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Xiomara Castro, una "luz al final del túnel" para los presos políticos y exiliados de Honduras

© REUTERS / Fredy RodriguezXiomara Castro, presidenta electa de Honduras
Xiomara Castro, presidenta electa de Honduras - Sputnik Mundo, 1920, 05.02.2022
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El golpe de Estado del 28 de junio de 2009 contra el entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya (2006-2009) marcó el comienzo de un periodo de represión y persecución política, autorizado y promovido por los gobiernos de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández, ambos del Partido Nacional, a juicio de los analistas entrevistados por Sputnik.
Para los denunciantes de arbitrariedades y atentados contra el bienestar social, los 12 años de gobierno del Partido Nacional de Honduras (PN, derecha) significaron privación de libertad y exilio forzado, de ahí que la presidenta Xiomara Castro definiera como prioridad una Ley de Amnistía para los presos políticos y de conciencia, como señaló en su discurso de investidura el 27 de enero, desde el Estadio Nacional de Tegucigalpa.
La mandataria orientó además el retorno de los desterrados por causas políticas. Aseguró "no más escuadrones de la muerte, no más silencio ante los feminicidios, no más sicariato, no más narcotráfico, ni crimen organizado" durante su administración, y advirtió la urgencia de libertad para los defensores de Guapinol y de justicia ante el asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres.
"Quienes luchamos en defensa de los derechos sociales, económicos, culturales, ambientales, civiles y políticos, frente a un Estado y gobiernos autoritarios, recibimos la calificación de presos políticos", afirmó a Sputnik el hondureño Juan López, pedagogo, abogado y miembro coordinador del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
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A su juicio, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Congreso Nacional, cómplice de las reformas a las leyes que favorecen la explotación de los recursos naturales, constituyeron instrumentos para imponer la voluntad de los grupos de poder, cuyos intereses son amenazados por la resistencia y protesta de los movimientos sociales y comunales, frente a la invasión de los grandes capitales.
"El anuncio de la presidenta constituye una luz al final del túnel. Pero el objetivo principal es la libertad tras el juicio. Este proceso reviste mucho interés para los consorcios extractivos que aún controlan el Poder Judicial, por tanto, podrían aparecer nuevas trabas frente a la decisión del Ejecutivo y de Xiomara Castro", advirtió López.

¿Cómo se vive en el exilio?

El estudiante de ciencias políticas y dirigente hondureño Eduardo Urbina, militante del Partido Libertad y Refundación (Libre) y exiliado en Costa Rica desde 2017, fue uno de los perseguidos durante la administración de Juan Orlando Hernández (2014-2022) por su adhesión a la organización de izquierda y su lucha constante contra la "dictadura" impuesta por el Partido Nacional.
"Sufrí atentados, vigilancia permanente en mi casa y escuchas telefónicas. Pero la principal razón de mi salida fue que durante la crisis poselectoral de ese año, los medios de comunicación y las redes sociales expusieron mi fotografía, identificación, número de teléfono, dirección de mi casa y movimientos migratorios. Estaba en riesgo y las organizaciones de derechos humanos me recomendaron abandonar el país", confesó a Sputnik.
Describe su permanencia fuera de Honduras como un camino "difícil, lleno de retos y solitario", sobre todo cuando pesa sobre él un proceso judicial y un caso estigmatizado. A ello se suma en el plano espiritual, el impacto de su ausencia en la vida de familiares y amigos y la pérdida irremediable de seres queridos, sobre todo en tiempos de COVID-19.
"Como consecuencia de la pandemia, murieron muchos conocidos y un bisabuelo. Ha sido duro por los duelos, por la falta de despedidas y la ausencia en los últimos momentos. Es complejo además por la parte política, a mí básicamente me expulsaron del país y no pude cerrar ningún proceso, ni alejarme de manera paulatina. Todo fue de un tajo, lo cual me dejó con un golpe anímico significativo", reveló.
¿Contra qué luchaba Urbina? A su juicio, enfrentaba a poderes fácticos; a los partidos que responden a intereses de Estados Unidos; a los representantes del narcotráfico, presentes en la vida política de la nación hasta la investidura de Xiomara Castro el 27 de enero último y a 12 años de "dictadura", metaforizados como "una larga noche".
"La violación a los derechos humanos y la ausencia de un estado de derecho eran características visibles de la dictadura. Durante ese periodo cualquier manifestación en contra del régimen era brutalmente reprimida. Acoso, secuestro y homicidios por los cuerpos irregulares eran el pan nuestro de cada día", argumentó.
Unido a la asunción continua de proyectos extractivos; políticas de despojo; acciones directamente agresivas en contra de las mujeres; violencia estructural orientada al enfrentamiento a la juventud, los movimientos campesinos y organizaciones sociales; un desmontaje del Ejecutivo y latrocinio generalizado en las cuentas estatales.
"El retorno al país representa un horizonte de esperanzas y, más allá de la parte romántica, como militante significa poder aportar al proceso latinoamericanista que Honduras consolida en la actualidad y se necesita la ayuda de todas las manos y habilidades posibles. También abrazar nuevamente a mi familia y a mis amigos. Antes de la victoria de noviembre, el regreso era solo una tentación peligrosa", afirmó Urbina.
El estudiante hondureño aludió a la aprobación el 3 de febrero último en el Congreso Nacional, presidido por el diputado Luis Redondo, del proyecto de Ley de Amnistía que confiere el derecho a los perseguidos de acogerse a ese recurso jurídico; posibilita el archivo de los procesos penales y judiciales pendientes y que a las personas no se les vuelva a juzgar por esos delitos.

¿Qué sucede con los ocho de Guapinol?

Los ambientalistas encarcelados Daniel Márquez, Kelvin Romero, Javier Alemán, Alexander Cedillo, Abelino Cedillo, Porfirio Sorto, Orbin Hernández y Jeremías Martínez, integran un grupo de defensores de los ríos Guapinol y San Pedro que nacen en una reserva natural de la costa norte de la nación centroamericana y protestan contra la empresa minera Inversiones Los Pinares.
De acuerdo con Juan López, en 2011 el órgano legislativo hondureño declaró la montaña de Botaderos en la región del Bajo Aguan, como Parque Nacional, denominado además Carlos Escaleras en tributo a un campesino de la región, asesinado en 1997 para detener su lucha a favor de la protección de la tierra y el agua en esa zona del departamento de Colón (norte).
Un año después, bajo el Ejecutivo de Porfirio Lobo (2010-2014), el parlamento aprobó un decreto favorable para las operaciones de la compañía minera EMCO, actualmente Inversiones Los Pinares —perteneciente a la pareja hondureña Lenír Pérez y Ana Facussé—, pese al rechazo de organismos estatales como el Instituto de Conservación Forestal.
"La empresa, beneficiada con capitales nacionales e internacionales, ha crecido enormemente en la última década bajo la protección del recién finalizado Gobierno de Juan Orlando Hernández, y además posee nexos con el consorcio empresarial Dinant, dedicado a la manufactura, distribución y mercadeo de productos, desde su fundación en 1980", señaló el experto.
En 2014, sin consultar a las comunidades afectadas, la Corporación Municipal de Tocoa aprobó los permisos de operación de la mina, aunque en ese entonces no contaban con una licencia ambiental. Frente a las amenazas de los proyectos extractivistas los movimientos locales crearon el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos en 2015.
Tras presentar denuncias penales y administrativas, el análisis del tema en el Congreso y los diálogos con autoridades del lugar, los miembros del Comité convocaron a movilizaciones pacíficas, plantones y en 2018 participaron en un campamento pacífico en la comunidad de Guapinol, contra las acciones que ponían en peligro las principales fuentes de agua del sitio.
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Desde entonces, reconoció López, sus integrantes sufren acoso, intimidación, castigo, criminalización, son víctimas de campañas de desprestigio y su caso se utiliza como ejemplo de advertencia para quienes osen manifestarse en condena a iniciativas de este tipo y "defienden su vida y la de sus espacios de residencia".
En septiembre de 2019, la jueza de la Jurisdicción Nacional Lisseth Vallecillo emprendió un procesamiento formal contra los ocho hombres antes mencionados por los cargos de incendio agravado y privación injusta de libertad y ordenó su traslado a una prisión preventiva. Permanecieron dos meses en una cárcel de máxima seguridad y luego en un centro penal cercano a su casa, donde se encuentran hasta la fecha.
"Dentro y fuera del territorio nacional, existen asociaciones que exigen la libertad de los defensores que el estado hondureño tiene bajo detención arbitraria, según la Organización de Naciones Unidas, y presos de conciencia, de acuerdo con Amnistía Internacional. Existe una inmensa solidaridad porque, en los últimos años, aumentó la percepción de las luchas en Honduras", aseguró.
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Para Alba López, ambientalista, comunicadora y defensora de los derechos humanos, los procesos judiciales contra los considerados como presos políticos incorporan a fiscales sin jurisdicción y a tribunales incompetentes, aspectos señalados incluso por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
La motivación para su condena, añadió a Sputnik, responde a cuestionamientos políticos pues la mayoría son opositores al golpe de Estado de 2009, al fraude electoral de 2017 o fueron detenidos durante las protestas contra el Gobierno de Juan Orlando Hernández, si bien les imputan delitos como sedición, posesión ilegal de armas de guerra, tenencia y almacenamiento de munición de uso no comercial, usurpación, daños, robo, tráfico ilegal de productos forestales, obstaculización de planes de manejo u operativos, entre otros.
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