesión de la Comisión Permanente en la Cámara de Diputados mexicana, quedó sin resolver si extenderá o no el período de trabajo de la actual legislatura, que oficialmente termina a fines de agosto. Además de la revocación de mandato, otros temas prioritarios aguardan en la agenda.
dAunque el tema más ampliamente publicitado en torno al motivo que ha provocado a Morena, el Partido gobernante en México, esté vinculado a una regulación faltante para que se pueda realizar la consulta de la revocación de mandato que el зresidente Andrés Manuel López Obrador promueve contra sí mismo, hay al menos dos temas prioritarios en agenda para ser aprobados.
Uno de ellos —y tal vez el más ampliamente laudado— es la propuesta de una nueva Ley General de aguas, que sustituya la anterior, sancionada en el año 1994 y que es señalada como la directa responsable de la compleja situación hídrica que atraviesa en el país.
22 de abril 2020, 21:41 GMT
Uno de los proyectos de dictamen con mayor consenso está pendiente de su tratamiento y aprobación de la extensión del período extraordinario, que se definirá esta semana en comisiones.
Según la modificación hecha en el artículo 4 de la Constitución mexicana en el año 2012, el Congreso está obligado a legislar en favor de la preservación del derecho humano al agua para todos los mexicanos.
"Desde el año 2012 los diputados estamos en falta porque no obedecemos el mandato de la creación de una nueva Ley, ahora tenemos la posibilidad y la responsabilidad de hacerlo en el período extraordinario", refirió el diputado oficialista, Diego del Bosque.
Tras una amplia articulación bajo el nombre "Agua para todos – Agua para la vida" se articuló una propuesta de dictamen consensuada por investigadores, académicos, organizaciones campesinas y de ejidatarios así como civiles, que contempla los nuevos mandatos constitucionales. Sin embargo, este proceso lleva casi una década sin concluirse.
"De la ley de 1994 se han entregado más de 500.000 concesiones de agua a grandes empresas, la mayor de los cuales está sobreexplotado, muestra del caos y el desorden que representa el modelo neoliberal de administración del agua en México", apuntó el diputado Del Bosque.
Según explicó el Doctor Octavio Rosas Landa, quien respalda el proyecto de dictamen a estudio en la Cámara de Diputados, México vive problemas "profundos y complejos del conocimiento y gestión del ciclo natural del agua", que han llevado a la destrucción de los flujos subterráneos debido a una extracción excesiva, a su injusta distribución en las grandes urbes, a la contaminación de la industria y como se señaló más arriba, a su concesión sin control.
"La injusta distribución del agua y su contaminación está vinculado a la falta del control de su uso y al acaparamiento de enormes volúmenes para la producción de productos cada vez menos prioritarios", señaló el experto.
9 de junio 2021, 19:05 GMT
La ley sancionada en el año 1994 consagró un modelo de gestión privatizador del recurso común, a la vez que promovió el desmantelamiento de los mecanismos de control, vigilancia y sanción que el estado mexicano tenía a disposición en su constitución, apuntó Rosas Landa.
El centro de la propuesta de dictamen pone el centro en el derecho humano al agua, al saneamiento y a la participación ciudadana en la política hídrica, desde la planeación a la vigilancia, que pueda contribuir con el cumplimiento que el Estado debe garantizar entre todos los derechos que se vinculan al líquido vital.
