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Presidente boliviano proclama al 2022 como año de reforma judicial en su país
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LA PAZ (Sputnik) — El presidente de Bolivia, Luis Arce, aseguró que el 2022 será el año de la reforma de la justicia, a la que definió como una "asignatura... 03.01.2022, Sputnik Mundo
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El gobernante confirmó para marzo una "cumbre nacional" que definirá "la ruta crítica" de la reforma judicial, que culminará un largo proceso de concertación con todos los poderes del Estado, universidades, colegios de abogados, movimientos sociales y sociedad civil en general.Arce hizo el anuncio en presencia de los jefes de los tribunales Supremo de Justicia, Constitucional, Agroambiental y Electoral, además de ministros y otras altas autoridades, en un acto realizado en la ciudad de Sure (sur), capital constitucional del país y sede del Órgano Judicial.Derecho básicoEl presidente dijo, recogiendo un criterio predominante en círculos políticos y medios de comunicación, que la falta de acceso a justicia de calidad, sin corrupción ni injerencia política, era una de las demandas principales de la sociedad después de recuperar el ejercicio básico de democracia."Tenemos que reconstruir la concepción de la justicia como un servicio publico y un derecho fundamental (…) tan importante como el derecho a la salud y a la educación, porque protege la libertad, la dignidad, el honor, la propiedad y otros derechos esenciales de la persona como individualidad y como parte de la sociedad", postuló.Arce citó a la retardación o extrema lentitud de los procesos, la corrupción y la enorme carga procesal como problemas principales del sistema judicial boliviano, que deja muchos delitos sin castigo o a la mayoría de los detenidos, hasta el 65% de los actuales presos, en reclusión preventiva sin fin."Tenemos el deber patriótico e histórico de implantar un nuevo modelo de justicia que se adapte a las nuevas realidades", dijo el presidente, y aseguró que "en la coyuntura no hay mejor política social que entregar al pueblo boliviano un mejor servicio de justicia", después de la recuperación de la democracia.Arce, cuya victoria electoral en octubre de 2020 puso de vuelta en el poder al Movimiento Al Socialismo de Morales, evitó sugerir detalles del eventual nuevo sistema judicial, cuyos tribunales nacionales son actualmente conformados mediante voto popular.Esa forma de elección, con candidatos precalificados por el parlamento, rige desde la Constitución Plurinacional promulgada por Morales en 2009 y ha sido criticada por la oposición conservadora como mecanismo de ampliación del control oficialista de los tribunales.Las nuevas elecciones de miembros de los tribunales nacionales de justicia están previstas para 2023.Una reforma parcial de la justicia, que incluía la despenalización casi plena del aborto y nuevos procedimientos para acelerar los procesos, pero no tocaba a la forma de elección de magistrados, fue bloqueada hace cinco años por una campaña opositora a la que se sumaron las iglesias católica y evangélicas.
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Presidente boliviano proclama al 2022 como año de reforma judicial en su país
LA PAZ (Sputnik) — El presidente de Bolivia, Luis Arce, aseguró que el 2022 será el año de la reforma de la justicia, a la que definió como una "asignatura pendiente" de la construcción del Estado Plurinacional iniciada en 2006 con el primer Gobierno de Evo Morales.
"Que el 2022 sea el año de la transformación de la justicia para que se ponga definitivamente al servicio de la Constitución, las leyes y sobre todo el pueblo boliviano", dijo Arce en el discurso central de un solemne acto de inauguración del Año Judicial.
El gobernante confirmó para marzo una "cumbre nacional" que definirá "la ruta crítica" de la
reforma judicial, que culminará un largo proceso de concertación con todos los poderes del Estado, universidades, colegios de abogados, movimientos sociales y sociedad civil en general.
Arce hizo el anuncio en presencia de los jefes de los tribunales Supremo de Justicia, Constitucional, Agroambiental y Electoral, además de ministros y otras altas autoridades, en un acto realizado en la ciudad de Sure (sur), capital constitucional del país y sede del Órgano Judicial.
El presidente dijo, recogiendo un criterio predominante en círculos políticos y medios de comunicación, que la falta de acceso a justicia de calidad, sin corrupción ni injerencia política, era una de las demandas principales de la sociedad después de recuperar el ejercicio básico de democracia.
"Tenemos que reconstruir la concepción de la justicia como un servicio publico y un derecho fundamental (…) tan importante como el derecho a la salud y a la educación, porque protege la libertad, la dignidad, el honor, la propiedad y otros derechos esenciales de la persona como individualidad y como parte de la sociedad", postuló.
Arce citó a la retardación o extrema lentitud de los procesos, la corrupción y la enorme carga procesal como problemas principales del sistema judicial boliviano, que deja muchos delitos sin castigo o a la mayoría de los detenidos, hasta el 65% de los actuales presos, en reclusión preventiva sin fin.
"Tenemos el deber patriótico e histórico de implantar un nuevo modelo de justicia que se adapte a las nuevas realidades", dijo el presidente, y aseguró que "en la coyuntura no hay mejor política social que entregar al pueblo boliviano un mejor servicio de justicia", después de la recuperación de la democracia.
7 de diciembre 2021, 16:55 GMT
Arce, cuya
victoria electoral en octubre de 2020 puso de vuelta en el poder al
Movimiento Al Socialismo de Morales, evitó sugerir detalles del eventual nuevo sistema judicial, cuyos tribunales nacionales son actualmente conformados mediante voto popular.
Esa forma de elección, con candidatos precalificados por el parlamento, rige desde la Constitución Plurinacional promulgada por Morales en 2009 y ha sido criticada por la oposición conservadora como mecanismo de ampliación del control oficialista de los tribunales.
Las nuevas elecciones de miembros de los tribunales nacionales de justicia están previstas para 2023.
Una reforma parcial de la justicia, que incluía la despenalización casi plena del aborto y nuevos procedimientos para acelerar los procesos, pero no tocaba a la forma de elección de magistrados, fue bloqueada hace cinco años por una campaña opositora a la que se sumaron las iglesias católica y evangélicas.
