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La educación universitaria está en peligro en Perú tras la polémica ley del Congreso

© Foto : congreso.gob.pePalacio Legislativo de Lima
Palacio Legislativo de Lima - Sputnik Mundo, 1920, 25.05.2022
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LIMA (Sputnik) — La educación universitaria en Perú viene atravesando un proceso positivo de reforma que, por una decisión del Congreso, podría estar en peligro, volviendo a tiempos caóticos que se creían superados.
El 4 de mayo, tanto la bancada del partido oficialista, Perú Libre (izquierda), como bancadas opositoras de derecha votaron en favor de variar la conformación del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu).
Creada por la Ley Universitaria que entró en vigencia en 2015, la Sunedu se instauró con el propósito de variar la forma en que se crean y se manejan las universidades en Perú.
Sucede que desde que se implantó el modelo liberal en el país, a inicios de la década del 90, empezaron a proliferar casas de estudios que, sin ninguna fiscalización, ofrecían servicios de pobre calidad, además de tener infraestructuras deficientes en un fenómeno que alguna vez se llamó la "mercantilización de la educación".
Ante el escenario caótico, con más de 150 universidades en el país, tanto públicas como privadas, algunas de las cuales funcionaban en domicilios familiares corrientes y con profesores sin ninguna preparación, se creó la Sunedu para que, a través de su Consejo Directivo, fiscalizara y exigiera a las universidades estándares mínimos de calidad para poder funcionar.

Universidad cerrada

El resultado de la labor de Sunedu se tradujo en decenas de universidades deficientes, especialmente privadas, cerradas al cancelárseles las licencias de funcionamiento.
Sin embargo, lo que se conoce como la reforma universitaria, con la Sunedu a la cabeza, ha sido puesta en serio peligro por el Legislativo que, se cree, busca que las universidades cerradas por la Sunedu vuelvan a operar, respondiendo a intereses económicos de privados y, si fuera así, en desmedro de los estudiantes, principales perjudicados por una educación de mala calidad.
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El Congreso lo que aprobó el 4 de mayo es la variación de cómo se conforma el Consejo Directivo de la Sunedu, órgano que aprueba o rechaza las licencias de funcionamiento.
Actualmente, el Consejo Directivo está conformado por siete miembros. Uno elegido por el Ministerio de Educación y el presidente, otro por nombrado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), y los cinco restantes por concurso público en el que a todos se les exige contar con doctorados en universidades de probado prestigio.
Sin embargo, la ley aprobada por el Congreso ha determinado una conformación del Consejo Directivo.

¿Retorno a lo de antes?

Así, se ha preservado al miembro del Concytec, pero se ha reemplazado al resto por dos representantes de las universidades públicas, un representante de las privadas, un representante del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú (CDCP), uno del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) y uno del Ministerio de Educación.
Considerando que como "representante" se entiende a una persona cualquiera que lleve la voz de sus representados —los dos representantes de las universidades públicas, el de la privada y el del CDCP (cuatro de siete)— se piensa que es muy probable que respondan a futuro a los intereses de aquellos empresarios que desean que sus universidades clausuradas sean reabiertas.
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De esta manera, todo podría volver al estado caótico previo a 2015, cuando se otorgaban licencias a casas de estudios de pobre calidad, en un claro retroceso en la reforma, si acaso la aniquilación de esta.
Ante las protestas de los jóvenes, sectores políticos, prensa y las universidades locales de prestigio, el presidente, Pedro Castillo, aseguró que no promulgará la ley, la observará y la devolverá al Congreso con cambios que aseguren la integridad y autonomía de la Sunedu.
Sin embargo, el plazo para observar la ley vence el 30 de mayo y hasta ahora el jefe de Estado no se pronuncia sobre el tema, haciendo temer que no vaya a objetar una norma que finalmente su propia bancada oficialista apoyó en mayoría.
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