Nuevo Código Penal, otra posible crisis en el maltratado país de Haití
Nuevo Código Penal, otra posible crisis en el maltratado país de Haití
Sputnik Mundo
PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — El Colegio de Abogados de Puerto Príncipe pidió detener la aplicación del polémico Código Penal, aprobado por decreto en junio de... 09.06.2022, Sputnik Mundo
En el encuentro, los letrados concluyeron que ciertas normas incluidas en el documento "son lesivas del orden constitucional, en particular el otorgamiento de una potestad reglamentaria autónoma al Ejecutivo en materia penal". Estas disposiciones destruyen la jerarquía de las normas, pervierten la separación de poderes y trastocan los cimientos del Estado de derecho, aseguraron.También argumentaron que hasta la fecha no se posibilitó el establecimiento de nuevas instituciones penitenciarias, ni se capacitó a los actores judiciales y, por tanto, no se aprovechó el plazo para su entrada en vigor.La postura del Colegio de Abogados es solo la más reciente crítica al documento que no recibió la votación del Parlamento como estaba previsto cuando se decretó.CríticasEn 2020, en medio de agudas críticas por su gestión, masivas protestas antigubernamentales y llamados a renuncia, el presidente Jovenel Moise -posteriormente asesinado- aprobó por decreto un nuevo Código Penal para sustituir al vigente que data de 1835, tres décadas después de la independencia del país caribeño."Moise estaba totalmente desacreditado cuando tomó la decisión de aprobar por decreto el Código. Por casi dos años, cientos de miles de personas se manifestaron en las calles contra su gestión, ya era pública su implicación con el desfalco del programa Petrocaribe y su anuencia con las pandillas", dijo a la Agencia Sputnik el presidente de la Oficina Internacional de Abogados (instancia que defiende los derechos humanos), Mario Joseph.En este contexto, el gobernante sacó a la luz el documento redactado en el transcurso de las últimas dos décadas y que con más de 1.000 artículos intenta modernizar la justicia haitiana.Las principales críticas vinieron de algunas iglesias cristianas, que cuestionaron que se penalice la discriminación por orientación sexual, e iniciaron una masiva campaña para frenar la aprobación de la ley. Cientos de miles de ciudadanos se manifestaron en Puerto Príncipe y otras ciudades, al considerar "inmorales" las nuevas disposiciones por considerar que atentaban contra las familias."Si un pastor no quiere casarse con dos hombres o dos mujeres, será arrestado y estará en riesgo de prisión por uno o tres años", fue una de las polémicas afirmaciones del pastor evangélico Wismond Jeune durante una protesta en julio de 2020, acompañado por miles de fieles.Aunque, expertos señalan que legislación no contempla el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que impone penas a la discriminación basada en la orientación sexual.Además, otros artículos dedicados a la despenalización parcial del aborto y a la supuesta disminución de la edad de madurez sexual también levantaron recelos.A nivel político, la supuesta posibilidad de amnistía dada al jefe de Estado de turno y la exculpación de los responsables del despilfarro de fondos públicos fueron ampliamente criticadas, especialmente en la voz del expresidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), Youri Latortue.De acuerdo con el exlegislador, la nueva ley solo exime del derecho a la amnistía los casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad o de guerra, dejando libre el camino al mandatario para perdonar por asuntos políticos y delitos financieros, lo cual, según el comité que redactó el texto, es una interpretación "errónea" de las disposiciones de amnistía y perdón porque el instrumento reproduce "casi palabra por palabra" las disposiciones vigentes de la ley de 1860, enmendada en 1906 y 1994.El nuevo Código permite la determinación de multas y sanciones por ley o decretos presidenciales, ofrece una base legal a los principios que rigen el derecho penal haitiano y establece que este es aplicable a cualquier persona en el territorio nacional que haya cometido un delito de genocidio o de lesa humanidad, independientemente del lugar de los hechos.Igualmente, introduce castigos penales para comportamientos asociados a las nuevas tecnologías, delitos de cuello blanco y tráfico ilegal de drogas, y contempla leyes relacionadas con la discriminación, violencia contra la mujer, corrupción y financiación del terrorismo, así como la despenalización de la vagancia y la mendicidad, lo cual fue celebrado por la Asociación Nacional de Magistrados.Sin embargo, esta misma instancia pidió a finales de abril aplazar su implementación por al menos dos años, o desestimarlo hasta que los expertos puedan analizar sus consecuencias legales.También el Senado se pronunció contra su aplicación hasta alcanzar las condiciones idóneas que permitan a la población "absorber" el documento."El contexto actual de Haití, sin un Gobierno legítimo, sin Parlamento para analizar la ley y con una marcada crisis política, de inseguridad, económica y otras no es propicio para la puesta en vigor del código penal", coincidió Joseph.A inicios de este mes, el Gobierno formó una comisión para estudiar la ley, integrada por nueve personas, entre ellos el ex primer ministro Enex Jean-Charles y el jurista Gelin Collot, pero aún no se pronunció de sus conclusiones.Está previsto que entre en vigor el 24 de junio, pero desde ya diversos gremios organizan protestas para impedirlo.
PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — El Colegio de Abogados de Puerto Príncipe pidió detener la aplicación del polémico Código Penal, aprobado por decreto en junio de 2020 por el entonces presidente Jovenel Moise (2017-2021) y cuya entrada en vigor está prevista para finales de este mes.
"El Colegio de Abogados pide oficialmente al Estado que detenga la entrada en vigor del Código, porque no es el momento adecuado. Hay problemas de fondo y de forma, pero también a nivel de los mecanismos que hay que poner en marcha para su aplicación", dijo su secretario general, Robinson Pierre-Louis, al término de una reunión de la organización.
En el encuentro, los letrados concluyeron que ciertas normas incluidas en el documento "son lesivas del orden constitucional, en particular el otorgamiento de una potestad reglamentaria autónoma al Ejecutivo en materia penal". Estas disposiciones destruyen la jerarquía de las normas, pervierten la separación de poderes y trastocan los cimientos del Estado de derecho, aseguraron.
También argumentaron que hasta la fecha no se posibilitó el establecimiento de nuevas instituciones penitenciarias, ni se capacitó a los actores judiciales y, por tanto, no se aprovechó el plazo para su entrada en vigor.
La postura del Colegio de Abogados es solo la más reciente crítica al documento que no recibió la votación del Parlamento como estaba previsto cuando se decretó.
En 2020, en medio de agudas críticas por su gestión, masivas protestas antigubernamentales y llamados a renuncia, el presidente Jovenel Moise -posteriormente asesinado- aprobó por decreto un nuevo Código Penal para sustituir al vigente que data de 1835, tres décadas después de la independencia del país caribeño.
"Moise estaba totalmente desacreditado cuando tomó la decisión de aprobar por decreto el Código. Por casi dos años, cientos de miles de personas se manifestaron en las calles contra su gestión, ya era pública su implicación con el desfalco del programa Petrocaribe y su anuencia con las pandillas", dijo a la Agencia Sputnik el presidente de la Oficina Internacional de Abogados (instancia que defiende los derechos humanos), Mario Joseph.
En este contexto, el gobernante sacó a la luz el documento redactado en el transcurso de las últimas dos décadas y que con más de 1.000 artículos intenta modernizar la justicia haitiana.
Las principales críticas vinieron de algunas iglesias cristianas, que cuestionaron que se penalice la discriminación por orientación sexual, e iniciaron una masiva campaña para frenar la aprobación de la ley. Cientos de miles de ciudadanos se manifestaron en Puerto Príncipe y otras ciudades, al considerar "inmorales" las nuevas disposiciones por considerar que atentaban contra las familias.
"Si un pastor no quiere casarse con dos hombres o dos mujeres, será arrestado y estará en riesgo de prisión por uno o tres años", fue una de las polémicas afirmaciones del pastor evangélico Wismond Jeune durante una protesta en julio de 2020, acompañado por miles de fieles.
Aunque, expertos señalan que legislación no contempla el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que impone penas a la discriminación basada en la orientación sexual.
Además, otros artículos dedicados a la despenalización parcial del aborto y a la supuesta disminución de la edad de madurez sexual también levantaron recelos.
A nivel político, la supuesta posibilidad de amnistía dada al jefe de Estado de turno y la exculpación de los responsables del despilfarro de fondos públicos fueron ampliamente criticadas, especialmente en la voz del expresidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), Youri Latortue.
De acuerdo con el exlegislador, la nueva ley solo exime del derecho a la amnistía los casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad o de guerra, dejando libre el camino al mandatario para perdonar por asuntos políticos y delitos financieros, lo cual, según el comité que redactó el texto, es una interpretación "errónea" de las disposiciones de amnistía y perdón porque el instrumento reproduce "casi palabra por palabra" las disposiciones vigentes de la ley de 1860, enmendada en 1906 y 1994.
El nuevo Código permite la determinación de multas y sanciones por ley o decretos presidenciales, ofrece una base legal a los principios que rigen el derecho penal haitiano y establece que este es aplicable a cualquier persona en el territorio nacional que haya cometido un delito de genocidio o de lesa humanidad, independientemente del lugar de los hechos.
Igualmente, introduce castigos penales para comportamientos asociados a las nuevas tecnologías, delitos de cuello blanco y tráfico ilegal de drogas, y contempla leyes relacionadas con la discriminación, violencia contra la mujer, corrupción y financiación del terrorismo, así como la despenalización de la vagancia y la mendicidad, lo cual fue celebrado por la Asociación Nacional de Magistrados.
Sin embargo, esta misma instancia pidió a finales de abril aplazar su implementación por al menos dos años, o desestimarlo hasta que los expertos puedan analizar sus consecuencias legales.
También el Senado se pronunció contra su aplicación hasta alcanzar las condiciones idóneas que permitan a la población "absorber" el documento.
"El contexto actual de Haití, sin un Gobierno legítimo, sin Parlamento para analizar la ley y con una marcada crisis política, de inseguridad, económica y otras no es propicio para la puesta en vigor del código penal", coincidió Joseph.
A inicios de este mes, el Gobierno formó una comisión para estudiar la ley, integrada por nueve personas, entre ellos el ex primer ministro Enex Jean-Charles y el jurista Gelin Collot, pero aún no se pronunció de sus conclusiones.
Está previsto que entre en vigor el 24 de junio, pero desde ya diversos gremios organizan protestas para impedirlo.
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