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El presidente de Ecuador reprueba en materia de seguridad en primer año de gobierno

© AP Photo / Matias DelacroixEl presidente de Ecuador, Guillermo Lasso
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso - Sputnik Mundo, 1920, 20.05.2022
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QUITO (Sputnik) — La inseguridad sigue siendo un dolor de cabeza para el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quien tras un año en el cargo no ha logrado articular acciones para frenar las masacres en las cárceles ni disminuir la cada vez más creciente delincuencia y violencia en las calles de todo el país.
Según datos oficiales, este país cerró el año pasado con una tasa de 14,2 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que duplica la de 7,7 registrada en 2020.
Y solo entre enero y abril de este año se contabilizaron 1.255 muertes violentas, un incremento de casi 90% en relación con similar período del año pasado.
"Nosotros vivimos muy cerca de la Universidad en la que estudia mi hijo. Hasta 2020 él se iba caminando y a veces en el trayecto tomaba un bus de transporte público. Ahora va en taxi, y taxi conocido, no queremos que se arriesgue ni a ir en bus, peor a pie", dice Mariela Morales, madre de un estudiante de arquitectura de 22 años, en diálogo con la Agencia Sputnik.
El caso de Gabriel Jarrín es similar. Él acostumbraba movilizarse en bicicleta, pero ahora sus padres no se lo permiten pues temen que los delincuentes le quiten la vida para robársela.

"Ahora los delincuentes son capaces de matar por cinco dólares, no digamos por una bicicleta", comenta a Sputnik Juan Esteban Jarrín, su padre.

Las estadísticas oficiales parecen darle la razón.
En una reciente comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Nacional (parlamento), el ministro del Interior, Patricio Carrillo, dijo que la mayoría de personas que pierde la vida en manos de la delincuencia son jóvenes de entre 20 y 23 años.
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Tres polos de violencia

Las provincias costeras de Esmeraldas, Guayas y Manabí, ubicadas en el oeste del país, están entre las más violentas. En lo que va de 2022 concentra ya el 66% de muertes, incluidos sicariatos.
Desde el 29 de abril pasado, en dichas provincias rige un estado de excepción, que incluye la movilización de 4.000 policías y 5.000 militares, y un toque de queda nocturno focalizado en sectores conflictivos.
La medida, sin embargo, aparentemente, no ayuda del todo.
Entre la noche del 18 y la madrugada del 19 de mayo, dos carros bomba explotaron en la ciudad de Esmeraldas, capital de la provincia del mismo nombre, fronteriza con Colombia, y durante toda la madrugada se escucharon detonaciones de bala, en medio del toque de queda que rige.
Para detonar los vehículos se utilizó material explosivo de alto impacto y se colocó tanques de gas para que aumente la onda expansiva y la magnitud de la explosión.
"Este es un mensaje que los delincuentes están dando a la comunidad y a las autoridades. Ellos quieren demostrar su poder de destrucción", dijo a periodistas Javier Buitrón, comandante de la Policía de Esmeraldas.
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Previamente, el mismo 18 de mayo, un abogado penalista y exfiscal de la población esmeraldeña de San Lorenzo fue asesinado al estilo sicariato en la zona comercial y financiera de la capital provincial, a media cuadra de la Gobernación, de una Unidad Policial (UPC) y cerca de la Fiscalía de la provincia.
El sociólogo y catedrático de la Universidad de Guayaquil, Gaitán Villavicencio, dijo al diario local El Universo que el incremento de la delincuencia y violencia tiene entre sus explicaciones la coincidencia entre la recesión iniciada en 2015, con la caída de los precios del petróleo, y la pandemia del COVID-19, que se tradujo en la pérdida de miles de plazas de trabajo.
Según Villavicencio, el Gobierno tiene pendiente el diseño de políticas de reducción de brechas sociales que pueden ser tierra fértil para el crimen.

Crimen y narcotráfico

Los crímenes en la actualidad se realizan de formas nunca antes vistas en Ecuador.
"Esto no es delincuencia común, son bandas transnacionales que trafican drogas a través de Ecuador", dijo Lasso en un enlace radial el 25 de enero.
El 20 de febrero pasado a un joven de 21 años le detonaron un artefacto explosivo en la cabeza, en un barrio populoso de la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas.
En septiembre pasado, el exdirector Nacional de Inteligencia y consultor internacional en temas de seguridad Mario Pazmiño dijo a Sputnik que en Ecuador operan cárteles como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, a través de megapandillas locales, rivales entre sí, que compiten por proteger el control de las lucrativas rutas del contrabando de droga así como los centros de acopio y las plataformas internacionales de distribución.
La ubicación geográfica de Ecuador, entre los dos principales productores de cocaína, Perú y Colombia, y al frente de los lugares de consumo, Estados Unidos hacia el norte, y Brasil por la cuenca Amazónica, también refuerza en el apetito de los cárteles de droga por este país andino.
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En la provincia de Manabí, el 7 de mayo pasado, la Policía halló cuatro cuerpos calcinados junto a un cartel con la inscripción "Cartel Nueva Generación presente", lo cual puede reforzar el argumento sobre la disputa en las calles y en las cárceles de bandas internas ligadas a cárteles del narcotráfico mexicano.

El infierno en las cárceles

Imágenes de cuerpos mutilados, quemados, descabezados en las cárceles ecuatorianas dan la vuelta al mundo desde 2020.
Según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el año pasado terminó con el asesinato de 316 presos a manos de sus propios compañeros de celda, y cientos de heridos.
Solo en lo que va de 2022, motines en diversas cárceles dejan ya un saldo de casi 80 reos asesinados.
Si bien la violencia en las cárceles y en las calles no es un problema que se inició con el Gobierno de Lasso, este ha sido incapaz de controlarlo, lo que según expertos obedece a que no se ataca los problemas estructurales.
Entre esos problemas están el hacinamiento carcelario, la falta de guías penitenciarios, la precariedad de las prisiones, las normas excesivamente punitivas, entre otros.
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