El Congreso de Perú aprueba denuncias contra la vicepresidenta por infracción a la Constitución
© AP Photo / Markus Schreiber
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LIMA (Sputnik) — El Congreso de Perú aprobó dos informes que plantean denunciar a la vicepresidenta, Dina Boluarte, por faltas a la Constitución.
"Por mayoría, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe de calificación, que declara procedente las denuncias constitucionales 268 y 269, contra la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte", indicó el parlamento a través de su cuenta en Twitter.
#TuCongresoInforma l Por mayoría, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe de calificación, que declara procedente las denuncias constitucionales 268 y 269, contra la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte. pic.twitter.com/aO4tMBpSIw
— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) June 14, 2022
El 23 de mayo, la Contraloría General señaló que la vicepresidenta, quien también ejerce como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, habría faltado al artículo 126 de la carta magna.
Dicho artículo indica que "los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas"
La Contraloría General ha sostenido que Boluarte, estando en la vicepresidencia, firmó documentos como titular del Club Departamental Apurímac, una institución privada sin fines de lucro, lo que constituye una violación a la carta magna.
Luego que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedentes los informes de las denuncias constitucionales, se procederá a nombrar un ponente para la parte demandante.
Asimismo, se celebrará una audiencia en la Subcomisión para que la parte demandante y Boluarte expongan sus descargos.
Luego, el resultado se elevaría a la Mesa Directiva compuesta por el presidente y los tres vicepresidentes del Congreso, y posteriormente al pleno para su debate y votación.
De aprobarse la denuncia contra la vicepresidenta en el pleno, esta podría ser prohibida de ejercer la función pública, lo que equivaldría a su destitución como ministra y vicepresidenta.
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