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El juicio de nunca empezar tensiona a Bolivia

© AP Photo / Juan KaritaJeanine Áñez, expresidenta interina de Bolivia
Jeanine Áñez, expresidenta interina de Bolivia - Sputnik Mundo, 1920, 29.03.2022
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LA PAZ (Sputnik) — Por un lado, virulentos debates en las redes sociales y ruidosas manifestaciones callejeras, y por el otro, una enrevesada y casi nula audiencia en un tribunal: el histórico juicio contra la expresidenta boliviana Jeanine Áñez (2019-2020) no termina de empezar.
Las confrontaciones en las plataformas virtuales, que llevaban ya más de un año instaladas en el centro de actualidad, alcanzaron niveles de violencia verbal en el primer día del juicio por el golpe de 2019, que estaba pospuesto desde un fallido primer intento del 10 de febrero.
"Asesina", "usurpadora", "corrupta", "ladrona" y otros calificativos de parecido tono se multiplicaban por centenares, tal vez millares, en medio de irreproducibles insultos a la exgobernante derechista, acusada de haber violado la Constitución al haber asumido la presidencia por autoproclamación tras la caída de Evo Morales (2006-2019).
Los partidarios de Áñez en las redes no se quedaron atrás, respondiendo con argumentos en favor de la supuesta legalidad del cambio de gobierno de hace más de dos años y con duros ataques a Morales y a su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), acusándolos de manipular a la justicia.
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En la calle

Mientras el tribunal procuraba deliberar en una caótica sesión virtual, marcada por interrupciones entre abogados y jueces y con frecuentes cortes de sonido e imagen, centenares de detractores de Áñez se manifestaban en las afueras del edificio judicial.
Los delitos por los que se acusa a Áñez, que corresponden a los de un funcionario que habría incumplido sus deberes, tienen una pena máxima de 12 años, pero los manifestantes pedían a gritos y con abundantes pancartas 30 años de reclusión sin derecho a indulto, la pena máxima del Estado boliviano.
"¡Sacaba, Senkata, no se olvidan, Áñez 30 años!", coreaba un grupo, en referencia a los lugares donde ocurrieron dos de las masacres ocurridas en los primeros días del Gobierno provisional de Áñez, que dejaron al menos una veintena de muertos.
"Sabemos que este juicio de hoy es por lo que ella hizo antes de autoproclamarse presidenta, pero queremos dejar sentado que cuando se la juzgue por las masacres no aceptaremos menos de 30 años", dijo Martín Alvarado, representante de un grupo de familiares de víctimas de la violencia política de 2019, en diálogo con la Agencia Sputnik.
Otros grupos de adversarios de Áñez se congregaron en puertas de la cárcel femenina del barrio paceño de Miraflores, donde está recluida la acusada, gritando también consignas contra la exgobernante recluida en ese lugar.
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Esa concentración concluyó al mediodía, después de que el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción resolvió dar por finalizada la primera audiencia y convocar a otra para el 4 de abril, en espera de que la salud de Áñez mejore.
La expresidenta, por segunda vez en menos de dos meses, sufrió un aparente desvanecimiento en plena audiencia judicial, que esta vez fue diagnosticado por médicos del penal como "crisis de ansiedad", lo que fue aprovechado por sus partidarios para renovar sus denuncias de supuesto maltrato y hasta "brutalidad" de las autoridades judiciales y penitenciarias.
La Dirección de Régimen Penitenciario replicó en un comunicado que "los cinco profesionales médicos que se encuentran a su disposición controlaron el estado de salud de la privada de libertad [Áñez], antes, durante y después del desarrollo de la audiencia virtual".
Los jueces apenas lograron dictar una resolución que declaró en rebeldía a tres ex comandantes militares y a un excomandante policial, también acusados por el golpe, que no concurrieron a la audiencia. Los cuatro fugaron al extranjero.
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Ni principio ni fin

La defensa, que exigió la suspensión de la audiencia, dejó para la próxima ocasión la presentación de varios recursos que podrían demorar aún más la apertura de debates de fondo.
Entre esos recursos, destacaba el pedido de que el juicio sea presencial y no virtual, arguyendo que la pandemia de COVID-19 está aparentemente de retirada y ya se ha normalizado la mayor parte de las actividades.
El Ministerio de Justicia, que es parte de la acusación, dijo poco después que aceptaba el aplazamiento, "respetuoso del debido proceso", aunque advirtió que las interrupciones atribuidas a la defensa podrían llegar a configurar un delito de retardación de justicia.
"Los problemas provocados para interferir en la audiencia virtual y el uso desmesurado de recursos procesales por la parte acusada y sus abogados reflejan una actitud obstaculizadora y contraria al derecho constitucional a contar con decisiones judiciales en un plazo razonable y sin dilaciones", afirmó esa oficina en un comunicado.
El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, fue más allá y advirtió que la defensa estaría ejecutando un plan para llevar al proceso a un punto muerto.
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"La norma señala que un juicio no debe durar más de tres años y entendemos que la defensa va a apostar a lograr vencer ese plazo para plantear después una excepción por prescripción del tiempo", dijo Silva al servicio de radio del diario La Razón.
Para el ministro de Justicia, Iván Lima, el inicio del juicio, incluso con sus tropiezos, marcaba "un día histórico para la recuperación de la memoria y la justicia".
Para los opositores, como el expresidente Carlos Mesa (2003-2005), el MAS estaría cometiendo una "histórica ignominia, imponiendo un juicio espurio contra la ex presidenta Añez, con una justicia servil, sentencia previa y violando DDHH, solo para ocultar el gigantesco fraude (de 2019) de Morales y sus cómplices".
Carolina Ribera, hija de la expresidenta, denunció haber sido expulsada de la sala virtual del juicio y dijo sentirse "impotente, frutrada y con las manos atadas" ante el proceso judicial, que volvió a denunciar como "un abuso y un invento del Gobierno de Luis Arce y Evo Morales".
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La activista de derechos humanos Nadesdha Guevara dijo a la televisión estatal que el juicio puede prolongarse incluso por años, pero consideraba que la suerte de Áñez podría estar echada desde que dos excomandantes militares sometidos al mismo proceso, —Jorge Terceros de la Fuerza Aérea y Gonzalo Jarjury de la Armada- se declararon culpables el mes pasado y ya fueron condenados.
"Ellos ya están aceptando lo que ha sucedido el año 2019, están aceptando su responsabilidad; pero, además de ello, están aceptando la autoría de Jeanine Áñez", sostuvo Guevara, presidenta de la Asociación Pro Derechos Humanos Bolivia.
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