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La información pública, mucho más que un arma contra la corrupción en América Latina

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Expedientes en un archivo. Imagen referencial - Sputnik Mundo, 1920, 28.09.2021
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Tener derecho a acceder a información pública no debe ser visto como un "fin en sí mismo" ni como una garantía contra la corrupción latinoamericana, dijo a Sputnik el consultor de Unesco Marcos Mendiburu. El experto remarcó la importancia de utilizar la herramienta para lograr "otros derechos" y reveló qué lección dejó la pandemia.
La gran mayoría de los ciudadanos latinoamericanos jamás presentará un pedido de acceso a la información pública, un derecho que si bien la mayoría de los países de la región ha garantizado en lo que va del siglo XXI, está lejos de ser ejercido por todos. De todos modos, la paulatina adhesión de funcionarios públicos y el avance de la "transparencia activa" son buenas noticias en ese camino, dijo a Sputnik el experto argentino Marcos Mendiburu.
Para el consultor de Unesco en materia de acceso a la información, el derecho al acceso a la información pública ha evolucionado de ser únicamente la posibilidad de presentar solicitudes ante los organismos hacia comprender que "las propias instituciones y otros sujetos obligados divulguen la información en forma proactiva y sin necesidad de solicitudes".
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Mendiburu enfatizó la relevancia de que los organismos pongan a disposición la información en contraposición a la certeza de que "muchas personas nunca van a presentar una solicitud". Ese dato, de hecho, derribó uno de los mitos contra las leyes de acceso a la información pública: el de que las administraciones públicas se saturarían de recursos.
Según el experto, suele considerarse al acceso a la información pública como una herramienta de utilidad exclusiva para combatir la corrupción y garantizar la transparencia, cuando puede haber otras aristas más útiles para poblaciones vulnerables.
"La ciudadanía está preocupada por la transparencia pero no al grado que algunos lo plantean. Honestamente creo que lo que le importa a la gente no es el acceso a la información como un fin en sí mismo sino en la medida en que le permite solucionar los problemas diarios de su vida", explicó.
En efecto, Mendiburu consideró que garantizar el acceso a la información pública puede ser clave para que poblaciones en contexto vulnerable accedan a servicios públicos. En ese sentido, citó el caso de unas 200 mujeres rurales de Guatemala que, gracias a un pedido de acceso a información pública, lograron vincularse con programas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para realizar huertos comunitarios y alimentar a su comunidad.
Según Mendiburu, en ocasiones se suele ver a los pedidos de acceso a la información pública como "un fin en sí mismo" cuando, en realidad, puede resultar en "un concepto bastante abstracto para gente que tiene que sobrevivir día a día".
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En ese sentido, el experto prefirió no ver a esta herramienta como un mero recurso contra la corrupción política, ya que "es una herramienta importante pero por sí sola no va a resolver nada". En cambio, plantea comenzar a entender este derecho como un medio para "permitir el acceso a otros derechos", algo que sucede cuando la información pública se pone a disposición de las comunidades.
Para el consultor de Unesco, este aspecto se conecta con la necesidad de garantizar el acceso a la información pública en gobiernos municipales y provinciales, uno de los desafíos actuales que tiene América Latina en este campo. Si bien consideró que México ha legislado bien en la materia, aún es un debe para otros países federales de América Latina como Argentina y Brasil.

El secretismo y los grises de la reglamentación

Mendiburu reconoció que la tendencia a resguardar información es todavía "una cuestión cultural que a traviesa a toda la sociedad y no solo a los funcionarios públicos", por lo que el camino hacia un mejor acceso a la información pública aún tiene varios desafíos por delante.
Uno de esos desafíos es repensar la reserva que suele caer sobre la información pública que también vincula a empresas privadas u organizaciones sociales que administran fondos públicos. Los detalles de esos contratos suelen quedar bajo reserva para proteger los intereses de los actores que no integran la administración pública.
Mendiburu recordó que esos casos suelen estar comprendidos en las excepciones que las diferentes normativas reconocen a la información pública. Sin embargo, consideró que la pandemia de COVID-19 y los contratos firmados entre los estados y los fabricantes de las vacunas demostraron la relevancia que puede tener para la población este tipo de acuerdos.
"La pandemia dejó en claro que tendrían que revisarse algunos casos, como los contratos de acceso a la vacunación y otros elementos médicos en el contexto sanitario", apuntó.
El experto sostuvo que esos "grises" entre información pública y privada deben ser reconsiderados porque "hay mucha información en manos del sector privado y esos privados hacen muchos negocios e interactúan mucho con el sector público".
Si bien se notó más con la pandemia, Mendiburu ratificó que las situaciones de emergencia como sismos, huracanas u otros desastres naturales hacen más necesarios los mecanismos de acceso a la información, dada la necesidad de conocer "cómo se hace uso de los recursos para la reconstrucción".
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El consultor de Unesco remarcó que para atender esos "grises" es crucial la labor de los organismos especializados que, en cada país, están encargados de velar por el cumplimiento del derecho al acceso a la información pública.
Parte del desafío latinoamericano a futuro es, precisamente, que los países mejoren la implementación de sus sistemas de acceso a la información pública. En ese marco, Mendiburu consideró que es preciso "fortalecer la independencia" de esos organismos garantes del derecho, en ocasiones cuestionados por los propios gobiernos, debilitados institucionalmente o incluso castigados con menores asignaciones presupuestales que las necesarias para cumplir con sus objetivos.
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