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Indígenas de Ecuador evaluarán la falta de respuesta del Gobierno sobre los combustibles

© AP Photo / Fernando VergaraLeonidas Iza, dirigente indígena de Ecuador
Leonidas Iza, dirigente indígena de Ecuador - Sputnik Mundo, 1920, 26.11.2021
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QUITO (Sputnik) — El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, confirmó que un Consejo Ampliado de esa organización tomará decisiones ante la falta de respuesta del Ejecutivo al pedido del congelamiento del precio de los combustibles y otras demandas del movimiento.
"Mañana (sábado) tendremos un Consejo Ampliado para tomar decisiones colectivas sobre la nula respuesta del Gobierno nacional en torno a seis temas, primero el congelamiento de los precios de los combustibles en 1,50 dólares el galón de diésel y en 2,10 dólares la gasolina extra", dijo Iza, entrevistado por la cadena radial Sonorama.
Desde el pasado 23 de octubre, en el país sudamericano se comercializa el galón de diésel en 1,90 dólares y en 2,55 la gasolina extra (corriente).
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En esa fecha, el presidente Guillermo Lasso decretó la suspensión del sistema de bandas que permitía el alza mensual de los precios de los carburantes establecida por el Gobierno de Lenín Moreno (2017-2021).
Según Iza, el jueves venció el plazo de 15 días que pidieron las autoridades para dar una respuesta sobre la propuesta de la Conaie, realizada en un primer diálogo Lasso y varios ministros el pasado 10 de noviembre.
El tema de los combustibles es considerado el más sensible dentro de la propuesta entregada al Ejecutivo.
El movimiento indígena pide además la moratoria de las deudas de los pequeños productores y la reducción de las tasas de interés en el sistema financiero; el control de los precios de sustentación de los productos del campo; políticas públicas concertadas con el movimiento indígena y organizaciones sociales; y, frenar la precarización laboral.
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Adicionalmente reclama la moratoria a la ampliación de la frontera extractiva de petróleo y se opone a la minería a cielo abierto.
Al Consejo Ampliado está convocada la estructura orgánica de la Conaie representada por sus tres filiales regionales, Ecuarunari (Sierra), Conaice (Costa) y Confeniae (Amazonía).
El encuentro se realizará en la comunidad de Unión Base, cantón Puyo, en la provincia amazónica de Pastaza (este).

Proyecto minero

Las comunidades de la etnia Shuar-Arutam, asentadas en la provincia amazónica de Morona Santiago (este de Ecuador) y la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del país pidieron a la Corte Constitucional (CC) que acepte el recurso de Acción de Protección Extraordinaria contra el proyecto minero Panantza-San Carlos, y que se deje sin efecto su licencia ambiental.
"Panantza-San Carlos opera en violación del artículo 57, numeral 7 de la Constitución, que garantiza el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas sobre planes y programas de recursos no renovables que puedan afectar a sus territorios", dijo en conferencia de prensa la abogada de la comunidad Shuar-Arutam y miembro del equipo jurídico de la Alianza por los Derechos Humanos, Verónica Potes.
En 2015 los demandantes presentaron un recurso extraordinario de protección ante la CC pero recién el jueves se realizó la audiencia del caso.
En la audiencia, varios líderes de la nacionalidad Shuar ratificaron que no fueron consultados según sus estructuras organizativas, por lo que se incumplió la norma constitucional que garantiza ese derecho a los pueblos indígenas.
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Mientras tanto, los abogados del Estado basan la defensa en un proceso de socialización, dijo Potes.
Sin embargo, según la jurista, esa socialización de ninguna manera puede ser considerada como consulta previa, libre e informada.
En la misma conferencia de prensa, la presidenta de la nacionalidad Shuar–Arutam, Josefina Tunki, dijo que los pueblos ancestrales se encuentran en posesión del territorio de la provincia de Morona - Santiago desde antes de la Conquista española.
Agregó que desde esa época, sucesivos gobiernos han irrespetado ese derecho, a través de la entrega de concesiones a empresas extranjeras para realizar actividades extractivas.
El proyecto minero de cobre abarca una superficie de 40.000 hectáreas, de las que al menos 14.000 se encuentran en territorio del pueblo Shuar-Arutam.
Panantza-San Carlos está concesionado a la empresa Ecuacorriente S.A (ECSA), subsidiaria del consorcio chino CRC-Tongling Nonferrus Metals.
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Según el abogado Carlos Mazabanda, también de la Alianza, Panantza-San Carlos comprende 13 concesiones, de las que el 46% está sobre territorio ancestral.
Mazabanda dijo que la licencia ambiental del proyecto es ilegal pues la socialización que realizó el Gobierno no cumplió con los estándares exigidos para la consulta previa y para la consulta ambiental, y además se realizó a una parte minoritaria del pueblo Shuar-Arutam.

"De la única reunión informativa, en el proceso de participación social no se llegó ni al 3% de la población", dijo Mazabanda.

El abogado también denunció que cerca del 60% de los territorios del pueblo Shuar-Arutam está concesionado para proyectos mineros y ninguno ha realizado la consulta previa, libre e informada, pese a que varios de ellos están en etapa de exploración avanzada y generan conflictividad en los territorios indígenas.
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