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Tres partidos piden en el Congreso de España una comisión que investigue abusos en la Iglesia

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Imagen referencial de tráfico de personas - Sputnik Mundo, 1920, 26.01.2022
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BARCELONA (Sputnik) — Tres partidos españoles pidieron en el Congreso de los Diputados la creación de una comisión que investigue los casos de abusos sexuales a menores en la Iglesia católica.
Las formaciones de izquierda Unidas Podemos (UP), Esquerra Republicana de Cataluña y Euskal Herria Bildu (del País Vasco) registraron una petición en la Cámara baja del Parlamento español donde solicitan la investigación de estos "hechos abominables", afirmó el portavoz de UP, Jaume Asens.
El pasado diciembre, se hizo pública la entrega por el diario El País de un informe al Vaticano con 251 casos de acusaciones de abusos a niños por parte de la Iglesia, que se suman a unas 1.000 víctimas contabilizadas en España, según el diputado.
Asens acusó a la Conferencia Episcopal Española de mantener una "actitud encubridora" así como de "hacer oídos sordos" y "mirar a otro lado" en cuanto a los delitos sexuales contra menores asociados a la institución.
"Esto nos parece grave, la cúpula eclesiástica no ha abierto sus archivos, no ha comunicado datos sobre números de víctimas e incluso ha negado cualquier responsabilidad", dijo el portavoz parlamentario, que comparó esta realidad con la de países donde se han impulsado investigaciones como Francia o Alemania.
En este contexto, los partidos que solicitaron la Comisión ven "imprescindible" que se lleve a cabo una investigación en sede parlamentaria en España.
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Los objetivos de la iniciativa son "depurar responsabilidades, conocer la verdad, reconocer a las víctimas y que no vuelva a suceder", detalló Asens, que habló de unos hechos que "no pueden quedar enterrados en los muros de la Iglesia" porque "interpelan a toda la sociedad''.
Se da la circunstancia que esta semana la Iglesia española reconoció haberse apropiado indebidamente de un millar de bienes inmuebles entre 1998 y 2015, aprovechando una ley por la que solo hacía falta una certificación eclesiástica.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, acordaron la devolución de estos bienes, que forman parte de los casi 35.000 que fueron inmatriculados por la Iglesia en ese período.
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