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Denuncian que la Justicia de Honduras bloquea el monitoreo de juicio a defensores del río Guapinol

© Sputnik / Thierry Monasse / Acceder al contenido multimediaLa estatua de la Justicia (imagen referencial)
La estatua de la Justicia (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 13.01.2022
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SAN SALVADOR (Sputnik) — El Observatorio Justicia para Guapinol acusó este jueves al Poder Judicial de Honduras de impedir el monitoreo ciudadano del juicio contra ocho ambientalistas detenidos desde 2019 por enfrentar la devastación minera en el Parque Nacional Carlos Escaleras.
"El Poder Judicial de Honduras no ha facilitado las condiciones para garantizar el monitoreo y vigilancia del juicio. Exigimos máxima publicidad del juicio de los defensores del río Guapinol, caso de interés nacional e internacional", tuiteó el referido Observatorio.
El juicio contra los Defensores del Río Guapinol fue reiniciado el 13 de enero, después que la Corte de Apelaciones rechazara una recusación contra el Tribunal de Sentencia en Trujillo, para acabar con una detención reconocida como "arbitraria" incluso por Naciones Unidas.
Tras varias denuncias en redes sociales, acompañadas de la etiqueta GuapinolInocente, el Poder Judicial habilitó de forma tardía la transmisión de la audiencia a través de la red social Facebook.
Activists draw a flower on the floor with chalk as part of a makeshift altar for slain environmental rights activist Berta Caceres during a protest outside the morgue in Tegucigalpa, Honduras, March 3, 2016. - Sputnik Mundo, 1920, 05.03.2021
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La Corte Suprema de Justicia está pendiente de pronunciarse sobre un Habeas Corpus presentado hace un mes por organizaciones nacionales e internacionales para valorar tales detenciones, y que podría suponer la liberación de los ambientalistas.
"A pesar de que tiene el deber de resolver inmediatamente la acción judicial, la Sala Constitucional no lo ha hecho, y es un ejemplo más de cómo el poder judicial ha fallado en la protección de la vida y los derechos de los Defensores del Río Guapinol", denunció el Observatorio en comunicado.
Las audiencias del caso debían comenzar el 1 de diciembre en un juzgado del municipio Tocoa, departamento de Colón (norte), pero fueron aplazadas porque la Fiscalía no compartió evidencias, y después intentó una cuarta acusación por presuntos daños agravados.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias reconoció la legítima labor de estos defensores de los bienes comunes y públicos, calificó sus arrestos de ilegales e instó al Estado hondureño a liberarlos de inmediato, lo cual nunca ocurrió.
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