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El Gobierno de España aprueba la Ley por el Derecho a la Vivienda

© Europa Press / POOL/J. Hellín.El Consejo de Ministros aprueba la ley de vivienda
El Consejo de Ministros aprueba la ley de vivienda - Sputnik Mundo, 1920, 01.02.2022
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La portavoz del Gobierno, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y la ministra de Derechos Sociales ofrecen declaraciones a la prensa tras la reunión del Consejo de Ministros. La aprobación de la nueva Ley de Vivienda fue uno de los temas centrales.
Se trata de la primera norma de este tipo de carácter estatal y que contempla limitar a los grandes tenedores el precio de los alquileres en zonas tensionadas y ofrecer incentivos fiscales para que los pequeños propietarios bajen voluntariamente el precio de sus inmuebles en alquiler.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, explicó que con esta ley se honra un compromiso "con la mayoría del país" y se refuerza el Estado de bienestar. A su vez, insistió que no es una ley que va en contra de los propietarios, sino de la especulación.
"La motivación ha sido responder a las necesidades del conjunto de ciudadanos y ciudadanas, a muchas personas que demandaban que algo tan básico como tener una vivienda no se limitase a ser una mera declaración de intenciones que estaba recogida en la Constitución, sino que verdaderamente los poderes públicos articularamos todos los mecanismos, todos los instrumentos para hacer de este derecho un derecho realizable", apuntó Sánchez.
Este anteproyecto se aprueba un año más tarde de lo que tenían previsto los socios de Gobierno debido a las diferencias en torno al contenido del texto. De esta nueva normativa, la ministra Sánchez destacó que protegerá el parque público de viviendas sociales "para que no pueda volver a ser enajenado como ocurrió en el pasado y para que los más débiles nunca más se vean expuestos a situaciones de inseguridad material y jurídica".
También apuntó que "mejorará la regulación" de los desahucios en situaciones de vulnerabilidad.
"De manera que los servicios sociales se puedan coordinar de una forma más eficaz con los jueces para poder ofrecer a través de las administraciones competentes soluciones habitacionales cuando se dan esas situaciones de vulnerabilidad", indicó Sánchez.
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Por su parte, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, aseguró que esta ley "es el primer paso" hacia un nuevo camino.
"Y es el de dejar atrás las burbujas inmobiliarias, la especulación y también los pelotazos urbanísticos. Sabemos que va a ser difícil porque los intereses interpuestos económicos y políticos son muy fuertes, pero creo que es el único camino que podíamos recorrer".
A su vez, Belarra insistió que esta ley de vivienda era "absolutamente imprescindible" para empezar a dar los primeros pasos "en la dirección correcta" y así dejar en el pasado "las burbujas", que según destacó, es lo único que ha conocido su generación.
"Pasamos de una burbuja hipotecaria después de la crisis financiera del año 2008, que dejó tras de sí miles de desahucios, miles de familias que lo perdieron todo. Muchas tenían cláusulas abusivas en sus hipotecas y muchas también tuvieron que entregar su vivienda y aún así se quedaron con deudas a perpetuidad. Después, estamos viviendo todavía, una burbuja del alquiler que ha supuesto según algunas estimaciones, que entre 2015 y el año 2020 los alquileres subieran hasta un 50%".
Ione Belarra
Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030
Desde otra orilla, los empresarios inmobiliarios rechazan este anteproyecto de ley porque, aseguran, atacaría la libertad y el derecho a la propiedad; mientras que los movimientos sociales la apoyan, pero alertan que "se queda corta" porque se necesita una regulación más fuerte que establezca que un gran tenedor es quien posee más de cinco viviendas, y no diez como lo establece el actual texto. Además, piden que se garantice que la vivienda es un derecho básico de los ciudadanos y no un bien de mercado con el que se puede especular.
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El anteproyecto de ley fue aprobado en el Consejo de Ministros pese al informe que presentó el 24 de enero el Consejo General del Poder Judicial, en el que criticó la nueva norma por supuestamente invadir las competencias de las comunidades autónomas y entrometerse en el derecho a la propiedad privada. Sin embargo, como este informe no es vinculante, el Gobierno pudo sacar adelante la norma.
Ahora, el siguiente paso será llevar la posible nueva normativa al Congreso de los Diputados donde se decidirá si se aprueba o no. Vox y el Partido Popular ya se han posicionado en contra e incluso en comunidades gobernadas por ellos, como la de Madrid, han asegurado que esta nueva Ley de Vivienda no se aplicará.
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