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La ansiada Ley de Vivienda española encalla en el poder judicial

La ansiada Ley de Vivienda española encalla en el poder judicial

Sputnik Mundo

BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — "Suena increíble que 40 años después no tengamos una ley estatal de vivienda, porque estamos hablando de un derecho constitucional"... 19.01.2022, Sputnik Mundo

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Esta frase fue pronunciada en un acto sobre políticas de vivienda con jóvenes en la ciudad de Alicante, una región turística del Mediterráneo, donde como él mismo reconoció, esta circunstancia encarece el acceso a la vivienda.Se refería Sánchez a uno de los proyectos estrella del Ejecutivo que encabeza, la Ley de Vivienda, que debía haber llegado el 18 de enero al Consejo de Ministros para su aprobación, pero que se encuentra paralizada desde que el órgano de Gobierno de los jueces la censurara el pasado 14 de enero.Lo que hizo el Consejo General de Poder Judicial español (CGPJ) fue rechazar por 15 votos a 6 un informe favorable elaborado por uno de sus vocales que avalaba la ley. Ahora, el Consejo volverá a debatir otro informe elaborado por otro de sus miembros el próximo 27 de enero.La opinión de los jueces no es vinculante para la aprobación de la ley, pero es preceptiva, es decir necesaria para su presentación.Esto es así porque modifica tres artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el apartado en el que regula los desahucios por impago; dado que, una vez que se apruebe la futura ley de vivienda, el juez tendrá que actuar de oficio coordinadamente con los servicios sociales para buscar una alternativa ocupacional al desahuciado.Ley retrasadaLa maniobra de los jueces impidió que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, llegara con el texto al Consejo de Ministros de esta semana, celebrado el 18 de enero, para su aprobación y envío posterior a las Cortes."Este era nuestro objetivo", comenzó reconociendo la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo, para después añadir que "va a ser una realidad que llegará pronto al Parlamento para su aprobación definitiva", según dijo.Una declaración de intenciones similar a la expresada este 19 de enero por el presidente Sánchez en Alicante, donde se mostró convencido de que la ley saldrá adelante, aunque no garantizó que lo haría sin modificaciones y se limitó a desgranar otra serie de iniciativas aprobadas ayer en materia de vivienda, entre las que destacan el bono joven de vivienda.Ni una comaQuien sí se manifestó tajante en el respeto al espíritu de la ley tal y como está redactada es la parte minoritaria de la coalición de Gobierno, Unidas Podemos, la formación a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español (PSOE)."Tanto Podemos como el Partido Socialista hemos manifestado que vamos a mantener el contenido íntegro del texto propuesto", señaló a la agencia Sputnik Alejandra Jacinto, portavoz de la Ejecutiva de Podemos.Jacinto apareció el 17 de enero en todos los informativos de televisión nacionales por unas declaraciones en las que atribuía a "las élites del ladrillo", el parecer de los jueces y, en su conversación con Sputnik apeló también a la "urgencia" para que se apruebe la ley, dada la situación que calificó de "emergencia habitacional, donde el acceso a la vivienda es prácticamente imposible para la mayoría social", según expresó.Alquileres máximosLa ley parte de los compromisos que dieron origen al Gobierno de la coalición de izquierdas española, en diciembre de 2019. Su negociación posterior, una vez puesto en marcha el Ejecutivo, dio origen a tensos enfrentamientos entre dos ministros que ya no forman parte del Gabinete: el socialista Ábalos y el anterior líder de Podemos, Pablo Iglesias.Finalmente el acuerdo entre las dos fuerzas de izquierdas dio como fruto un texto que permite por primera vez la regulación de los alquileres en las zonas con mercados tensionados (con alta demanda), pone freno a los desahucios sin vivienda alternativa para familias vulnerables y prohíbe la venta de vivienda protegida.El líder de la oposición, el conservador Pablo Casado, del Partido Popular, se manifestó contrario esta semana a "introducir legislación que vaya contra la libertad empresarial y contra la propiedad privada", según manifestó tras ser preguntado por la ley en un acto con empresarios.Por su parte, los jueces manifestaron en su dictamen sus dudas sobre un texto estatal, ya que en España las competencias en materia de vivienda están transferidas a las Comunidades Autónomas (los Gobiernos regionales).Habrá que ver finalmente cómo y cuándo llega este texto al Parlamento español que, junto con otra serie de medidas, pretende encarar el acceso a la vivienda que supone un problema para distintos colectivos de la sociedad española. Los jóvenes especialmente, pero también las familias, dado que según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 40% de las que viven de alquiler destinan más de un tercio de la renta a este apartado, que es límite aconsejable.

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