Presos políticos en Chile: una piedra en el zapato del futuro Gobierno de Gabriel Boric
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En Chile hay 211 personas encarceladas por manifestaciones ocurridas desde el estallido del 18 de octubre del 2019. A ellas se suman varios presos políticos mapuches y anticapitalistas. Se trata de una de las problemáticas más complejas que enfrentará el Gobierno de Boric, quien para muchos debe su triunfo a la revuelta social iniciada el 2019.
De acuerdo a Gendarmería de Chile, organismo encargado de la cautela de personas privadas de libertad, existen actualmente 211 personas internadas en recintos penitenciarios por manifestaciones sociales ocurridas entre el 18 de octubre de 2019 y el 30 de marzo de 2021. De ellas, 144 se encuentran en prisión preventiva y otras 67 cumplen penas por diversos delitos ocurridos durante el estallido social.
Esta información fue solicitada por la presidenta del Senado, Ximena Rincón, en el marco de la discusión en el Congreso chileno del proyecto de ley de indulto para beneficiar a los manifestantes de la revuelta. El informe detalla que "cerca del 80% carecen de ingresos anteriores al sistema [penal], y solo 21 de ellas registran experiencia carcelaria previa".
El presidente electo, Gabriel Boric, llamó al Poder Legislativo a resolver con prontitud este proyecto. "Hemos conversado como equipo con los familiares y entendemos que es una situación difícil. Esperamos que se resuelva en el actual Congreso y hacemos un llamado para que esto se resuelva a la brevedad", afirmó.
La propuesta de indulto, sin embargo, no beneficiaría a todos los presos de la revuelta —al estar acotada hasta diciembre del 2020 y donde se excluye ciertos delitos—, y para activistas de derechos humanos (DDHH) resulta insuficiente.
"Nosotros obviamente pensamos que todos son presos políticos. Todos los luchadores, los que están por los cambios, al ser detenidos, al ser apresados son presos políticos para nosotros", señala a Sputnik Owana Madera, miembro de la Colectiva Memoria Feminista DDHH, familiar de un ejecutado político de la dictadura (1973-1990) y convocante a la campaña "Ni un día + en la Cárcel".
"Nosotros obviamente pensamos que todos son presos políticos. Todos los luchadores, los que están por los cambios, al ser detenidos, al ser apresados son presos políticos para nosotros", señala a Sputnik Owana Madera, miembro de la Colectiva Memoria Feminista DDHH, familiar de un ejecutado político de la dictadura (1973-1990) y convocante a la campaña "Ni un día + en la Cárcel".
"No discriminamos la forma de las luchas, por qué hayan sido detenidos. Nosotros no discriminamos porque efectivamente sentimos que son personas que han tomado decisiones, han sido protagonistas y han usado distintas formas de lucha. Obviamente este Estado, este Gobierno los diferencia, nosotros no", explica la activista.
Para Owana los presos políticos de la revuelta fueron detenidos en un contexto de manifestaciones políticas, "porque estábamos en esa lucha, porque el Estado no se hizo cargo de tener un país donde no existieran desigualdades. Por tanto, los que fueron ahí, a pelear en distintos lugares, de distintas formas en esta revuelta popular, usaron distintas formas de expresión. Entonces el Estado debiera hacerse cargo de eso, hacerse responsable de por qué ocurrió eso. Por tanto, no debieron haber pasado ni un día en la cárcel, ninguno de ellos".
La prisión política en Chile es un tema histórico y pendiente, que se agravó tras la revuelta social de octubre de 2019. Para los activistas de dd.hh. y las organizaciones sociales la libertad de los presos políticos solo se logra con movilización del pueblo.
— Sputnik Reporteros (@Sputnik_Report) January 17, 2022
Por Carolina Trejo pic.twitter.com/Up2kHxfZDs
Opinión similar tiene Claudio Nash, doctor en derecho, coordinador de la cátedra de DDHH de la Universidad de Chile y autor del libro Infranqueable: lecciones sobre la protección de DDHH en tiempos autoritarios.
Nash considera que los presos políticos constituyen uno de los temas más urgentes para la futura administración Boric, "porque el nuevo Gobierno tiene el desafío en distintos niveles en DDHH. Pero si hay algo que debe asumirse con un sentido de urgencia es cesar las violaciones a los DDHH iniciada en octubre del 2019 por el Gobierno de Piñera, y que hasta el día de hoy no se han detenido".
"Por lo tanto, lo que uno esperaría es que un futuro Gobierno, una de las primeras medidas que adopte tenga que ver con, precisamente, aquellos que han sido objeto de esta persecución política y criminalización de la protesta social. Por lo tanto, sí, es uno de los temas complejos, pero por sobre todo es uno de los urgentes", agrega el académico en diálogo con Sputnik.
La prisión política en Chile
Cartel desplegado durante una marcha por Alameda
© Sputnik / Carolina Trejo
Definir quién es o no preso político ha sido una discusión permanente en Chile desde la transición democrática iniciada en 1990, y que se profundizó tras la revuelta social. Para Claudio Nash esta calificación no solo se determina por el delito cometido por la persona, sino también a partir de cómo el Estado la juzga y castiga.
En un artículo para el medio digital CIPER, Nash explica como la prisión política es una categoría de análisis que no es únicamente legal, sino que considera elementos políticos y jurídicos integralmente, y está íntimamente ligada a la violación de los derechos humanos en el marco de complejos escenarios políticos y sociales.
Nash recurre a legislación internacional sobre temas de refugio y asilo, de la que Chile es parte, y resoluciones del Parlamento Europeo, donde advierte cómo esta legislación reconoce la persecución por razones políticas, pero también por delitos conexos e incluso delitos comunes, perseguidos con una finalidad o razón política. Por tanto y en consecuencia, para el abogado "se debe descartar la prisión política como una respuesta estatal basada, exclusivamente, en la persecución de una persona por sus ideas políticas en oposición al gobierno de turno".
Claudio Nash
© Foto : Gentileza Diario UChile
En su artículo Nash suma a la normativa internacional referencias nacionales como el informe de la Comisión de Prisión Política y Tortura de 2005, donde se establecen algunos criterios para determinar cuándo se está ante un caso de este tipo, y que apuntan, entre otros, "a la aplicación de normas jurídicas de mayor rigor en el juzgamiento de hechos, impuestas en forma arbitraria o con claros fines de represión política, y también a la motivación política en la detención y juzgamiento de delitos que constituyen hechos delictivos sancionados por cualquier legislación ordinaria de un país, que fueron cometidos con la intención de derrocar al régimen o impulsar cambios políticos".
A partir de estos antecedentes destaca que lo que se debe tener en consideración para la calificación de preso político no es la inocencia o culpabilidad de la persona, "sino que el contexto de la persecución penal, el tipo de legislación aplicable y el respeto de las debidas garantías de sus derechos humanos, sin discriminación"; aspectos que a su entender fueron particularmente afectados en el marco de la revuelta iniciada de 18 de octubre de 2019.
"Hay antecedentes de hecho y de derecho para considerar que, en democracia, existen personas que pueden ser calificadas como prisioneros políticos. El hecho de que estas personas estén siendo investigadas o hayan sido condenadas por delitos comunes en ningún caso excluye dicha calificación", asegura el académico en su columna.
Owana Madera va más allá y afirma que los presos políticos son todos los luchadores sociales de ayer y hoy, "son los presos políticos de la dictadura, en este caso Mauricio Hernández [condenado a 30 años de prisión por el asesinato del senador pinochetista Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards del Río, dueño del grupo mediático El Mercurio]:¿quién podría negar la calidad de preso político del compañero? Los compañeros anarquistas, los condenados ya de larga data. Los llamados presos subversivos, pero además ya veníamos nosotros con la situación de los presos políticos mapuche".
En su declaración, la coordinación "Ni un día + en la cárcel", llama a terminar con todas las formas de prisión política y agrega "a quienes cumplen penas alternativas como arresto domiciliario y a quienes fueron obligados a aceptar los juicios abreviados y las subsecuentes condenas".
Una piedra en el zapato
Grafiti por los presos políticos en Chile
© Sputnik / Carolina Trejo
Fue el martes 11 de enero cuando comenzó la campaña "Ni un día + en la cárcel", iniciativa que suma a más de 100 colectivos y organizaciones sociales, que busca, a través de la movilización social y la solidaridad, impulsar la "libertad sin condiciones a todxs lxs presxs por luchar".
"Nosotros hablamos de una libertad inmediata y sin condiciones. Porque no vamos a condicionar esa libertad. Nosotros también tenemos que asumir una responsabilidad porque son nuestros hermanos, nuestras hermanas que fueron detenidos en la calle, que podemos ser cualquiera de nosotros. Entonces nosotros nos hacemos cargo, nos hacemos responsables y no vamos a negociar esto, porque pensamos que no corresponde. Se trata de una campaña donde exigimos la nulidad de todos los juicios y que los compañeros y compañeras recuperen inmediatamente la libertad ", explica Owana.
"Estamos hoy día levantando esta campaña para mostrar este camino distinto, porque los presos políticos han ido saliendo por la movilización, por la lucha que se ha gestado desde las calles, desde esa expresión", agrega Owana.
Una movilización que ha sido permanente desde que comenzaron las primeras detenciones durante la revuelta social y que para Marta Lagos, directora de Latinobarómetro y la investigadora de opinión pública MORI Chile, es un tema que "sí o sí, de una manera u otra", debe resolver el próximo Gobierno de Gabriel Boric.
"Si él no soluciona, ya lo vimos, hay gente que sale a la calle y que va a protestar, y él necesita pasar por encima de eso para poder dedicarse a los temas de transformaciones, si no esto se va a mantener como un ruido permanente que va ir desviando la agenda informativa de los temas que a él le interesa poner", señaló Lagos al programa El Mostrador en La Clave.
Manifestantes por la libertad de los presos políticos en Chile
© Sputnik / Carolina Trejo
Para Claudio Nash el mandato que tiene este nuevo Gobierno es centrarse en los DDHH. "Por lo tanto uno esperaría que un Gobierno, con una sólida agenda en DDHH, se haga precisamente cargo, por una parte, de la prisión política en Chile; por otra parte, de establecer la verdad de lo que ocurrió desde octubre en adelante, poder dilucidar lo que ha ocurrido en Chile, no tenemos una dimensión completa. Y por otra parte contribuir y acelerar el proceso de reparación de las víctimas de las graves violaciones de DDHH ocurridas el último tiempo en Chile", señala a Sputnik.
"Eso se suma a hacerse cargo de las violaciones de DDHH y las consecuencias en la dictadura, y ahí hay una cuestión particular, que este [Gabriel Boric] es el primer presidente que no vivió la dictadura, entonces vamos a ver ahí cómo se enfrenta a ese tema, por lo tanto uno esperaría que el Gobierno haya entendido que su mandato es un mandato profundamente vinculado con las demandas de DDHH de este pueblo que es Chile", resalta.
Owana Madera
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Desde una posición más radical, Owana Madera indica que ellos van a seguir movilizados: "Nosotros no vamos a delegar esa responsabilidad, esa función, a la institucionalidad. No la vamos a delegar. Nosotros tenemos que ser los protagonistas desde la presión, ellos tienen que solucionarlo, eso sí. Nosotros tenemos que ejercer una presión de tal envergadura que ellos se vean en la obligación de buscar una solución".
"Porque los presos políticos van a seguir saliendo de las cárceles, porque vamos a estar en las calles, vamos a seguir en las calles, y eso es lo que los va a liberar", afirma.
