En la 'ciudad blanca' de Bolivia, la justicia indígena "repara y equilibra"
En la 'ciudad blanca' de Bolivia, la justicia indígena "repara y equilibra"
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En la ciudad de Sucre funciona el Tribunal de Justicia Indígena, creado con la Constitución de 2009 para legalizar las formas de impartir justicia en... 28.05.2022, Sputnik Mundo
Ancestralmente, los pueblos indígenas que viven donde hoy es Bolivia tuvieron sus propios sistemas de justicia, destinados a restablecer la armonía en las comunidades luego de la comisión de un delito. Estas instituciones fueron desintegradas con la imposición de la colonia española, en el siglo XVI. Pero nunca dejaron de funcionar en territorios muy alejados, adonde los poderes del Estado no llegan.Esto comenzó a cambiar en 2009, con la aprobación de la Constitución vigente en Bolivia, elaborada por una Asamblea Constituyente con participación de representantes de pueblos indígenas, los cuales no dejaron pasar la oportunidad para constitucionalizar sus métodos originarios para obtener justicia.Así quedó expresado en el artículo 191: "Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios". Allí se establece que "la jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida y los derechos establecidos en la presente Constitución".Tata Samuel Flores, de la nación Qhara Qhara, es secretario permanente del Tribunal de Justicia Indígena, que funciona en la ciudad de Sucre.Y comentó que, según la ley, la justicia indígena y la justicia ordinaria están en el mismo nivel.Para que la nueva institución indígena funcione efectivamente fue necesaria la aprobación de más leyes, que detallaron cómo se administrará justicia en las comunidades."La jurisdicción indígena originaria campesina ha avanzado en Bolivia según sus propios sistemas. Es decir, sus normas y procedimientos propios, de acuerdo a la libre autodeterminación", explicó Flores.Sucre, la ciudad blancaLa república nació en 1825 con su capital en Sucre, departamento de Chuquisaca (sur). Este ya había sido el centro del Virreinato del Río de La Plata (creado en 1776), que abarcaba lo que hoy es Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y parte de Brasil.Pero el rol de preponderancia de Sucre cambió luego de la Guerra Civil (1898-1899) que enfrentó a esta ciudad con La Paz.Como resolución del conflicto, los poderes Ejecutivo y Legislativo se mudaron a La Paz. Para Sucre solamente quedó el Poder Judicial.Por ello esta ciudad hasta hoy está repleta de abogados —en todas las familias hay al menos uno— y por consiguiente jueces. Alberga cierto orgullo por su pasado mezclado con la realiza, cuando príncipes y condes paseaban por las calles de la llamada "ciudad blanca". Por ello, en tono de sorna, algunos de sus compatriotas dicen que los sucrenses tienen sangre azul.A partir de 2009, los tribunales de Sucre dejaron de estar solamente compuestos por hombres de traje. Mujeres de pollera e indígenas de poncho empezaron a aparecer en los estrados, administrando justicia.Tribunal de Justicia IndígenaTata Samuel dio la entrevista a Sputnik en el Archivo General de la Nación, adonde concurrió para revisar documentos históricos que ayuden a sustentar las decisiones de las y los jueces.Comentó que la nación Qhara Qhara es parte del Tribunal de Justicia Indígena desde 2015. "Hemos sacado sentencias y resoluciones en el marco de la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos para velar por los derechos fundamentales de nuestros pueblos, que están siendo vulnerados en Bolivia por la contaminación ambiental,el extractivismo, la afectación a tierras ancestrales", enumeró.Y destacó que el Tribunal Constitucional Plurinacional, "la máxima instancia para proteger los derechos de todos los bolivianos, ha declarado procedentes nuestras sentencias. En ese marco hemos avanzado".Para Flores, de esta manera se está avanzando en la materialización del Estado Plurinacional, más allá de discursos y letra muerta.Transformación de la justiciaEn estos días, diversas autoridades políticas, de uno y otro bando, coinciden en la necesidad de transformar la justicia boliviana, ante las evidencias de sus falencias en varios casos los últimos meses. Flores consideró que, para ello, será necesario reformar la Constitución."Hay jueces ordinarios que se venden, son corruptos, como también ocurre en los órganos Legislativo y Ejecutivo", mencionó la autoridad indígena.Según Flores, es una oportunidad para que la Justicia Indígena tome la relevancia que establece la ley: "El Tribunal Constitucional Plurinacional debe tener una composición plural. En esta instancia no debe haber solamente abogados, también indígenas con preparación académica, competentes, para que velen por nuestros derechos".Ningún regaloQue se revaloricen los sistemas de justicia anteriores al establecimiento de la colonia "no es un regalo de ningún Gobierno, sino una lucha jurídica consecuente para que se cumplan nuestros derechos fundamentales", dijo el secretario.Tata Samuel consideró que el respecto a los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas y otros países de la región no será del todo posible mientras no sean validados por organismos internacionales.Para él, "es la única forma en que vamos a materializar no solamente la justicia indígena, sino también que estas instancias sean plurales, para que a nombre de los indígenas no hablen representantes de los Estados, sino los mismos representantes legítimos que ejercen sus sistemas jurídicos, políticos y económicos".El linchamiento no es justiciaAlgunos sectores políticos que se oponen al desarrollo constitucional de la Justicia Indígena aprovechan su llegada a medios de comunicación para difundir medias verdades, o prácticamente mentiras.Periódicamente en zonas rurales y semiurbanas algunos ladrones son linchados por la población cuando se los encuentra en la comisión de un delito. En varios casos, estos hechos son difundidos como casos de "justicia comunitaria", que poco se relacionan con los valores de los pueblos indígenas."A título de 'justicia indígena' no se puede quitar la vida, que es un derecho humano universal. En algunas ciudades han cometido linchamientos a nombre de justicia comunitaria, pero esa no es nuestra jurisdicción y no representa lo que estamos desarrollando", aseguró Flores.
En la ciudad de Sucre funciona el Tribunal de Justicia Indígena, creado con la Constitución de 2009 para legalizar las formas de impartir justicia en comunidades y territorios originarios. Tata Samuel Flores, secretario de esta instancia, contó a Sputnik los avances.
Ancestralmente, los pueblos indígenas que viven donde hoy es Bolivia tuvieron sus propios sistemas de justicia, destinados a restablecer la armonía en las comunidades luego de la comisión de un delito. Estas instituciones fueron desintegradas con la imposición de la colonia española, en el siglo XVI. Pero nunca dejaron de funcionar en territorios muy alejados, adonde los poderes del Estado no llegan.
Esto comenzó a cambiar en 2009, con la aprobación de la Constitución vigente en Bolivia, elaborada por una Asamblea Constituyente con participación de representantes de pueblos indígenas, los cuales no dejaron pasar la oportunidad para constitucionalizar sus métodos originarios para obtener justicia.
Así quedó expresado en el artículo 191: "Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios". Allí se establece que "la jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida y los derechos establecidos en la presente Constitución".
Tata Samuel Flores, de la nación Qhara Qhara, es secretario permanente del Tribunal de Justicia Indígena, que funciona en la ciudad de Sucre.
"La Constitución de 2009 garantiza los sistemas jurídicos de las naciones y pueblos indígenas preexistentes, donde ejercemos el pluralismo jurídico, ejercemos nuestra justicia propia", dijo a Sputnik la autoridad originaria.
Y comentó que, según la ley, la justicia indígena y la justicia ordinaria están en el mismo nivel.
Para que la nueva institución indígena funcione efectivamente fue necesaria la aprobación de más leyes, que detallaron cómo se administrará justicia en las comunidades.
"La jurisdicción indígena originaria campesina ha avanzado en Bolivia según sus propios sistemas. Es decir, sus normas y procedimientos propios, de acuerdo a la libre autodeterminación", explicó Flores.
Sucre, la ciudad blanca
La república nació en 1825 con su capital en Sucre, departamento de Chuquisaca (sur). Este ya había sido el centro del Virreinato del Río de La Plata (creado en 1776), que abarcaba lo que hoy es Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y parte de Brasil.
Pero el rol de preponderancia de Sucre cambió luego de la Guerra Civil (1898-1899) que enfrentó a esta ciudad con La Paz.
Como resolución del conflicto, los poderes Ejecutivo y Legislativo se mudaron a La Paz. Para Sucre solamente quedó el Poder Judicial.
Por ello esta ciudad hasta hoy está repleta de abogados —en todas las familias hay al menos uno— y por consiguiente jueces. Alberga cierto orgullo por su pasado mezclado con la realiza, cuando príncipes y condes paseaban por las calles de la llamada "ciudad blanca". Por ello, en tono de sorna, algunos de sus compatriotas dicen que los sucrenses tienen sangre azul.
A partir de 2009, los tribunales de Sucre dejaron de estar solamente compuestos por hombres de traje. Mujeres de pollera e indígenas de poncho empezaron a aparecer en los estrados, administrando justicia.
Tribunal de Justicia Indígena
Tata Samuel dio la entrevista a Sputnik en el Archivo General de la Nación, adonde concurrió para revisar documentos históricos que ayuden a sustentar las decisiones de las y los jueces.
Comentó que la nación Qhara Qhara es parte del Tribunal de Justicia Indígena desde 2015. "Hemos sacado sentencias y resoluciones en el marco de la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos para velar por los derechos fundamentales de nuestros pueblos, que están siendo vulnerados en Bolivia por la contaminación ambiental,el extractivismo, la afectación a tierras ancestrales", enumeró.
Y destacó que el Tribunal Constitucional Plurinacional, "la máxima instancia para proteger los derechos de todos los bolivianos, ha declarado procedentes nuestras sentencias. En ese marco hemos avanzado".
Para Flores, de esta manera se está avanzando en la materialización del Estado Plurinacional, más allá de discursos y letra muerta.
"Hay jueces ordinarios que se venden, son corruptos, como también ocurre en los órganos Legislativo y Ejecutivo", mencionó la autoridad indígena.
Según Flores, es una oportunidad para que la Justicia Indígena tome la relevancia que establece la ley: "El Tribunal Constitucional Plurinacional debe tener una composición plural. En esta instancia no debe haber solamente abogados, también indígenas con preparación académica, competentes, para que velen por nuestros derechos".
Ningún regalo
Que se revaloricen los sistemas de justicia anteriores al establecimiento de la colonia "no es un regalo de ningún Gobierno, sino una lucha jurídica consecuente para que se cumplan nuestros derechos fundamentales", dijo el secretario.
Tata Samuel consideró que el respecto a los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas y otros países de la región no será del todo posible mientras no sean validados por organismos internacionales.
"Naciones Unidas debería tener una composición plural, con representación directa de las naciones preexistentes, porque allí solamente están representados políticos de Estados, pero no las naciones autónomas", afirmó.
Para él, "es la única forma en que vamos a materializar no solamente la justicia indígena, sino también que estas instancias sean plurales, para que a nombre de los indígenas no hablen representantes de los Estados, sino los mismos representantes legítimos que ejercen sus sistemas jurídicos, políticos y económicos".
El linchamiento no es justicia
Algunos sectores políticos que se oponen al desarrollo constitucional de la Justicia Indígena aprovechan su llegada a medios de comunicación para difundir medias verdades, o prácticamente mentiras.
Periódicamente en zonas rurales y semiurbanas algunos ladrones son linchados por la población cuando se los encuentra en la comisión de un delito. En varios casos, estos hechos son difundidos como casos de "justicia comunitaria", que poco se relacionan con los valores de los pueblos indígenas.
"A título de 'justicia indígena' no se puede quitar la vida, que es un derecho humano universal. En algunas ciudades han cometido linchamientos a nombre de justicia comunitaria, pero esa no es nuestra jurisdicción y no representa lo que estamos desarrollando", aseguró Flores.
"Los políticos que quieren hacer quedar mal a la jurisdicción indígena tienen que saber que los pueblos indígenas ejercen sus sistemas jurídicos como parte del Estado Plurinacional", indicó.
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