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Una activista valora la condena de la CorteIDH a El Salvador por caso de criminalización de aborto

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Prueba de embarazo (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 01.12.2021
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SAN SALVADOR (Sputnik) — La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que condenó al Estado salvadoreño por encarcelar injustamente a Manuela, una joven que sufrió un aborto espontáneo y murió en la prisión, es un acto de justicia, dijo a Sputnik la activista Morena Herrera.
"Es muy importante, pues hace justicia para Manuela y su familia, y condena al Estado salvadoreño porque se equivocó al violar sus derechos", dijo a Sputnik Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
La también vocera del movimiento Colectiva Feminista para el Desarrollo Local testificó ante la Corte para explicar las irregularidades en el caso de Manuela, condenada a 30 años de prisión al perder su embarazo en 2008 y que murió dos años después, esposada a una cama de hospital.
"Podemos decir que se ha hecho justicia porque los médicos tendrán que garantizar el secreto profesional de sus pacientes y nunca más mujeres criminalizadas por complicaciones obstétricas en El Salvador", agregó.
La activista es uno de los rostros más visibles de la lucha contra la criminalización del aborto en esta nación centroamericana, cuya legislación, según ella, no garantiza los derechos sexuales y reproductivos de niñas, adolescentes y mujeres.
De hecho, al declarar ante la CorteIDH, la experta recalcó que la acusación y condena de Manuela estuvo vinculada a la forma en que es interpretada la norma en El Salvador, donde persiste un estigma que impulsa a los profesionales de la salud a romper el secreto profesional.
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La Corte consideró que el Estado salvadoreño lesionó los derechos a la libertad personal, las garantías judiciales, igualdad ante la ley, la salud, vida e integridad de Manuela, cuya detención fue confirmada como "arbitraria".
Según un comunicado de la CorteIDH, los prejuicios y estereotipos negativos de género afectaron la objetividad de quienes investigaron el caso Manuela, cuya propia defensa actuó en detrimento de sus derechos, pues desde un inicio se la presumió culpable.
En el texto la CorteIDH acusa a la justicia salvadoreña de actuar "en razón de que Manuela era mujer, de escasos recursos económicos, analfabeta y que vivía en una zona rural", y consideró "desproporcionada" e "inhumana" la condena de 30 años impuesta.
La Corte ordenó al Estado salvadoreño a cumplir de forma obligatoria 13 medidas de reparación, entre ellas admitir públicamente su responsabilidad, dar apoyo educativo a los hijos de Manuela y atención psicológica a sus padres, y regular la obligación de mantener el secreto profesional médico y la confidencialidad de la historia clínica.
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Además, el tribunal interamericano ordenó tomar las medidas para garantizar la atención integral en casos de emergencias obstétricas.
Hasta ahora el Estado de El Salvador no se ha pronunciado sobre la sentencia, aunque el mes pasado la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista rechazó una iniciativa para despenalizar el aborto en cuatro causales, entre ellas la violación y el estupro.
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