Puigdemont, liberado mientras Italia estudia su caso: "La extradición sería un desacato al TGUE"
© AFP 2023 / John Thys
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El expresidente de la Generalitat ha sido puesto en libertad sin medidas cautelares. Una ulterior extradición a España entraría en contradicción con el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), afirman los juristas consultados, pues la representación del Estado en materia procesal le comunicó que la euroorden para su entrega estaba suspendida.
Durante la mañana del 24 de septiembre Carles Puigdemont ha declarado ante un juez en la Corte de Apelación de Sassari, el tribunal italiano encargado de decidir su puesta en libertad o, por el contrario, de mantener su arresto mientras se atiende su posible extradición a España. Finalmente ha fallado su puesta en libertad, que podrá ejercer incluso para abandonar el país, al que tendrá que volver el 4 de octubre para declarar. Mientras tanto, los tribunales italianos resuelven la cuestión de su extradición.
La situación para Puigdemont no es nueva, ya que en 2018 fue detenido en Alemania en circunstancias similares. Entonces también se le puso en libertad, aunque tuvo prohibido abandonar ese país a la espera de la decisión definitiva sobre su extradición, la cual finalmente no se produjo debido a que Alemania la concedió solo por el delito de malversación que pesaba sobre él, pero no por el de rebelión, por lo que las autoridades españolas desistieron y el político catalán pudo regresar a Bélgica.
#Puigdemont Llarena debía saber que esta detención carecía de recorrido porque el TGJUE, que estudia el fondo de un recurso de Puigdemont contra el levantamiento de su inmunidad por el Parlamento Europeo, así lo ha dicho por escrito ofreciéndole al expresident protección cautelar pic.twitter.com/xxeBhwudTK
— Ernesto Ekaizer (@ErnestoEkaizer) September 24, 2021
El contexto actual emana del dictamen emitido el 30 de julio por el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) con sede en Luxemburgo, por el que se retiró la inmunidad a los eurodiputados Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí ante el bajo riesgo de que fueran detenidos, dado que España había desactivado la euroorden. En esa sentencia se desestimó la adopción de medidas cautelares para salvaguardar la inmunidad de los tres eurodiputados luego de que el Europarlamento tramitara el suplicatorio pedido por el Tribunal Supremo de España para levantar la inmunidad excepto cuando acudieran a las sedes de la Eurocámara en Bruselas y Estrasburgo. Es decir, el TGUE no creyó que se pudiera llegar a una situación como la que se ha producido en el aeropuerto de Alguer, en Cerdeña.
24 de septiembre 2021, 15:35 GMT
La perspectiva del fallo
"Lo que dijo el TGUE es que esa euroorden no se puede ejecutar, no se le puede entregar a España", explica a Sputnik Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, quien antes de la decisión de la Corte de Apelación de Sassari ya estimaba "razonable" que se decretara la puesta en libertad de Puigdemont. "Era previsible que el juez dijera que, por mandato del TGUE, la euroorden no se puede activar mientras se resuelve la cuestión de si Puigdemont debe o no estar protegido. Es una sentencia que tardará en llegar, pero mientras se dicta, el TGUE ha dicho que no se puede ejecutar".
"Si hay finalmente extradición, sería un desacato al TGUE y pondría a España e Italia en una situación muy delicada, porque se estaría diciendo que los jueces españoles e italianos no obedecen al TGUE. Una extradición sería un desafío al TGUE, un daño terrible para la UE de consecuencias imprevisibles".
A diferencia del TGUE, para España, las reclamaciones internacionales derivadas de la orden diseñada por el juez Llarena en el Tribunal Supremo nunca se desactivaron. "La disfunción se produce porque el magistrado instructor, el juez Llarena, dice que no ha retirado nada y para él la euroorden sigue activa. Pero el último movimiento del Estado visto desde el exterior es que estaba suspendida", declara a Sputnik Jaume Alonso-Cuevillas, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona.
"La clave está en que, desde fuera, el Estado es uno. Por lo tanto, a mí no me venga con sus problemas internos de si el juez ha mantenido la euroorden y la abogada del Estado la ha retirado. Porque la representación procesal de España pertenece a la Abogacía del Estado, quedijo que la euroorden estaba suspendida. Así que esta es la posición del Estado español y la que vale para Luxemburgo".
"Por tanto", continúa Alonso-Cuevillas, "con la resolución del Tribunal Superior de Justicia, que levantó las medidas cautelarísimas y que mantiene el levantamiento de la suspensión, no es necesario mantenerlas por cuanto la euroorden está suspendida. Y en caso de que haya una nueva, pídanos otras cautelarísimas, que se las damos. La clave está ahí; España como Estado lo había dejado en suspensión".
Para el politólogo Josep Costa, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, el asunto también radica en el léxico. "No emplean la palabra desactivada, sino que el procedimiento está suspendido y no se va a ejecutar en ningún país de la UE. Es decir, no llegan a decir que el sistema de Schengen se va a desactivar. En la buena fe procesal, tal y como se entiende en Europa, esto es inconcebible", declara a Sputnik.
🔴"El efecto de cualquier cuestión prejudicial es precisamente la suspensión en el procedimiento en el que se solicita.
— Josep Costa (@josepcosta) September 24, 2021
En este caso, afectando a las órdenes de detención europea, ningún órgano judicial de la UE podría ejecutar la misma mientras el TJUE no resuelva la cuestión." pic.twitter.com/ro4CzEZVC2
¿Qué podría dictar el juez?
Los juristas consultados veían poco probable que no se fallara la puesta en libertad de Carles Puigdemont mientras se atiende el estudio de su extradición. "Se abrían entonces una serie de interrogantes", asegura Urías. "Para empezar, ante el TGUE España dijo en julio claramente que en este momento la euroorden no se podía ejecutar por ningún juez. Y en base a eso, el TGUE no tomó ninguna medida extraordinaria para proteger a Puigdemont. Vino a decir: 'No hace falta protegerlo porque España ha dicho que no se le va a detener'".
Las autoridades españolas afirman que en este momento ningún tribunal de la Unión Europea puede ejecutar la orden de detención que se dictó. pic.twitter.com/zqrj5UbKCC
— Joaquín Urias (@jpurias) September 23, 2021
También apostaba por su puesta en libertad Alonso-Cuevillas, quien cree que España ha cometido "un error" en el caso de Puigdemont debido a que "confunde las relaciones diplomáticas y la cercanía entre Gobiernos con el funcionamiento de los sistemas judiciales". "Ya les pasó en Alemania, pensando en la sintonía que se podía crear con los jueces. Pero estos, ya sea en España, Italia o Alemania, son ajenos a las presiones políticas. España puede no tener neutralidad respecto al conflicto catalán, pero no es un problema de independencia judicial. Y el juez ha actuado conforme a lo que jurídicamente creía conveniente, y le trae sin cuidado lo que opine el Gobierno español o el italiano", afirma.
"El ministro de Justicia italiano está ahora estudiando la resolución del TGUE del 30 de julio para fijar la posición de la Fiscalía italiana. Lo más lógico es que diga que hay que atenerse al marco enunciado por Luxemburgo", intuye Josep Costa. "La defensa de Puigdemont tiene un auto firmado por el presidente del TGUE donde dice que a este señor por ahora no se le puede tocar. Y ese auto está por encima del juez", remata Urías.
Independentistas protestan cerca del consulado de Italia en Barcelona por la detención de Puigdemont
24 de septiembre 2021, 08:53 GMT
¿Por qué se le arrestó?
Entre las razones posibles, Joaquín Urías no descarta una "iniciativa propia" de la policía italiana, pues la orden internacional de busca y captura sigue en sus ordenadores y "salta como alarma". Pero Jaume Alonso-Cuevillas no lo ve así: "No es cuestión de que salte una alerta, había ya todo un despliegue policial esperándole; el Gobierno italiano y el español estaban al tanto, porque las repercusiones políticas son grandes".
El abogado del expresidente Puigdemont, Gonzalo Boye, ha asegurado que entre los agentes de seguridad italianos que "se dirigieron directamente a él para arrestarlo" figuraban también dos policías españoles. "Había una veintena de carabinieri esperándole", confirma Alonso-Cuevillas. "El Gobierno español se escuda en la separación de poderes y afirma que la cuestión no va con él, pero lo cierto es que no podían desconocerlo. Dieron la luz verde política a todo esto".
Boye atribuyó en rueda prensa telemática la detención de Puigdemont en Italia a que 🚩«alguien ha sobremotivado a los policías del aeropuerto de Cerdeña» y a una «suerte de engaño» de la justicia española al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE).
— Ernesto Collazo (@ErnestoSuidry) September 24, 2021
"El Estado está bastante alineado con todo esto", resalta Josep Costa, que no percibe que el Gobierno sea ajeno a lo que está ocurriendo. "Porque de una manera u otra, ya sea a través del Ministerio de Exteriores y de la representación en el TGUE, es culpable de esta situación".
"Al TGUE lo ha engañado, diciéndole que no iba a pasar nada, posibilitando así finalmente que pase. Por eso la responsabilidad del Gobierno es decisiva, más allá del TS, que ya se sabía que no iba a hacer concesiones".
Consecuencias y repercusión política
El desenlace final de la detención de Carles Puigdemont en Cerdeña habrá de reflejarse en el clima político interno español y catalán. En un momento en que el Gobierno de Pedro Sánchez y el Govern de Pere Aragonés avanzan sus conversaciones inmersos en la Mesa de Diálogo para Cataluña, una eventual extradición de Carles Puigdemont cambiaría por completo cualquier panorama.
"Una extradición a España daría alas a Vox, que pierde fuelle en las encuestas porque Cataluña ya no es vista como el gran problema", opina Joaquín Urías. "Se rompería un poco el diálogo en la Mesa, donde ERC no podría seguir en la posición de templar ánimos, porque tendría entonces que defenderlo". Por su parte, Josep Costa piensa que el asunto perjudica al Gobierno español desde el primer momento: "Ellos preferirían no hablar del tema catalán y que no protagonice la agenda política, porque es algo que inflama a la derecha", asegura, "aunque no hay ninguna actuación de la Fiscalía General o de la Abogacía del Estado que se diferencie de la línea represiva del PP".
Sánchez debe apoyar a la Justicia española en su reclamación a Italia y en las instituciones europeas.
— Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) September 24, 2021
La Justicia española debe prevalecer frente a cualquier interés partidista para seguir usando el poder. pic.twitter.com/LRdKc97L6c
"Todos los partidos se están relamiendo", señala Jaume Alonso-Cuevillas, que es también diputado por JxCat y portavoz de la comisión de Exteriores en el Parlament de Cataluña. "Puigdemont es el enemigo a batir tanto por unionistas como el resto de independentistas. Las repercusiones políticas dependerán de la evolución judicial. Si se acaba produciendo su extradición, a España le sacarán una tarjeta amarilla o roja. El coscorrón que puede recibir el Estado español será tremendo".
A partir d’ara la posició d’@Esquerra_ERC es pot complicar i de retruc la del @PSOE que pot penedir-se de no haver reformat el Codi Penal i d’haver-ho fiat tot als indults i a la mesa de diàleg.
— Astrid Barrio (@AstridBarrio) September 23, 2021
En el Gobierno español se muestran aparentemente tranquilos y manifiestan que su detención en Cerdeña ha obedecido" a un procedimiento judicial en curso". Pedro Sánchez insiste en la necesidad del diálogo entre las administraciones catalana y española.
Hoy más que nunca, es importante reivindicar la importancia de seguir impulsando el diálogo de Cataluña con el resto de España y también entre catalanes y catalanas. Este Gobierno está completamente comprometido con esta cuestión y aboga por la concordia y el reencuentro. pic.twitter.com/ZHgNre1HCm
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 24, 2021
Para Josep Costa, estas manifestaciones entran dentro de lo previsible. "El Gobierno está buscando sus canales para vender el relato de que Pedro Sánchez prometió traer a Puigdemont, satisfaciendo así al ala derecha de su partido". Costa concluye subrayando "la influencia de esto de cara al aniversario del 1 de octubre", que habrá de recibir un "empuje importante", habida cuenta de las movilizaciones el 11 de septiembre con motivo de la Diada, "que han mostrado que el independentismo ha tocado fondo, pero a un nivel muy alto y pese a la pandemia".
"Sánchez intenta sobrevolar sobre el asunto como si la cosa no fuera con él, pero el Ministerio de Exteriores y la Abogacía del Estado dependen de su Gobierno. A Sánchez le interesa que no se hable del tema, le altera la agenda mediática. También le incomoda a ERC, que tiene una estrategia muy sólida de apuesta por rebajar el conflicto, y ahora tendrá que gesticular y culpar a los jueces de derechas y salvar un poco la cara a Sánchez".
