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Pueblos originarios, la otra resistencia que busca frenar el 'fracking' ante la reforma de AMLO

© Foto : Pixabay / SkeezeFracking (imagen referencial)
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Al menos una decena de organizaciones de pueblos originarios presentaron ante el gobierno federal una serie de puntos con los que buscan ser parte de la discusión alrededor de la reforma energética impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
"Los pueblos y organizaciones indígenas exigimos que se respete nuestro derecho a la libre determinación. Por eso, exigimos ser partícipes en el sector energético que durante décadas nos ha violentado, con el despojo de nuestros bienes naturales y nuestros territorios", dijo Mario Castillo Quintero, integrante de la Asamblea de pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y el territorio de Oaxaca.
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Castillo señaló que en esta zona los pueblos han visto cómo los bienes naturales se han explotado para generar, almacenar y transmitir energía eléctrica. Dicho abuso no solo ha venido por de las empresas privadas, sino también de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y "sin ningún beneficio real para los pueblos", señala.
En el Istmo de Tehuantepec el recurso explotado es el viento el cual sirve para generar energía eléctrica, pero paradójicamente existen pueblos y comunidades originarias sin acceso al recurso, con suministro insuficiente o por el cual tienen que pagar altas tarifas.
Ante ello, más de una decena de comunidades han externado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador su interés en formar parte de la discusión alrededor de la reforma energética, siendo el centro de su propuesta poner un alto al fracking, una técnica de fractura hidráulica para la extracción de petróleo y gas de esquisto. ¿Cómo se logra esto? Cambiando la Constitución.
Ofelio Julián Hernández, integrante de la Unión de cooperativas Tosepan Titaniske, explicó que aunque la reforma que impulsa el actual gobierno de México tiene como base una "confianza ciega" en la CFE, una institución que también ha ejercido violencia y criminalizado a quienes se oponen a sus proyectos. Un ejemplo, refirió, es la lucha de Cuetzalan, un poblado ubicado en el estado de Puebla, el cual luchó contra el ingreso del fracking sus territorios.

"La reforma es una oportunidad para prohibir la fractura hidráulica en México. Las comunidades y organizaciones de la Huasteca potosina y de otras regiones afectadas y codiciadas por la industria del fracking, demandamos que una reforma constitucional nos libre de esta amenaza", apuntó Rogel del Rosal Valladares, integrante de la Coordinación de organizaciones campesinas e indígenas de la huasteca potosina.

¿Qué proponen?

La propuesta de los pueblos originarios tiene cuatro puntos básicos:
1.
Que la Reforma energética proteja y respete los derechos territoriales y colectivos para prevenir que continúe el despojo "por parte de empresas privadas de energías y de la Comisión Federal de Electricidad", amparándose en los derechos reconocidos en la Constitución mexicana y en el Convenio 169 de la OIT.
2.
Que se prohíba el fracking en la Constitución mexicana, referido a la tecnología de fractura hidráulica de las capas del subsuelo, inyectando químicos disueltos en agua para extraer petróleo y gas de esquisto, o shale.
3.
Que se reconozca el derecho de las comunidades antes mencionadas a tener mecanismos de generación de energía renovable propios. Que esto sea legalmente respaldado y que se reconozca el papel del Estado en el fomento de proyectos de autoabasto de electricidad y de venta de energía a la red pública, mismos que pueden funcionar como una fuente de financiamiento colectivo.
4.
Que se explicite en la reforma constitucional que México reconoce el derecho humano a la energía eléctrica, la cual debe ser "suficiente, aceptable, asequible y de calidad".
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"Los pueblos indígenas tenemos una relación muy estrecha con la naturaleza y la hemos utilizado de forma sostenible, pero los intereses privados y las acciones de los gobiernos están destruyendo la base de nuestra vida", dijo Feliciano Cervantes Alváñez, comunero de El Mayor Cucapá y Presidente del Concejo Estatal para el rescate de los pueblos indígenas de Baja California.
La propuesta indígena para la Reforma energética fue suscrita por la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec, en defensa de la tierra y el territorio, de Oaxaca; la Unión de Cooperativas Tosepan Titaniske, de Puebla; el Consejo Maseual Altépetl Tajpianij, de Puebla y Veracruz; la Coordinadora de organizaciones campesinas e indígenas de la Huasteca Potosina; el Concejo estatal para el rescate de los pueblos indígenas de Baja California; Comuneros de Ciudad Ixtepec en defensa del territorio, de Oaxaca; el Consejo Maya del poniente Chikin´Já, de Yucatán; así como ejidatarios de las comunidades Sacalum, Ixil, San José Tibceh, Celestún y Kinchil, de Yucatán.
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