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El País Vasco sigue adelante con la dura asimilación de su pasado reciente
El País Vasco sigue adelante con la dura asimilación de su pasado reciente
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Hace ya más de diez años que la organización terrorista ETA (Euskadi ta Askatasuna, País Vasco y libertad, por su siglas en eusquera) anunció el cese de sus... 26.01.2022, Sputnik Mundo
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Recientemente, el departamento de Justicia del Gobierno vasco publicó un informe encargado a la Universidad de Deusto sobre la situación de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en aquellas décadas en Euskadi, es decir policías nacionales o guardias civiles que acudían desde otras partes de España a prestar servicio al, por aquel entonces, convulso territorio vasco.El análisis sigue a otros similares realizados anteriormente con los miembros de la Ertzaintza —la Policía vasca—, los concejales amenazados u otros colectivos que se vieron obligados a llevar escolta, con las consecuencias que supuso para su vida personal.Este profesor universitario que está a diario en contacto con jóvenes que, por edad, no conservan recuerdos del fenómeno terrorista, propone además a la sociedad practicar “la empatía hacia las víctimas, adoptar la ética de las víctimas, como una forma de comprender la vulneración de los derechos humanos que ha habido”, explica en conversación con la agencia Sputnik.Aislamiento socialPara ello el texto recupera episodios duros de la historia reciente del País Vasco, que parecen difíciles de imaginar, si se tienen en cuenta los índices de bienestar y desarrollo económico, que a menudo encabeza esta región, en el contexto español.El estudio reconoce que la amenaza de ETA a los policías nacionales y guardias civiles que, en muchas ocasiones se establecían en el País Vasco con sus familias, "alcanzó a todas las vertientes del desempeño profesional y a todos los ámbitos de vida privada y familiar".Continúa explicando cómo "mediante la intimidación colectiva" a estos agentes y a sus familias, estos quedaron "expuestos a una situación de aislamiento social", según se señala textualmente en el análisis conocido hace unos pocos días.Intxaurbe recuerda para Sputnik cómo este colectivo vivía en una situación de "reclusión social producto de intentar evitar los atentados terroristas", una amenaza que sobre este colectivo fue permanente durante las décadas de los 70, 80, 90 y los primeros 2.000.Este miembro del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, que es la entidad que firma el estudio, rescata también, como prueba de ese aislamiento, las casas cuartel en las que vivían los Guardias Civiles y las mentiras con las que los policías nacionales camuflaban ante su entorno su condición profesional: "decían que eran funcionarios o tenían cualquier otra profesión", afirma.Además, los miembros de las FCSE solían ocultar a sus propios hijos, mientras eran pequeños, su profesión para que no se supiera en la calle a través de los más pequeños de la casa y solo se lo comunicaban, una vez que se acercaban a la edad adulta. También era conocida la costumbre de colgar a secar el uniforme de trabajo en habitaciones interiores del piso, una vez lavado, para evitar exponerlo en fachadas o balcones, como se explica en el informe.Los atentadosUno de los policías que vivió aquellos días en el País Vasco es Francisco Zaragoza, policía nacional que acudió dentro de una unidad de antidisturbios en numerosas ocasiones a prestar servicios al País Vasco, entre los años 1983 y 1990.Recuerda como uno de los peores momentos de aquella etapa el atentado con coche bomba que sufrió en diciembre de 1988, cuando se dirigía a hacer la vigilancia de un partido de fútbol en la localidad de Eibar, "la furgoneta en la que íbamos saltó por los aires y para cuando pudimos salir, el comando nos comenzó a disparar para intentar rematarnos", relata.Rememora más momentos igualmente duros, pero a modo de resumen explica que "estás jugando con la muerte día a día. Al final ya no le tienes miedo, porque sabes que si no es hoy, será mañana cuando te toque a ti. Conforme estaba la situación, era lo que más se pensaba”, destaca en conversación telefónica con la agencia Sputnik.Francisco Zaragoza agradece al Gobierno vasco la iniciativa de este estudio, pero matiza que "un informe no cubre los años de sacrificio, dolor y sufrimiento" de los policías y sus familias.Este agente fue jubilado con 33 años en 1990 por las secuelas del atentado de Eibar y arrastra aún consecuencias físicas y psicológicas de aquella etapa, de hecho los autores del estudio citan el estrés postraumático como una de las secuelas más comunes que encontraron entre los agentes.Los autores también invitan a la sociedad vasca a que "califiquen este sufrimiento como injusto", lo que se encuadraría en el proceso de "verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición", que se promulga desde Naciones Unidas para estos casos.Un proceso que no todas las sociedades consiguen completar con éxito, como reconocen los autores del informe, y para el que piden "superar las viejas dinámicas y debates".La prueba, además, de que la sociedad vasca no cerró una herida del todo con el fin del terrorismo, sino que solo comenzó una lenta cicatrización.
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El País Vasco sigue adelante con la dura asimilación de su pasado reciente
18:15 GMT 26.01.2022 (actualizado: 19:04 GMT 26.01.2022) Hace ya más de diez años que la organización terrorista ETA (Euskadi ta Askatasuna, País Vasco y libertad, por su siglas en eusquera) anunció el cese de sus acciones y, como ocurrió antes en procesos similares en otras partes del mundo, la sociedad vasca comienza a digerir paulatinamente una situación que se extendió durante más de cuatro décadas.
Recientemente, el departamento de Justicia del Gobierno vasco publicó un
informe encargado a la Universidad de Deusto sobre la situación de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en aquellas décadas en Euskadi, es decir policías nacionales o guardias civiles que acudían desde otras partes de España a prestar servicio al, por aquel entonces, convulso territorio vasco.
El análisis sigue a otros similares realizados anteriormente con los miembros de la Ertzaintza —la Policía vasca—, los concejales amenazados u otros colectivos que se vieron obligados a llevar escolta, con las consecuencias que supuso para su vida personal.
“Este informe llega en un momento de construcción de la memoria colectiva”, comienza indicando José Ramón Intxaurbe, uno de los autores del estudio.
Este profesor universitario que está a diario en contacto con jóvenes que, por edad, no conservan recuerdos del fenómeno terrorista, propone además a la sociedad practicar “la empatía hacia las víctimas, adoptar la ética de las víctimas, como una forma de comprender la vulneración de los derechos humanos que ha habido”, explica en conversación con la agencia Sputnik.
10 de noviembre 2021, 16:07 GMT
Para ello el texto recupera episodios duros de la historia reciente del País Vasco, que parecen difíciles de imaginar, si se tienen en cuenta los índices de bienestar y desarrollo económico, que a menudo encabeza esta región, en el contexto español.
El estudio reconoce que la amenaza de ETA a los policías nacionales y guardias civiles que, en muchas ocasiones se establecían en el País Vasco con sus familias, "alcanzó a todas las vertientes del desempeño profesional y a todos los ámbitos de vida privada y familiar".
Continúa explicando cómo "mediante la intimidación colectiva" a estos agentes y a sus familias, estos quedaron "expuestos a una situación de aislamiento social", según se señala textualmente en el análisis conocido hace unos pocos días.
Intxaurbe recuerda para Sputnik cómo este colectivo vivía en una situación de "reclusión social producto de intentar evitar los atentados terroristas", una amenaza que sobre este colectivo fue permanente durante las décadas de los 70, 80, 90 y los primeros 2.000.
25 de octubre 2021, 12:45 GMT
Este miembro del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, que es la entidad que firma el estudio, rescata también, como prueba de ese aislamiento, las casas cuartel en las que vivían los Guardias Civiles y las mentiras con las que los policías nacionales camuflaban ante su entorno su condición profesional: "decían que eran funcionarios o tenían cualquier otra profesión", afirma.
Además, los miembros de las FCSE solían ocultar a sus propios hijos, mientras eran pequeños, su profesión para que no se supiera en la calle a través de los más pequeños de la casa y solo se lo comunicaban, una vez que se acercaban a la edad adulta. También era conocida la costumbre de colgar a secar el uniforme de trabajo en habitaciones interiores del piso, una vez lavado, para evitar exponerlo en fachadas o balcones, como se explica en el informe.
Uno de los policías que vivió aquellos días en el País Vasco es Francisco Zaragoza, policía nacional que acudió dentro de una unidad de antidisturbios en numerosas ocasiones a prestar servicios al País Vasco, entre los años 1983 y 1990.
Recuerda como uno de los peores momentos de aquella etapa el atentado con coche bomba que sufrió en diciembre de 1988, cuando se dirigía a hacer la vigilancia de un partido de fútbol en la localidad de Eibar, "la furgoneta en la que íbamos saltó por los aires y para cuando pudimos salir, el comando nos comenzó a disparar para intentar rematarnos", relata.
21 de enero 2022, 19:40 GMT
Rememora más momentos igualmente duros, pero a modo de resumen explica que "estás jugando con la muerte día a día. Al final ya no le tienes miedo, porque sabes que si no es hoy, será mañana cuando te toque a ti. Conforme estaba la situación, era lo que más se pensaba”, destaca en conversación telefónica con la agencia Sputnik.
Francisco Zaragoza agradece al Gobierno vasco la iniciativa de este estudio, pero matiza que "un informe no cubre los años de sacrificio, dolor y sufrimiento" de los policías y sus familias.
Este agente fue jubilado con 33 años en 1990 por las secuelas del atentado de Eibar y arrastra aún consecuencias físicas y psicológicas de aquella etapa, de hecho los autores del estudio citan el estrés postraumático como una de las secuelas más comunes que encontraron entre los agentes.
Los autores también invitan a la sociedad vasca a que "califiquen este sufrimiento como injusto", lo que se encuadraría en el proceso de "verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición", que se promulga desde Naciones Unidas para estos casos.
20 de octubre 2021, 07:00 GMT
Un proceso que no todas las sociedades consiguen completar con éxito, como reconocen los autores del informe, y para el que piden "superar las viejas dinámicas y debates".
La prueba, además, de que la sociedad vasca no cerró una herida del todo con el fin del terrorismo, sino que solo comenzó una lenta cicatrización.
