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La española Iberdrola y CFE se enfrentan en una nueva batalla legal por planta en Sinaloa

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La española Iberdrola inició un proceso legal en contra de la Comisión Federal de Electricidad de México (CFE) por la operación de una planta de energía eléctrica ubicada en el estado de Sinaloa.
Se trata de la planta Topolobampo III, adjudicada en marzo de 2017 como Productor Externo de Energía, con una capacidad de 766 MW para brindar energía eléctrica a 2,5 millones de hogares mexicanos, y un costo de inversión de más de 400 millones de dólares.
Esta planta debió iniciar operaciones en diciembre de 2020, pero no ha podido hacerlo porque la empresa no tiene la autorización para que inicie la fase de operación comercial, según fuentes anónimas consultadas por Expansión.
A raíz de esto, la CFE interpuso sanciones de más de 16 millones de dólares, asegurando que el consorcio español no cumplió con los tiempos de entrega.
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En respuesta, Iberdrola inició un proceso de arbitraje pues asegura que, si la planta aún no opera, fue por causas de fuerza mayor, por lo que a su vez solicita un pago de 10 millones de dólares por concepto de gastos incurridos e indemnización por daños.
Incluso, el grupo español solicita la devolución de dos millones de dólares que la CFE también les habría impuesto por el retraso en el proyecto.
Aunque de manera oficial ninguna de las dos partes ha dado un pronunciamiento sobre el diferendo, las mismas fuentes consultadas sostuvieron que la CFE ya presentó su oposición al arbitraje e insistió en el pago de las sanciones contractuales.

Iberdrola pierde amparo contra CFE

Apenas el pasado 8 de diciembre el juez Segundo de Distrito Juan Pablo Gómez Fierro negó a Iberdrola un amparo en contra del incremento tarifario por servicio de transmisión de energía con empresas que cuentan con permisos de autoabasto.
El consorcio español criticó el ordenamiento que emitió la Comisión Reguladora de Energía en 2020, y el cual modificaba las tarifas por el uso de las líneas de transmisión y distribución de las CFE.
Sin embargo, Gómez Fierro desestimó los argumentos y consideró que no se tratan de aumentos desproporcionados, pues se tratan de tarifas variables que se modifican con base en la evaluación del sistema y de sus cargos.
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