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Exgobernador de departamento boliviano de Santa Cruz, incluido en caso de corrupción

© Foto : Pixabay/Arek Socha Un martillo de juez
Un martillo de juez - Sputnik Mundo, 1920, 21.12.2021
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LA PAZ (Sputnik) — El exgobernador del departamento boliviano de Santa Cruz (este), Rubén Costas, una de las principales figuras de la oposición, fue puesto bajo investigación por corrupción, según anunció la Fiscalía en una nueva derivación de un escándalo de malversación de fondos públicos.
"Ya se está investigando de oficio este hecho que hubiera ocurrido dentro de la Gobernación en la gestión pasada, los investigados son el exgobernador Rubén Costas y su exsecretario general Rioly Aguilera", dijo en rueda de prensa el fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca.
Costas se sumaba así a los exalcaldes Pery Fernández y Angélica Sossa, de la ciudad de Santa Cruz, entre los políticos opositores afectados por una denuncia de supuesto desvío de varios millones de dólares de fondos públicos a salarios de funcionarios inexistentes o a gastos de propaganda política.
El caso de los "items fantasmas", denunciado inicialmente en la Alcaldía cruceña, saltó el 20 de diciembre a la gobernación cuando la actual administración regional, en manos del partido ultraderechista Creemos, dijo haber encontrado evidencias de que en la gestión de Costas hubo también pagos irregulares a falsos funcionarios.
"En febrero y marzo de este año supuestamente se habría desviado recursos económicos de las arcas del Gobierno departamental más de 700.000 bolivianos (100.000 dólares) para favorecer con publicidad digital y en la calle a la candidatura de Aguilera en las pasadas elecciones subnacionales", dijo el secretario de Justicia de la Gobernación cruceña, Efraín Suárez, al diario El Deber.
Aguilera fue candidato del partido de Costas, Demócratas, a la alcaldía de Santa Cruz en los comicios de marzo pasado, y negó haber utilizado dinero público en su proselitismo.
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El fiscal Mariaca dijo que Costas y Aguilera serán acusados de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, uso indebido de influencias y malversación y serían puestos bajo arraigo, o prohibición de salir del país, igual que los exalcaldes Fernández y Sossa.
Según las denuncias que investiga la Fiscalía, en los cinco años pasados la red de malversación habría cobrado salarios de al menos un millar de funcionarios inexistentes de la Alcaldía de Santa Cruz y un número no determinado de la Gobernación cruceña y de una oficina de la Caja Nacional de Salud en La Paz.
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