Áñez desconoce a jueces y rechaza interrogatorio
16:41 GMT 08.04.2022 (actualizado: 17:05 GMT 08.04.2022)
© AP Photo / Juan Karita
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LA PAZ (Sputnik) — La expresidenta de facto boliviana Jeanine Áñez (2019-2020) negó competencia al tribunal que la juzga por el golpe de Estado de 2019 y rechazó ser interrogada, al comparecer físicamente por primera vez ante los jueces en la cárcel en la cual está detenida desde hace más de un año.
"Yo no reconozco a este tribunal, yo no reconozco a la acusación de los señores fiscales porque están actuando políticamente; yo, como exsenadora y como expresidenta, les guste o no, yo tendría que ser sometida a un juicio de responsabilidades", dijo Áñez en la primera audiencia presencial del proceso, transmitida por internet.
La exgobernante pareció a punto de desmayarse cuando concluyó su declaración, lo que motivó un receso tras el cual dos médicos certificaron que estaba en condiciones de ser interrogada, pero esto ya no fue posible porque Áñez se acogió a su derecho al silencio, para sorpresa y protestas del fiscal y los abogados acusadores.
La Fiscalía había pedido el día anterior para Áñez y los excomandantes militares y policiales también procesados la pena máxima de 14 años de prisión que corresponde a los delitos de violaciones constitucionales e incumplimiento de deberes por los que están sometidos a juicio penal ordinario.
¿Juicio político?
La fiscalía pidió que los dichos de Áñez no sean tomados en cuenta porque ella se negó a ser interrogada, rechazó la acusación de golpe y aseguró que su acceso al poder en 2019 fue consecuencia de una situación de caos y vacío de poder que atribuyó principalmente al entonces presidente Evo Morales y a quien era en ese momento titular del Senado, Adriana Salvatierra.
"Lo jurídico aquí no vale nada, éste es un juicio político y yo soy una presa política. (...) Fui una consecuencia de la convulsión", aseguró.
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Áñez admitió haber asumido la presidencia de facto sin respaldo de votación parlamentaria, tras la renuncia de Morales, atribuyendo esta situación a un supuesto "boicot" parlamentario del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido del exmandatario y de Salvatierra, que tenía entonces más de dos tercios de votos en las dos cámaras.
"No pueden decir que esto fue algo orquestado, yo fui producto de esa situación de convulsión, yo fui una consecuencia de esa convulsión social; asumí la Presidencia por responsabilidad (…), no lo hice sola, lo hice con todas las instituciones y las organizaciones sociales", justificó.
Agregó que cumplió sus objetivos de pacificar el país y convocar a elecciones, aunque sus detractores la acusan de al menos tres masacres de opositores y de haberse prorrogado un año en el poder forzando aplazamientos de elecciones generales, que finalmente se realizaron en octubre de 2020 con amplia victoria del MAS.
Siguiendo la línea dramática de sus casi diarios mensajes por Twitter, Áñez dijo que llevaba ya "390 días sometida a procesos totalmente injustos", tiempo en el cual la justicia rechazó todos los recursos planteados por su defensa, en unos casos pidiendo la anulación del juicio y en otros el cambio de cárcel por arresto domiciliario u hospitalización.
"Por eso, éste es un proceso eminentemente político donde yo estoy en absoluta indefensión (…). Ése que fue presidente dictador (Luis García Mesa, 1980-1981) tuvo un juicio de responsabilidades, le respetaron sus derechos, derechos que a mí no me han respetado desde el inicio de este calvario", añadió.
García Mesa fue condenado por delitos de lesa humanidad en ejercicio del poder, en tanto que Áñez está bajo juicio ordinario por delitos previos a su condición de presidenta, según argumenta la Fiscalía.
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El presidente del tribunal, Germán Ramos, admitió en el acto la decisión de Áñez de no contestar preguntas, aunque aceptó también que la Fiscalía y las otras partes acusadoras —Ministerio de Gobierno, Senado y Procuraduría— hagan constar que se reservaban el derecho a apelar esta decisión en el futuro.
Una segunda audiencia presencial estaba programada en otra cárcel de La Paz en la que están recluidos dos excomandantes militares acusados de reconocer a Áñez como Presidenta incluso antes de que ella se autoproclamara en ese cargo.
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