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Gatillo fácil y discriminación: otra muerte a manos de la Policía lastima a Argentina

© Foto : Twitter/Ministerio de Seguridad de Santa FePolicía de la provincia argentina de Santa Fe
Policía de la provincia argentina de Santa Fe - Sputnik Mundo, 1920, 20.11.2021
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Lucas González (17 años), futbolista de inferiores, murió por recibir dos disparos en la cabeza realizados por agentes de la Policía de la ciudad de Buenos Aires, luego de una persecución al auto en el cual viajaba con tres amigos cuando volvían de entrenar. Denunciaron que buscaban incriminarlos. Tres oficiales fueron separados y detenidos.
Cuatro jóvenes volvían en auto del club Barracas Central, del barrio homónimo en sur de la ciudad de Buenos Aires, que compite en la liga de Primera B Nacional de Argentina. Eran las 10 de la mañana de un día de sol, el miércoles 17 de noviembre, cuando llegaron a la zona de uno de los ingresos de la Villa 21-24, de donde algunos eran vecinos.
Lucas González, de 17 años, jugador de las inferiores, viajaba en el asiento del acompañante, después de entrenar. En el auto iban otros tres amigos; se habían ido a probar a club, soñaban con la esperanza de ser seleccionados, de que ese día podría cambiarles la vida. Pero no de esta manera.
Un vehículo sin identificación policial con tres agentes sin uniforme, los interceptó. En un nuevo caso de gatillo fácil, dispararon al asiento del acompañante. Lucas recibió dos impactos en la cabeza. Horas más tarde fue diagnosticado en el hospital con muerte cerebral y falleció el jueves 18.
"Quienes vivimos en los barrios populares estamos acostumbrados a este tipo de malas noticias. La represión estatal por parte de las fuerzas de seguridad la vivimos de manera histórica: el hostigamiento, las amenazas, las requisas por 'portación de cara' constantes, sobre todo a adolescentes. Hoy Barracas está consternada, sobre todo las villas 21-24 y Zavaleta", dijo a Sputnik Nelson Santacruz, referente de la organización social La Poderosa en esos barrios.
Una pistola de juguete apareció en el coche, como parte del relato de los agentes. Dos de los jóvenes fueron detenidos en el acto y uno se escapó, pero se presentó horas más tarde en la comisaría acompañado de su madre para dar testimonio de lo ocurrido. Los tres fueron liberados a las horas. Contradijeron la versión de los policías, que fueron separados de la fuerza.
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En un principio, la versión policial fue la que circuló, pero cobró resonancia la verdad, en primer lugar por tratarse de un jugador de fútbol, por lo que periodistas deportivos pusieron foco en el tema. La familia y vecinos, apoyados por las organizaciones populares y los medios alternativos, salieron a las calles a reclamar justicia y visibilizar el encubrimiento.
"Queremos justicia por Lucas, para esta maldita Policía, para que vayan presos, porque son unos delincuentes. Quisieron ensuciar a cuatro nenes que venían de jugar a la pelota. Basta, Argentina, démonos cuenta, esto se tiene que acabar. No queremos más chicos asesinados por la Policía, que los incriminan poniéndoles una pistola de plástico, como quisieron hacer con Lucas", reclamó a la prensa el tío del joven.

Represión y enfoque punitivo

Estas presiones llevaron a una respuesta oficial de parte de los Gobiernos nacional y porteño, señalados por organismos como la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) por el aumento de los casos de gatillo fácil y brutalidad de las fuerzas de seguridad a nivel nacional y distrital.
"Nuestra principal preocupación es el crecimiento permanente y sistemático de estos casos que, lejos de ser hechos aislados, se demuestra que son una política de Estado, por su reiteración de un hecho a otro y porque son idénticos el manejo de la escena del crimen, las excusas, la difusión mediática. El diferencial del caso de Lucas fue porque era jugador de fútbol", dijo a Sputnik la abogada María de Carmen Verdú, referente de Correpi, conocida por su defensa de víctimas de la represión policial.
El jefe de la Policía de la ciudad de Buenos Aires, Gabriel Berard, comunicó que hubo mala actuación del personal por no haber recibido fuego, consideró el hecho como grave y se lamentó porque afecta negativamente la imagen de la fuerza.
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El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, aseguró que se trató de un hecho aislado y separó el accionar de los tres agentes involucrados del resto del cuerpo policial. Solicitó al juez interviniente la detención del inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas, agentes de la seccional de la Comuna 4.
El 10 de diciembre de 2019, día que asumió la presidencia, Alberto Fernández dijo ante la Asamblea Legislativa: “Debemos escapar al gatillo fácil y a la lógica de la muerte por la espalda”, en referencia a la política de mano dura aplicada durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y de la exministra de Seguridad nacional Patricia Bullrich.
Bullrich reivindicó el proceder del expolicía de la ciudad Luis Chocobar, quien el 8 de diciembre de 2017, disparó dos veces por la espalda y asesinó a un joven de 18 años, Pablo Kukoc, que ya estaba huyendo tras haber atacado con cuchillo a un turista en el barrio de La Boca.
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A partir de este hecho, la ministra Bullrich emitió, en 2018, un reglamento para el uso de armas de fuego ampliando los casos en que las fuerzas de seguridad podían usarlas cuando una persona que supuestamente cometió un delito no está armada.
"El partido de Macri es el mismo que gobierna la ciudad de Buenos Aires, no hace falta aclarar mucho su política de in-seguridad para la gente. Las barriadas populares, los pibes jóvenes y pobres como víctimas son sistemáticos", explicó la abogada.

El discurso de mano dura gana fuerza

Verdú se refirió a los discursos a favor de aumentar la represión expresados durante la campaña electoral que culminó este 14 de noviembre, en la cual candidatos de derecha, como los economistas Javier Milei, por la ciudad de Buenos Aires, y José Luis Espert, por la provincia de Buenos Aires, predicaron la mano dura.
"La derecha libertaria, con Milei y Espert, habla de hacer 'queso gruyere' con los delincuentes. Pero del otro lado, Sergio Berni [ministro de Seguridad bonaerense, del oficialismo], se ataja diciendo que tiene 150 delincuentes 'abatidos' en dos años de gestión, como si eso fuera un mérito", destacó.
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La titular de la Correpi aseguró que, a pesar de que Alberto Fernández dio buenas señales al principio del mandato, como con la derogación del protocolo instaurado por Patricia Bullrich durante su gestión como ministra de Seguridad, la violencia institucional comenzó a crecer durante la pandemia a nivel nacional, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en distritos del interior del país.
La Correpi recopila datos de gatillo fácil en Argentina y contabilizó 7.587 casos desde el regreso de la democracia, posterior al fin de la última dictadura cívico-militar (1976-1983), y contó 411 entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020.
"Nos persiguen por el color de piel, por la gorrita con visera que usamos, por el suelo que habitamos. En Argentina está fuertemente estigmatizado cumplir con el estereotipo de ser morocho y usar ropa deportiva, que es una identidad cultural. Los villeros y villeras tomamos ese estigma y lo hacemos bandera, lo reivindicamos y lo hacemos discurso político", insistió Santacruz, de La Poderosa.
Santacruz destacó que el crimen de Lucas se suma al de Lautaro Rosé, de 18 años, quien el 8 de noviembre, en la provincia de Corrientes (noreste), desapareció luego de una razia policial y fue encontrado días después golpeado y ahogado en el río Paraná, hecho por el que fueron señalados tres policías locales.
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"Demandamos una capacitación más exhaustiva y humana para actuar. Nosotros no queremos que las fuerzas de seguridad se vayan de los barrios, queremos que hagan su trabajo como corresponde. Es necesario que todo esto se traduzca en políticas públicas para que de una buena vez dejen de matar a las personas empobrecidas y sobre todo a nuestras juventudes", concluyó el portavoz popular.
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