Puerto Rico, fin de la quiebra e inicio del Plan de Ajuste de la Deuda
Puerto Rico, fin de la quiebra e inicio del Plan de Ajuste de la Deuda
Sputnik Mundo
SAN SALVADOR (Sputnik) — La fecha del 14 de marzo de 2021 quedó registrada en la historia de Puerto Rico por el anuncio del gobernador, Pedro Pierluisi, de que... 18.03.2022, Sputnik Mundo
"Llevamos muchos años sufriendo las secuelas negativas de la crisis fiscal, así como de los devastadores efectos de los huracanes, los terremotos y la pandemia. Sin embargo, hoy quiero hablarles de una nueva era, un nuevo comienzo del futuro económico de Puerto Rico", dijo el gobernante insular a través de un mensaje grabado titulado Nuestra era.Fue un quinquenio de freno al desarrollo económico de la isla, de impedimento al acceso a capitales y de estragos en las finanzas públicas, argumentó el gobernador, partidario militante de la estatidad (anexión a Estados Unidos).Plan de ajusteAl día siguiente (15 de marzo) entró en vigor el llamado Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), el octavo en la historia insular.Los 33.000 millones de dólares que el Estado le debía a los acreedores fueron reacomodados a 7.500 millones, lo que equivale a una reducción (quita) cercana al 80%.El Gobierno pasará de pagar 25 centavos por cada dólar que ingrese a las arcas públicas a abonar siete céntimos por cada una unidad monetaria recaudada.Los defensores del ajuste presumen de que el Plan no incluye recortes a las pensiones y la creación de un Fideicomiso para la Reserva de Pensiones, el cual será custodiado mayormente por retirados electos.Un editorial del diario El Vocero, tras reconocer algunos elementos positivos del reajuste, advirtió que no todo es color de rosa,El PAD también impone sacrificios, no solamente a los bonistas (acreedores), algunos de ellos pequeños inversionistas que vieron oportunidad en rendir sus ahorros a través de bonos del gobierno, opinó el diario de distribución gratuita.Tampoco será una panacea para los servidores públicos que ven sus beneficios de retiro acortados o afectados, comentó.El Vocero alertó sobre el peligro de volver a caer "en una vorágine prestataria, que llegó a un punto casi de libertinaje en las pasadas décadas".Y reforzó la advertencia con palabras del director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Omar Marrero: "No se puede emitir deuda para cuadrar la caja. Solo se puede emitir deuda para obra capital".Una presunta carencia de disciplina fiscal en el Gobierno impedirá que tomar prestado sea la solución, resumió.El medio de comunicación expresó su confianza en que la Legislatura ejerza su función de vigilancia a la hora de emitir deuda a futuro.Y que el interés nacional prime por encima de los colores políticos.Super quiebra, 2017Cuando el 4 mayo de 2017 el gobernador Ricardo Rosello anunció que el Estado Libre Asociado se declaraba en quiebra, Estados Unidos asistía al mayor proceso de ese tipo en un territorio bajo su jurisdicción, en toda su historia.Para administrar la multimillonaria deuda contraída por la administración insular fue necesario nombrar un tribunal federal, con la misión de liquidar el enorme pasivo cuanto pagaría Puerto Rico.La crisis del momento en la nación caribeña podía resumirse en dos cifras, una tasa de pobreza del 45%, y un desempleo de 12 puntos porcentuales, el doble que el país encargado de administrar su soberanía.Entonces la deuda ascendía a 73.000 millones de dólares y la Isla del Encanto debió acogerse al Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 2016.Por su condición de Estado Libre Asociado, que data de 1952, la isla caribeña no podía acogerse código estadounidense de Bancarrotas, como sí lo hizo la ciudad de Detroit (norte) en 2013.En tales condiciones Estados Unidos impuso la Junta de Supervisión Fiscal —JSF, siete miembros nombrados por el presidente de los Estados Unidos y un miembro ex officio escogido por el Gobernador de Puerto Rico—, encargada desde entonces del manejo de las finanzas del Gobierno insular.Puerto Rico debe balancear su presupuesto durante al menos cuatro años fiscales consecutivos de acuerdo con los estándares modificados de contabilidad de valores devengados (según establece la sección 209 de la Ley Promesa) antes de que cese la Junta de Supervisión.Un presupuesto balanceado incluye la emisión de pagos a la deuda reestructurada.
SAN SALVADOR (Sputnik) — La fecha del 14 de marzo de 2021 quedó registrada en la historia de Puerto Rico por el anuncio del gobernador, Pedro Pierluisi, de que la isla antillana había dejado atrás, por fin, casi cinco años de quiebra financiera.
"Llevamos muchos años sufriendo las secuelas negativas de la crisis fiscal, así como de los devastadores efectos de los huracanes, los terremotos y la pandemia. Sin embargo, hoy quiero hablarles de una nueva era, un nuevo comienzo del futuro económico de Puerto Rico", dijo el gobernante insular a través de un mensaje grabado titulado Nuestra era.
Y agregó que: "La sombra de la bancarrota gubernamental obstaculizó nuestro desarrollo económico, impidió nuestro acceso a capital para obras permanentes y causó estragos en las finanzas públicas".
Fue un quinquenio de freno al desarrollo económico de la isla, de impedimento al acceso a capitales y de estragos en las finanzas públicas, argumentó el gobernador, partidario militante de la estatidad (anexión a Estados Unidos).
Plan de ajuste
Al día siguiente (15 de marzo) entró en vigor el llamado Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), el octavo en la historia insular.
Los 33.000 millones de dólares que el Estado le debía a los acreedores fueron reacomodados a 7.500 millones, lo que equivale a una reducción (quita) cercana al 80%.
El Gobierno pasará de pagar 25 centavos por cada dólar que ingrese a las arcas públicas a abonar siete céntimos por cada una unidad monetaria recaudada.
Los defensores del ajuste presumen de que el Plan no incluye recortes a las pensiones y la creación de un Fideicomiso para la Reserva de Pensiones, el cual será custodiado mayormente por retirados electos.
Un editorial del diario El Vocero, tras reconocer algunos elementos positivos del reajuste, advirtió que no todo es color de rosa,
El PAD también impone sacrificios, no solamente a los bonistas (acreedores), algunos de ellos pequeños inversionistas que vieron oportunidad en rendir sus ahorros a través de bonos del gobierno, opinó el diario de distribución gratuita.
Tampoco será una panacea para los servidores públicos que ven sus beneficios de retiro acortados o afectados, comentó.
El Vocero alertó sobre el peligro de volver a caer "en una vorágine prestataria, que llegó a un punto casi de libertinaje en las pasadas décadas".
Y reforzó la advertencia con palabras del director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Omar Marrero: "No se puede emitir deuda para cuadrar la caja. Solo se puede emitir deuda para obra capital".
Una presunta carencia de disciplina fiscal en el Gobierno impedirá que tomar prestado sea la solución, resumió.
El medio de comunicación expresó su confianza en que la Legislatura ejerza su función de vigilancia a la hora de emitir deuda a futuro.
Y que el interés nacional prime por encima de los colores políticos.
Para administrar la multimillonaria deuda contraída por la administración insular fue necesario nombrar un tribunal federal, con la misión de liquidar el enorme pasivo cuanto pagaría Puerto Rico.
La crisis del momento en la nación caribeña podía resumirse en dos cifras, una tasa de pobreza del 45%, y un desempleo de 12 puntos porcentuales, el doble que el país encargado de administrar su soberanía.
Entonces la deuda ascendía a 73.000 millones de dólares y la Isla del Encanto debió acogerse al Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 2016.
Por su condición de Estado Libre Asociado, que data de 1952, la isla caribeña no podía acogerse código estadounidense de Bancarrotas, como sí lo hizo la ciudad de Detroit (norte) en 2013.
En tales condiciones Estados Unidos impuso la Junta de Supervisión Fiscal —JSF, siete miembros nombrados por el presidente de los Estados Unidos y un miembro ex officio escogido por el Gobernador de Puerto Rico—, encargada desde entonces del manejo de las finanzas del Gobierno insular.
Puerto Rico debe balancear su presupuesto durante al menos cuatro años fiscales consecutivos de acuerdo con los estándares modificados de contabilidad de valores devengados (según establece la sección 209 de la Ley Promesa) antes de que cese la Junta de Supervisión.
Un presupuesto balanceado incluye la emisión de pagos a la deuda reestructurada.
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