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Amnistía Internacional declara que en 2024 deben regresar militares a cuarteles de México

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Amnistía Internacional (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 25.04.2022
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CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El retorno a los cuarteles de los militares desplegados en tareas de seguridad pública es uno de los principales desafíos en el último tramo del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar crisis de violencia criminal y violaciones a derechos humanos, advierte Amnistía Internacional.
"Es una gran preocupación que este Gobierno haya decidido continuar con la estrategia de militarización de la seguridad pública", dijo en entrevista a Sputnik, la directora ejecutiva en México de la organización con sede central en Londres, Edith Olivares Ferreto.

Los límites de la ley

Las reformas a la Constitución mexicana de 2019 promovidas en el arranque del sexenio de López Obrador le permitieron una autorización provisoria hasta 2024 para que más de 60.000 efectivos militares fueran la base para crear una nueva Guardia Nacional con unos 100.000 efectivos y reemplazar a la extinta Policía Federal.
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Como parte de la estrategia de seguridad pública, en el año 2021 el Gobierno desplegó en las calles a 99.946 efectivos militares, el mayor número desde que en 2006 inició la denominada "guerra contra el narcotráfico".
La principal responsable de Amnistía en el país latinoamericano indica que "se han delegado cada vez más funciones a los militares y a la Guardia Nacional, que es una corporación supuestamente civil, pero que está conformada en su mayoría por militares, y además está dirigida por una persona de origen militar", el general Luis Rodríguez Bucio.

Militares por todas partes

El año pasado se le asignaron a estas corporaciones castrenses muchas más tareas, detalla: "El control de aeropuertos, de aduanas, construcción de mega proyectos, dirección de obras públicas, incluso el proceso de vacunación".
Al principio de esta administración, la cantidad de militares desplegados en las calles era de unos 50.000.
Especialistas de Amnistía creen que en lo que queda de esta administración se cumplan dos elementos de desmilitarización de la seguridad pública.
"El primero, es que en lo que queda en este sexenio el Gobierno tenga y haga público el plan de retiro de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública en [septiembre] 2024, que fue el compromiso del Gobierno cuando se aprobó la ley de creación de la Guardia Nacional en 2019", prosigue la especialista.
Ese retiro a los cuarteles tendría que progresivo como prometió López Obrador. Sin embargo ese plan escalonado debería ser planearlo y público, y hasta la fecha no hay perspectivas de ese plan que también fue pedido este mes por el Comité para las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas tras una visita realizada en noviembre de 2021.
Al contrario, el año 2021 cerró con el anuncio presidencial de que presentará una iniciativa de ley para incorporar formalmente a la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas.

Debilidad policiaca

México ha transitado con ese enfoque militarizado más de 15 años y ese anuncio debe ir acompañado de otro plan de fortalecimiento de las policías en México, detalla Olivares Ferreto.
La entrevistada recuerda que la administración del entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) decidió que las Fuerzas Armadas se iban a comenzar a ocupar de tareas de seguridad pública, con el argumento de que la policías federal, agentes de seguridad de los estados y municipios no tenían condiciones para garantizar la seguridad en el país.
"No ha sido posible que los gobiernos decidan dejar de utilizar a las Fuerzas Armadas porque el argumento sigue siendo que las policías son débiles", advierte la defensora de víctimas de abusos de autoridades y violencia criminal.
El enfoque de las redes de organizaciones civiles es que para cambiar este diagnóstico se deben fortalecer a las policías locales.
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"Queremos saber cuál es la estrategia del Gobierno federal y las autoridades locales para superar este estado de supuesta excepcionalidad", que sacó a los militares a las calles a cuidar la seguridad ciudadana, agrega.
Recuerda además que en el colectivo ciudadano Seguridad Sin Guerra, que integran cientos de organizaciones también se planteaba la necesidad de una fiscalía autónoma sin vinculación con la presidencia, y se cuentan los días que faltan para el fin de la autorización legal al uso de militares.
El tema de la falta de independencia en la procuración de justicia y las deficiencias en la fiscalía general y procuradurías locales es adicional a la seguridad pública
"Desafortunadamente, desde hace décadas tenemos fiscalías que no son autónomas para garantizar independencia de las investigaciones", subraya.
Los actos de impunidad también se explican por "la suma de actos y omisiones que se cometen en las fiscalías infestadas de corrupción".
Finalmente señala que otra tarea pendiente es el acoso al ejercicio de la libertad de expresión
"México es un país de muy alto riesgo y el más letal para ejercer el periodismo y la defensa de los derechos humanos.
La organización internacional defensora de la libertad de expresión Artículo 19 registró siete asesinatos de periodistas en 2021 y, lamentablemente, en el primer trimestre de este año fueron asesinadas ocho personas periodistas.
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