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Luis Almagro tuvo que reconocer las masacres en Bolivia a partir del golpe de Estado de 2019

Luis Almagro tuvo que reconocer las masacres en Bolivia a partir del golpe de Estado de 2019

Sputnik Mundo

El informe final sobre las vulneraciones de derechos humanos cometidos durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020) fue presentado a los 34 países... 03.03.2022, Sputnik Mundo

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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) su informe sobre las vulneraciones de derechos humanos cometidas en Bolivia antes y después del golpe de Estado contra Evo Morales. Desde el Gobierno de Luis Arce aseguraron a Sputnik que este "es el comienzo" del camino hacia la justicia para las —al menos— 37 personas asesinadas por el régimen golpista.El embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce Zaconeta, contó que en la reunión se observó un cambio de actitud en Luis Almagro, secretario general de este organismo, quien desde un primer momento había negado que en Bolivia se hubiera cometido un golpe de Estado contra Morales (2006-2019).No obstante, Arce sostuvo que Almagro tiene responsabilidad en lo ocurrido en 2019, ya que su modo de actuar y hablar públicamente habría avalado las graves vulneraciones de derechos denunciadas."Recordemos que el génesis, el epicentro de lo que se vivió en Bolivia está justamente en un informe de la OEA que publicaron en la madrugada del 10 de noviembre de 2019", la misma fecha del golpe.Ese documento, avalado por Almagro, decía que en las elecciones del 20 de octubre de ese año hubo un fraude electoral dirigido a mantener a Morales en el poder por cinco años más, hasta 2025. Finalmente, el Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020) anuló esos comicios, que daban por ganador en primera vuelta al entonces presidente.Para Arce, el informe de Almagro comprende "una serie de situaciones anormales. No había sido validado por el Estado, no hubo un informe preliminar. El documento era tendencioso, destinado a buscar un solo fin", el derrocamiento de Morales.En este sentido, el informe del GIEI permitirá iniciar nuevas investigaciones, dirigidas a conocer el rol de la OEA y su secretario general en el golpe. "Insistimos para que se abra una investigación certera, independiente, para que los hechos sean definitivamente aclarados y los responsables identificados", sostuvo el embajador boliviano."Hacemos hincapié en que no es un tema cerrado. Es un tema abierto. Varios Gobiernos, incluido Estados Unidos, están interesados en saber cuál fue el rol de la Secretaría General de la OEA en este periodo nefasto", advirtió Arce.Al momento de su intervención en la reunión virtual, Almagro dio un discurso algo errático, totalmente alejado de la dureza con la cual culpaba a Morales en 2019 por los hechos suscitados a partir de su derrocamiento."Cuando llamamos a la estabilidad, como lo hicimos en el comunicado del domingo 10 [de noviembre de 2019], cuando llamamos a la estabilidad y a la no violencia para respetar el mandato constitucional, actuar en el marco constitucional, lo hacemos por una razón clara: evitar que ocurran situaciones como estas", dijo en referencia a lo narrado en el informe.Y reconoció: "La responsabilidad institucional que tenemos no es algo que podemos sacarnos y ponernos a nuestro antojo, sino que la tenemos que asumir".Presentación ante la OEAEl informe final fue presentado este 2 de marzo vía virtual a los 34 países de la OEA. Allí, cuatro de los cinco expertos independientes compartieron sus impresiones sobre el periodo analizado.Dejaron en claro que hubo "masacres" en Sacaba y Senkata, que costaron la vida a decenas de civiles. En ese momento, militares y policías operaron al amparo del decreto 4078, firmado por Áñez y su gabinete, según el cual la justicia ordinaria no iba a castigarlos por los crímenes que cometieran contra el pueblo boliviano.En el mismo sentido, Julián Burger, también de GIEI, dijo que el informe "sí considera que los actos de violencia en Senkata y Sacaba deben calificarse de masacres, dado un número de ciudadanos que protestaban pacíficamente y que fueron asesinados por la Policía y las Fuerzas Armadas".Estas masacres fueron lideradas por el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien durante el régimen de Áñez viajó a EEUU varias veces. En una de esas ocasiones tuvo una reunión amena con Almagro, a juzgar por sus sonrisas en las fotografías que compartieron del encuentro.En otro de esos viajes, Murillo fue detenido en el estado de Florida, por su participación en una red de sobornos y corrupción para comprar materiales represivos destinados a la Policía boliviana, que en esos días lidiaba a diario con quienes exigían en las calles el regreso de la democracia.Murillo, como todos los funcionarios de Áñez, sostenía que las personas asesinadas en Sacaba, Cochabamba (el 15 de noviembre de 2019), y en Senkata, La Paz (el 19 de noviembre del mismo año) se habían "disparado entre ellos".El informe del GIEI"Es un informe de 500 páginas, que narra de una manera extraordinariamente precisa y absolutamente objetiva todo lo que ocurrió en nuestro país en este luctuoso período de quiebre constitucional y crisis del Estado de derecho", indicó Arce, quien fue diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), procurador general del Estado (2014-2017) y ministro de Justicia hasta el día del golpe (2017-2019).Y adelantó que en la segunda mitad de marzo "se ha de suscribir en Bolivia un acuerdo entre la CIDH [Comisión Interamericana de Derechos Humanos] y el Estado boliviano para la implementación y el seguimiento a las recomendaciones de este informe del GIEI".Próximos juiciosPor los crímenes cometidos en el marco del golpe de Estado están tras las rejas la expresidenta de facto Jeanine Áñez, dos de sus ministros, así como varios jefes militares y policiales, quienes obedecieron a sus órdenes de disparar sobre el pueblo boliviano en las calles, descontento con la ruptura del orden constitucional.Días atrás, dos ex altos jefes militares (Palmiro Jarjuri y Jorge Terceros) se acogieron al juicio abreviado para reconocer su culpa en los crímenes del golpe.A finales de marzo se instalaría el juicio contra Áñez, el cual versará sobre las condiciones ilegales en las cuales la entonces senadora se autoproclamó presidenta de Bolivia. Pero en esas sesiones no se tratará su responsabilidad en las masacres, que causaron al menos 37 muertes por balas policiales y militares.Las organizaciones de víctimas y familiares de los asesinados exigen más velocidad a la justicia boliviana. Por ello permanentemente tienen discusiones con el Gobierno de Arce. El informe del GIEI ¿puede servir para acelerar los tiempos judiciales?"Yo creo que sí. Es uno de nuestros principales cometidos, porque las víctimas tienen un lugar preponderante", dijo Héctor Arce. Y agregó que a partir del informe se les debe dar "una reparación integral y una atención completa. Esto es necesario para lograr un proceso de verdadera reconciliación y de reencuentro entre bolivianos".

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