El 'escándalo mediático' como 'requisito' para que México busque a sus desaparecidos
18:39 GMT 19.05.2022 (actualizado: 20:57 GMT 19.05.2022)
© Foto : Twitter / @JorgeVerastegui
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Lo que antes era una de las glorietas más icónicas de la Ciudad de México se ha convertido en el epicentro de la lucha de miles de personas que buscan a sus familiares ante una autoridad que se muestra poco eficaz ante el problema, hasta que éste se convierte en un escándalo mediático.
El 8 de mayo, un grupo de activistas tomó la Glorieta de la Palma, en el centro de la capital mexcicana para colocar fichas de búsquedas de miles de personas desaparecidas y bautizarla como la Glorieta de las y los Desaparecidos. La administración de Claudia Sheinbaum ha hecho pública su negativa al acto y defiende la siembra de un ahuehuete.
Nueve días después, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública acumuló más de 100.000 personas desaparecidas, de las cuales cerca 31.533 tan sólo en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, un político que llegó a la Presidencia con la promesa de atender esta herida abierta en la sociedad mexicana.
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Entre las acciones destacadas de la actual administración está la conformación del registro (criticado por especialistas por su poca certeza) y la creación de la Comisión de la Verdad, dependiente de la Secretaría de Gobernación, que investiga las desapariciones cometidas por el Estado mexicano durante la llamada Guerra Sucia.
Y, sin embargo, en las calles del centro del país, en los parajes desérticos del norte y en las montañas del sur, miles de madres y padres buscan a sus hijos y familiares, valiéndose de la protesta social y el bloqueo de vialidades para llamar la atención de las autoridades.
Ejemplos recientes se pueden rastrear en la prensa local y en la prensa nacional: la joven Carla Cassasola apareció poco después de que sus compañeros bloquearon una avenida en Coacalco, el pasado 9 de mayo, tras denunciar el secuestro de su compañera afuera de la universidad donde estudia. La joven apareció en cuestión de horas, una fortuna que no ocurrió con los casos de jóvenes como Luis Javier Alonso o Luis Ángel Muñoz, cuyos familiares han bloqueado diferentes autopistas del Estado de México esperando una reunión y respuestas de las autoridades.
Quizá las historias más conocidas son las recientes desapariciones y posteriores asesinatos de jóvenes de Nuevo León, siendo los casos más mediáticos el de María Fernanda, Yolanda Martínez y Debanhi Escobar, cuyos cuerpos fueron localizados hasta que sus casos se convirtieron en noticia nacional, días después de sus desapariciones.
"Lo que hemos observado en los últimos años es que mediatizar un caso ya parecería un requisito más en la burocracia de México […].Si no sales en redes, si no sales en medios de comunicación, parecería que no existes y que el Estado no tiene la responsabilidad de atender tu causa y tu expediente se queda en el olvido", relata en entrevista para Sputnik Jorge Verástegui, quien por 13 años ha buscado a su hermano y su sobrino, y hoy forma parte de los activistas que defiende la instalación de la Glorieta de las y los Desaparecidas.
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La mediatización como requisito
El 24 de enero 2009 comenzó la lucha de Jorge Verástegui cuando su hermano, Antonio Verástegui González, y su sobrino, Antonio de Jesús Verástegui, desaparecieron en Parral, Coahuila, cuando regresaban de un evento religioso.
En su larga experiencia de activismo para encontrar a sus seres queridos, la cual abarca tres administraciones federales distintas, Jorge ha comprobado que un caso es relevante para el Estado cuando le genera un costo político por su alcance en medios, y muestra de ello es que al generarse una polémica mediática las autoridades responden como si tuvieran una "incapacidad abrumadora", como si fuera la primera denuncia que atienden, lo que evidencia su falta de voluntad.
"El Estado tiene las capacidades para resolver esto; sin embargo, lo que se observa es que no quiere hacerlo. Recursos hay, cuando quieren resolver un caso, lo logran, y es extraño que en otros no. Eso es falta de voluntad", denuncia Verástegui.
Según datos del Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH), de las más de 100.000 desapariciones reportadas en México (97% registradas a partir del sexenio de Felipe Calderón) sólo se han obtenido 35 sentencias condenatorias.
Para Jorge, los únicos cambios que se notan entre las diferentes administraciones es en el ámbito discursivo, pues incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha podido cumplir su promesa de resolver casos icónicos como el de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ante la negativa del Ejército de liberar los archivos que tiene sobre el caso.
📌México ha rebasado las 100 mil personas oficialmente reconocidas como desaparecidas. El respaldo de la sociedad es fundamental para las familias que tienen a un ser querido desaparecido.
— ONU-DH México (@ONUDHmexico) May 17, 2022
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A esto se suma las señales que manda el Poder Ejecutivo al permitir la permanencia de figuras como Alejandro Gertz-Manero, fiscal general que ha sido acusado de fabricar delitos y que, para activistas como Verástegui, evidencia la falta de voluntad política del Estado, lo que los obliga a llevar su lucha a los medios, no siempre con la respuesta necesaria.
"Al final encuentras la responsabilidad de todos los partidos políticos. No me parece que sea un tema que logra ser abanderado por los diferentes partidos oposición porque al final se saben responsables de las desapariciones", considera Verástegui.
La Alta Comisionada de la ONU-DH, Michelle Bachelet, declaró el pasado 17 de mayo que la cifra de desaparecidos en México es resultado de un "prolongado patrón de impunidad", por lo que urgió a las autoridades a poner en el centro a las familias y dotar a las dependencias de los recursos necesarios para realizar su trabajo.
La indiferencia burocrática y social
Uno de los principales cambios que se necesitan realizar en las fiscalías, al menos para personas como Jorge Verástegui, es profesionalizar a su personal, pues "mientras el Ministerio Público no entienda que no es abogado, sino que tiene que ser investigador, ahí van a empezar a cambiar las cosas".
Sin embargo, el tema no queda ahí, al menos para el activista, pues también considera que la población mexicana vive en un "desconocimiento del tema" o "no han dimensionado" lo que implica que más de 100.000 personas estén desaparecidas.
"Cuando se logra mediatizar el caso, lograr la empatía social, se tiene una respuesta de la sociedad, pero México vive una solidaridad momentánea: una vez que el caso de ser mediático deja de estar presente el apoyo de la sociedad", lamenta Verástegui
Por ello, los activistas defenderán la instalación de la Glorieta de las y los Desaparecidos en una de las zonas más transitadas del centro de la capital del país, y se preparan para la llegada del ahuehuete al que, de antemano, ya han nombrado el Guardián de las y los Desaparecidos.
