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Human Rights Watch alerta del más grave retroceso en décadas de los DDHH en América Latina

© AFP 2022 / John MacDougallLogo de Human Rights Watch
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MONTEVIDEO (Sputnik) — América Latina enfrenta algunos de los desafíos más graves en materia de derechos humanos en décadas, afirmó la organización Human Rights Watch (HRW) al presentar su Informe Mundial 2022.
"El alarmante retroceso de las libertades fundamentales en América Latina nos obliga hoy a defender espacios democráticos que solíamos dar por sentados", dice la directora interina de HRW para las Américas, Tamara Taraciuk Broner, en un comunicado que acompaña el informe.
El texto añade que este retroceso se da en medio de la pandemia del COVID-19, que supuso un desafío en todos los órdenes para los países de la región, pero también dio a los gobiernos la oportunidad de implementar medidas arbitrarias.
Para la organización, algunos gobiernos han usado la pandemia del COVID-19 como pretexto para violar derechos humanos.
HRW alerta además que en muchos países niños y niñas enfrentaron obstáculos para acceder a la educación como resultado de restricciones relacionadas con la pandemia.
"Incluso líderes que llegaron al poder mediante elecciones democráticas han atacado a la sociedad civil independiente, la libertad de prensa y la independencia judicial. Millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y países, y la pandemia ha tenido un impacto económico y social devastador", añade Taraciuk Broner.

Fracaso de los líderes democráticos

La organización llamó a los líderes democráticos esforzarse para hacer frente a los principales desafíos globales.
"Los líderes democráticos de hoy fracasan en combatir los desafíos globales que enfrentan", dijo el director ejecutivo de la ONG, Kenneth Roth, citado en el informe.
La nota indica que en vez de solucionar los problemas globales, como el cambio climático, el COVID-19, la pobreza y la desigualdad, entre otros, los líderes priorizan sus propios intereses y preocupaciones a corto plazo.
Según el organismo, los líderes democráticos deben hacer "un mejor trabajo para abordar los problemas nacionales y globales con la finalidad de demostrar que la democracia, de hecho, cumple con su cometido".
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Solo si se logra esto, agrega el texto, la democracia florecerá en la contienda con la autocracia.
"Promover la democracia significa defender las instituciones democráticas, como tribunales independientes, medios de comunicación libres, parlamentos robustos y sociedades civiles vibrantes", indica el informe que resalta que son prácticas necesarias incluso si cuestionan "las políticas del poder ejecutivo".
El Informe Mundial 2022 de Human Rights Watch publicado este 13 de enero examina la situación de los derechos humanos en casi 100 países donde trabaja la organización.
El informe cita ataques a la independencia judicial, la libertad de prensa y la sociedad civil en los distintos países de América Latina.

Militares mexicanos cometen abusos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, amplió en forma considerable el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y otros ámbitos civiles, propiciando abusos y violaciones de derechos humanos, señala el informe mundial 2022 de la organización Human Rights Watch (HRW) publicado el 13 de enero.
"México ha dependido en gran medida de las Fuerzas Armadas para controlar el narcotráfico y la delincuencia organizada, propiciando violaciones generalizadas de derechos humanos", dice el documento en el capítulo dedicado al país latinoamericano.
Entre 2013 y 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 3.799 denuncias relacionadas con "abusos militares", detalla el texto.
Asimismo, indica que el jefe del Ejecutivo mexicano "ha ampliado considerablemente el ámbito en el que actúan las Fuerzas Armadas, al disponer su movilización para tareas de orden público, el control de aduanas y la migración irregular, la gestión de programas sociales y el desarrollo y la operación de megaproyectos" de infraestructura.
En 2019, por iniciativa presidencial, se creó la Guardia Nacional para reemplazar a la Policía Federal como el principal organismo de orden público del Gobierno.
"La Guardia Nacional es dirigida por militares, recibe entrenamiento de militares y está integrada mayormente por soldados", reseña el informe.
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En mayo de 2020, el presidente encomendó formalmente a las fuerzas militares que apoyaran a la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública.
En 2021, López Obrador "ha demostrado sus inclinaciones autocráticas: intentó intimidar periodistas, manipular la justicia y neutralizar los controles a su poder", indica HRW en un resumen del capítulo mexicano publicado en la cuenta de Twitter de la organización.

Impunidad en México

HRW denuncia que las violaciones de derechos humanos han continuado durante el gobierno de López Obrador, quien asumió la presidencia en diciembre de 2018.
El documento incluye un recuento de casos de torturas, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales, violencia de género y ataques contra periodistas independientes y defensores de derechos humanos.
"Estos hechos suelen quedar impunes", señala el texto que dedica un extenso capítulo al país latinoamericano.
Actualmente, los militares están habilitados legalmente para acciones que competían al ámbito civil, por ejemplo, "detener a civiles, hacerse cargo de las escenas del crimen y proteger evidencias".
Durante gobiernos anteriores, encomendar estas tareas a las fuerzas militares contribuyó a graves encubrimientos de violaciones de derechos humanos, recuerda HRW.
En julio de 2021, el presidente dio un paso más y propuso "traspasar formalmente el control de la Guardia Nacional de funcionarios civiles al secretario de la Defensa Nacional".
El reporte añade que, en septiembre de 2021, la Secretaría de Defensa admitió que "al menos 47 personas habían muerto o resultado heridas en acciones de las Fuerzas Armadas durante la presidencia de López Obrador", según información obtenida a través de solicitudes de transparencia que presentaron periodistas.
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La Secretaría de Defensa ha pagado indemnizaciones a las familias, pero no ha sancionado a soldados ni ha denunciado los casos a la policía o a los fiscales para que sean investigados penalmente.
HRW indica que es habitual que en México se torture a detenidos para obtener información y confesiones.
La tortura se aplica con mayor frecuencia en el plazo que transcurre desde la detención de las víctimas —a menudo arbitraria— hasta que estas son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público.
Las víctimas de tortura "suelen ser mantenidas incomunicadas en bases militares o en centros de detención ilegales".
Por otra parte, el documento señala que miles de personas desaparecen cada año en México y "la policía, las fuerzas militares y las organizaciones delictivas son responsables de numerosas desapariciones".
La mayoría de los casos permanece en la impunidad, y el informe afirma que "son pocos los casos en los cuales los agentes del Ministerio Público y la policía intentan encontrar a las personas desaparecidas o identificar a los responsables".
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Los familiares de personas desaparecidas han creado más de 130 "colectivos de búsqueda" para investigar desapariciones y, como parte de ello, a menudo incluso han excavado fosas clandestinas.
Finalmente, HRW afirma que el presidente mexicano también ha colaborado con el Gobierno de EEUU en "políticas abusivas contra la migración", que incluyen la expulsión ilegal de migrantes y solicitantes de asilo en aviones y autobuses a América Central.

Matrimonio igualitario en Chile

El 2021 en Chile estuvo marcado por la histórica aprobación del matrimonio igualitario pero cientos de migrantes fueron expulsados sin un debido proceso y la policía sigue esperando una reforma, consignó la HRW.
"El 2021 fue marcado en Chile por la histórica aprobación del matrimonio igualitario, pero hubo pocos avances en la reforma policial y cientos de migrantes fueron expulsados sin debido proceso", destacó el organismo a través de su cuenta de Twitter.
En el capítulo sobre Chile, HRW recalcó que en 2021 el Congreso aprobó el proyecto de ley que regula el matrimonio entre parejas del mismo sexo y les reconoce derechos como la adopción, que hasta entonces solo tenían las parejas heterosexuales.
Además, destacó que en agosto "entró en vigencia una ley que elimina la 'conducta homosexual' como una de las causales del divorcio".
En materia de derechos de migrantes, el organismo detalló que desde enero a abril el Gobierno de Chile expulsó a 294 personas y en la mayoría de los casos no hubo ningún control judicial de aquellas decisiones.
"La mayoría de las personas expulsadas en 2021 eran de nacionalidad venezolana y las políticas migratorias implementadas desde 2019 en Chile han hecho que cada vez sea más difícil para los venezolanos obtener visas para ingresar", consigna el reporte.
A su vez, aseguró que desde enero hasta noviembre 20 migrantes fallecieron cruzando el altiplano en la frontera entre Bolivia y Chile.
El informe explica que si bien el Gobierno de Chile ya dio los primeros pasos para reformar a Carabineros (policía militarizada), en respuesta a las denuncias de abusos contra los manifestantes durante el estallido social de 2019, estos cambios no han avanzado con la rapidez necesaria y algunos de ellos no van en la dirección correcta.
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"Todavía es necesario realizar cambios estructurales al sistema disciplinario y a los protocolos policiales, una de las actualizaciones del protocolo incluso significó dejar un amplio margen para que se cometan abusos con escopetas antidisturbios, permitiendo el uso de perdigones que causaron cientos de lesiones oculares durante las manifestaciones del estallido social", agrega el texto.
Por último, el informe detalló falencias en: acceso a los abortos, atención que reciben niños y niñas a cargo del Estado, información sobre cantidad de personas con discapacidad en el país y condiciones de las cárceles.

Bolsonaro "amenazó los pilares de la democracia brasileña"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, puso en riesgo las bases de la democracia en su país a lo largo de 2021, según apunta el informe.
Según el texto, Bolsonaro "amenazó los pilares de la democracia brasileña diversas veces en el año 2021".
La organización destacó los intentos del mandatario por deslegitimar el sistema electoral (sembrando dudas sobre la fiabilidad de las urnas electrónicas) y sus ataques a la independencia judicial y en especial al Tribunal Supremo Federal.
"En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro, un defensor de la dictadura militar (1964-1985), intentó intimidar al Tribunal Supremo por medio de insultos y amenazas e hizo alegaciones infundadas de fraude electoral", resume el comunicado.
Asimismo, señala que el presidente brasileño "hizo caso omiso de las recomendaciones científicas, difundió información falsa y promovió tratamientos contra el virus sin eficacia comprobada".
Como es habitual en los informes de años anteriores, en esta ocasión HRW también lamenta la alta letalidad policial, que alcanzó números récord en los últimos años y que tiene como víctimas en su gran mayoría a personas negras (casi 80% de los casos).
En este sentido, el informe cita un discurso de la alta comisaria de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en el que pidió que los países trabajen para acabar con el "racismo sistémico", que también se refleja en la violencia policial.
La situación de la Amazonía también tiene un protagonismo destacado en el informe de la organización, que vincula los altos índices de deforestación con la apatía del Gobierno en perseguir los delitos ambientales.
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La media de multas pagadas por deforestación en la Amazonía en 2019 y 2020 fue 93% menor que la media de los cinco años anteriores, según un estudio de la Universidad Federal de Minas Gerais.
"Desde que asumió el cargo en enero de 2019, el Gobierno Bolsonaro debilitó los controles ambientales, incentivando, en la práctica, las redes criminales que impulsan la deforestación y que han usado amenazas y violencia contra los defensores de la selva", apunta el informe.
La organización también cita uno de los problemas crónicos de Brasil, la superpoblación y el hacinamiento en sus cárceles, recordando que hasta diciembre de 2020 cerca de 670.000 adultos estaban presos en todo el país, un número que indica que la capacidad del sistema se está sobrepasando 47%.

Abuso policial y violencia machista en Argentina

Argentina arrastra un problema estructural por las condiciones de detención de las personas privadas de libertad, por los abusos que cometen las fuerzas de seguridad y la violencia endémica que es cometida contra las mujeres, advirtió la organización.
"En Argentina existen problemas de derechos humanos históricos, como el abuso policial, condiciones deficientes de detención y la violencia endémica contra las mujeres", resumió la organización en su análisis.
En 2020 se registraron 176 presuntos casos de tortura o maltrato en las cárceles federales del país, año en que se contabilizaron nueve muertes violentas de personas privadas de su libertad en estos centros, de acuerdo a la Procuración Penitenciaria de la Nación.
En la primera mitad de 2021, en tanto, se presentaron 77 denuncias más.
"Más de la mitad de los 11.290 detenidos en cárceles federales no han sido condenados por un delito, sino que están en prisión preventiva", observó HRW en su informe.
Aunque centenares de personas accedieron en 2020 a la libertad condicional debido a la pandemia del COVID-19, "no se ha llevado a cabo ninguna reforma significativa para abordar la situación de la prisión preventiva", señaló la entidad.
Fue así que durante 2020 fallecieron en prisiones federales 58 detenidos por COVID-19, el número más alto de fallecimientos en cárceles en la última década, mientras que en el primer semestre del año pasado se reportaron otros 16 decesos.
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Otro problema que afecta a la nación sudamericana es el empleo excesivo de fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, con 297 casos de violencia denunciados en 2020, según la Defensoría General de la Nación.
HRW mencionó el caso de la provincia de Formosa (norte), donde se confinaron personas "en circunstancias que constituyeron detenciones arbitrarias".

"Las autoridades provinciales limitaron la cobertura periodística sobre la situación en Formosa, habrían usado fuerza excesiva contra las personas que protestaron por las restricciones excesivas por el COVID-19, y detuvieron y procesaron penalmente a algunas de ellas", refirió la ONG.

Aunque en diciembre de 2020 se legalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, HRW lamentó que "existen obstáculos al aborto legal, como la falta de acceso a información sobre la ley, la invocación abusiva de la objeción de conciencia por profesionales de la salud y demoras indebidas".
En general, hay un grave problema de violencia contra las mujeres y una situación general de impunidad, con 251 feminicidios registrados en 2020, pero solo cuatro condenas.

Independencia judicial en Argentina

HRW también puso de relieve que el Gobierno actual de Alberto Fernández busca reformar el sistema judicial del país, al destacar que el Ejecutivo constituyó un consejo consultivo, creado en 2020, que propuso reformas a la Corte Suprema, al Ministerio Público y al Consejo de la Magistratura, órgano que evalúa el desempeño de los jueces.
En septiembre de 2020, el Senado aprobó un proyecto, presentado por el oficialismo, que constituye tribunales penales para los que se deben designar jueces subrogantes, hasta nombrar a los premanentes.
Con 239 puestos vacantes en la justicia federal y nacional, HRW destacó que la Corte Suprema ya alertaba en 2015 de que el hecho de que jueces subrogantes ocupen sus cargos durante años sin que se nombren permanentes atentaba contra la independencia judicial.
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La organización también cuestionó que no funcione con normalidad desde 2013 la Defensoría del Pueblo, cuyo representante no ha sido designado por el Congreso desde 2009.
"El trabajo de la Defensoría y su capacidad de proteger derechos han sido limitados", afirmó la ONG sobre el órgano que debe investigar al Gobierno nacional.
En su estudio, HRW cuestionó que no haya condenados por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires de 1994, en el cual fueron asesinadas 85 personas.
También dedicó un aparte a los pueblos indígenas, "que enfrentan obstáculos para acceder a la justicia, tierras, educación, atención de la salud y servicios básicos".
HRW alertó de que América Latina enfrenta algunos de los desafíos más graves en materia de derechos humanos en décadas.

Violencia, aborto y migración en Ecuador

Human Rigths Watch dijo que en Ecuador persisten preocupaciones respecto a las malas condiciones y la violencia en los centros de detención, el uso indiscriminado de la fuerza por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, restricciones en acceso a la salud reproductiva, entre otros temas.
"Persisten serias preocupaciones respecto a las malas condiciones y la violencia en los centros de detención, el uso indiscriminado de la fuerza por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, las restricciones en el acceso a la atención de la salud reproductiva de mujeres y niñas, y la escasa protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y de personas refugiadas", dijo HRW en su informe anual.
HRW destacó que la sobrepoblación y otras condiciones deficientes, la violencia y la atención de la salud inadecuada son problemas que afectan a las cárceles desde hace tiempo.
En septiembre pasado, un motín en una cárcel de Guayaquil dejó un saldo de más de 118 detenidos muertos y 52 heridos.
Lasso decretó por segunda ocasión desde que asumió el Gobierno, el 24 de mayo, el estado de emergencia, esta vez por 90 días.
Previamente, dos motines ocurridos en febrero y julio dejaron más de 100 detenidos muertos y decenas de heridos.
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La ONG internacional también señaló su preocupación por los obstáculos que persisten en cuanto al acceso al aborto.
"La estigmatización, el maltrato por parte de profesionales de la salud, el temor a enfrentar un proceso penal y una interpretación acotada de la excepción de salud continúan obstaculizando el acceso al aborto. Las mujeres de bajos recursos parecen tener mayores probabilidades de ser procesadas penalmente", señaló HRW.
En el tema de la migración, el organismo internacional destacó que Ecuador ha aprobado algunas de las leyes más progresistas de la región sobre protección de migrantes y refugiados, aunque dijo que persisten limitaciones.
En septiembre del año pasado se tenía registro de 451.093 migrantes y refugiados venezolanos en Ecuador.
Si bien Ecuador promete brindar atención médica gratuita independientemente de la condición migratoria, las personas venezolanas enfrentan limitaciones, señaló HRW.
La organización de derechos humanos sostuvo que los venezolanos tienen diversas opciones para obtener una visa, pero estas implican costos elevados y procesos prolongados, que tardan aún mas a causa del COVID-19.
El 17 junio, el presidente Lasso anunció un proceso de regularización que podría beneficiar a cerca de 450.000 venezolanos.
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