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Qué eran las ZEDE, el régimen que Xiomara Castro desterró de Honduras

© AP Photo / Arnulfo FrancoBandera de Honduras
Bandera de Honduras - Sputnik Mundo, 1920, 21.04.2022
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La presidente de Honduras, Xiomara Castro, cumplió una de sus promesas electorales al derogar las ZEDE, un régimen que permitía a empresas dictar sus propias normas dentro de territorios cedidos y que había sido impulsado por el expresidente Juan Orlando Hernández. Ahora, las empresas reclaman que se mantengan sus "derechos adquiridos".
A cuatro meses de su asunción, la presidente de Honduras, Xiomara Castro, consolidó uno de los objetivos que tenía en su Gobierno: eliminar las 'Zonas de Empleo y Desarrollo', conocidas en el país centroamericano por su sigla ZEDE.
"¡Gracias! Presidente Luis Redondo, Fernando García y diputadas (o); por derogar las criminales ZEDE y derrotar a quienes pretendían robarnos la soberanía. Esta promesa cumplida es un paso más hacia la Refundación", celebró Castro a través de Twitter.
El texto que propuso derogar todas las ZEDE era defendido por el partido oficialista LIBRE y su aliado Partido Salvador de Honduras (PSH). De todas maneras, en el seno del Congreso logró contar con el apoyo de los tradicionales Partido Nacional y Partido Liberal, por lo que acabó aprobado por unanimidad.
Isis Cuellar, vicepresidenta del Congreso e integrante de la Comisión Especial para la Derogación de las ZEDE, aseguró que se trató de un "día histórico" en el que "estamos siendo parte de devolverle al pueblo hondureño un derecho que se nos había coartado y robado por esta dictadura durante doce años".
Tomás Ramírez, congresista del PSH, aportó otro dato ilustrativo del impacto de la ley: "Hoy estamos rescatando los 112.492 kilómetros cuadrados de la Nación. Nos unimos para sacar este país de la narcodictadura que había gobernado y que había vendido la soberanía nacional".
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Estados dentro del Estado

Las ZEDE fueron creadas legalmente en 2013, aunque la idea de crear zonas exclusivas para el desarrollo de emprendimientos privados ya existía desde el Gobierno de facto que se instaló en el país en 2009 tras el Golpe de Estado contra Manuel Zelaya.
La ley que finalmente se aprobó en 2013 —durante el Gobierno de Porfirio Lobo (2010-2014)— establecía que se trata de divisiones del territorio que "están autorizadas a establecer su propia política y normativa" con el objetivo de "acelerar el cumplimiento de las metas del Plan de Nación y facilitar las condiciones que permitan al país la inserción en los mercados mundiales bajo reglas altamente competitivas y estables".
Si bien varios países latinoamericanos establecen zonas con facilidades tributarias para empresas, el régimen de las ZEDE extendía esto a un nivel mayor, permitiendo que cada zona tuviera "autonomía funcional y administrativa que incluye las funciones, facultades y obligaciones que la Constitución de la República y las leyes le confieren a los municipios".
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De hecho, se permitía a estas zonas contar con "tribunales autónomos e independientes con competencia exclusiva en las mismas" y con la posibilidad incluso de hacer regir "tradiciones jurídicas de otras partes del mundo". De la misma manera, podían establecer sus propios presupuestos y cobrar impuestos definidos por sus autoridades.

Las ZEDE que se resisten a morir

En 2020 se inauguró Próspera, una ZEDE ubicada en la isla hondureña de Roatán, que proponía "flexibilidad jurídica y reglamentaria" a empresas internacionales para instalarse en el lugar. El proyecto incluía una villa de 58 acres de extensión en la que se instalarían las viviendas de los trabajadores, centros educativos y de salud e instalaciones turísticas sobre el mar Caribe.
Ciudad Morazán, un complejo de 24 hectáreas ubicado próximo a la ciudad de Choloma, es otro de los proyectos que se lanzó en el marco del régimen ZEDE. El emprendimiento prometía capacidad para albergar viviendas para 10.000 personas y generar 3.000 empleos comerciales e industriales.
En ambos casos, las ZEDE continuaron ofreciendo sus servicios y anunciando inversiones a pesar de que el Gobierno hondureño confirmó su intención de derogar el régimen incluso desde antes de la asunción de Castro.
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Próspera, por ejemplo, no solo anunció una inversión de 60 millones de dólares un día antes de la derogación, sino que una vez se confirmó la caída de las ZEDE advirtió en un comunicado que con la derogación el Estado de Honduras "violaría claramente sus obligaciones bajo el derecho internacional y nacional, de conformidad con principios legales bien establecidos".
En ese sentido, el grupo empresarial consideró que la derogación "no afecta los derechos adquiridos constitucionalmente protegidos de los inversionistas de las ZEDE" y reclamó que el Estado hondureño debe "brindar un trato justo y equitativo" y "garantizar la plena protección y seguridad de los inversionistas e inversiones en las ZEDE".
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