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Nicaragua, la OEA y palomas de basílicas

© Sputnik / Dmitriy ZnamenskiyBandera de Nicaragua
Bandera de Nicaragua  - Sputnik Mundo, 1920, 20.10.2021
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MANAGUA (Sputnik) — El Gobierno de Nicaragua y la Organización de los Estados Americanos (OEA) escribieron un capítulo más de una saga de encontronazos políticos, y sobre la mesa de una reunión del Consejo Permanente del organismo hemisférico figuró la situación del sector opositor nicaragüense más radical.
"No son palomas de basílicas las que hoy enfrentan el peso de las leyes, son instigadores, asesinos y destructores", señaló en una declaración pública el Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) en referencia a los más de 30 políticos, empresarios y comunicadores presos desde los primeros días de junio.
Como entre ese grupo se encuentran siete opositores —Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre— que habían manifestado su intención de aspirar a la presidencia de la República en las elecciones generales del próximo 7 de noviembre, la OEA volvió a pedir su "inmediata liberación", a través de una resolución aprobada por su Consejo Permanente.
Managua contrarrestó la resolución con el citado texto, en el que subraya que estos no fueron detenidos por sus opiniones políticas.
"En nuestro país no hay un solo candidato detenido, ni uno, no hay un solo inocente procesado, ni uno, los que están siendo objeto de procesos legales son agentes extranjeros, identificados plenamente en nóminas de gobiernos extranjeros, que usando las estructuras de instituciones privadas internaron millones de dólares para destruir, matar, quebrar la economía y subvertir el orden constitucional", alegó el Ejecutivo nicaragüense.

Campaña electoral

El proceso electoral en marcha enfrenta desde el inicio presiones originadas en los principales centros occidentales de poder, más la propia OEA y la Unión Europa, que le exigen a Managua "elecciones, libres, competitivas y transparentes".
Al respecto, la declaración gubernamental nicaragüense reseñó las acciones enmarcadas en la carrera hacia los comicios, en los que votarán casi 4,5 millones de ciudadanos, y destacó la participación de una docena de partidos políticos tras las reformas electorales aprobadas por la Asamblea Nacional (parlamento) el 4 de mayo.
El Gobierno de Daniel Ortega también se refirió a la pérdida de personería jurídica de tres de las formaciones opositoras, y señaló que estas se "autoexcluyeron" de la competencia.
Recordó que al Partido Conservador le fue retirada la personería luego de que declarara que no presentaría candidatos a la lid electoral, lo cual "es causa de disolución de oficio".
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El Gobierno de Nicaragua afirma que en la OEA que no existe ningún candidato detenido
Por su parte, según el Gobierno, el Partido de Restauración Democrática la perdió tras realizar "alianzas de hecho con estructuras no autorizadas por sus propias instancias" y, a solicitud de sus dirigentes, "se canceló dicha alianza".
Por último, la personería de Ciudadanos por la Libertad, que se perfilaba como la formación opositora mejor organizada para enfrentar en las urnas al FSLN, fue retirada por el Consejo Supremo Electoral debido a que su máxima autoridad —Carmella Rogers, también conocida como Kitty Monterrey— posee ciudadanía extranjera (estadounidense).
La Constitución Política de Nicaragua, de 1987, especifica que los extranjeros no tienen derechos políticos partidarios institucionales y por tanto "sus actos se declaran nulos, porque de la nulidad, no nace derecho".

Resolución del consejo permanente

La segunda declaración aprobada por la OEA sobre Nicaragua reiteró "su llamado para la liberación inmediata de los candidatos presidenciales y de los presos políticos" y expresó "su grave preocupación por la circunstancia de que los intentos del Consejo Permanente de comprometer al Gobierno de Nicaragua a la celebración de elecciones libres y justas han sido ignorados".
Además de acusar al Gobierno sandinista de "minar el proceso electoral", lo urgió "con vehemencia a poner en práctica sin demora los principios de la Carta Democrática Interamericana".
El organismo hemisférico se pronunció por adoptar otras acciones, "incluida una valoración de las elecciones del 7 de noviembre durante el 51mo. período ordinario de sesiones de la Asamblea General".
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Grupo de solidaridad con Nicaragua advierte que la OEA puede reeditar lo ocurrido en Bolivia
El documento fue aprobado por 26 estados miembros, mientras Argentina, Barbados, Bolivia, Guatemala, México y San Vicente y Las Granadinas optaron por la abstención.
Al explicar la posición de su país, el embajador de Bolivia, Héctor Arce, recordó la "nefasta" participación de la secretaría general de la OEA en las elecciones de 2019 en su país y la acusó de posibilitar una "interrupción del orden democrático" mediante su informe sobre los comicios de ese año.
En consecuencia, expresó que Bolivia "aboga por la independencia y soberanía de los pueblos y estará atenta y vigilante de que no se comete un atropello en contra de ningún país que soberanamente lleve adelante sus procesos electorales y resuelva sus situaciones internas".
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